PENSIONES: 5 OBJETIVOS, 9 MEDIDAS, 3 PROBLEMAS, 6 DECISIONES, 1 CONTRADICCIÓN DE BASE Y UNA TRIPLE DISYUNTIVA

Como mínimo, podemos identificar 5 objetivos perseguidos en la reforma de sistema de pensiones:

1. Suficiencia (prestaciones lo más elevadas posibles)
2. Solidaridad-progresividad (un mínimo para todas las prestaciones, incluso las más bajas o las no contributivas)
3. Solidaridad intergeneracional (reparto de cargas y ajustes entre diferentes generaciones de ciudadanos)
4. Sostenibilidad del sistema (que se puedan pagar con los cotizaciones/impuestos recaudados y que mantenga las promesas hechas a los actuales trabajadores sobre su futuro)
5. Contributividad (premiar al que más ha aportado durante su carrera)

Incluso en las recomendaciones del Pacto de Toledo se encuentran esos objetivos y nuestros políticos aseguran que conseguirán llegar a todo, es decir, que las pensiones serán más solidarias y también más contributivas (algo metafísicamente imposible), se garantiza la suficiencia, pero también la sostenibilidad. Y, por supuesto, la solidaridad entre jóvenes-trabajadores y ancianos-jubilados.

Este Gobierno ha mandado, en los últimos días, a la UE la “ficha” ¿definitiva? con las 9 medidas para la reforma de las pensiones:

1. Separación de fuentes de financiación para que la Seguridad Social deje de pagar los que se han dado en denominar como «gastos impropios»
2. Mantener el poder adquisitivo de las actuales pensiones: consolidando el IPC para todos los años o, lo más probable, con un nuevo indicador que incluya mínimos ajustes (por ejemplo, años de inflación negativa, como admitía el propio ministro en una entrevista)
3. Subir la edad de jubilación real, pero manteniendo la legal
4. Incrementar la contributividad: aquí estaba la famosa ficha fantasma con los 35 años para el cómputo de la base. Los 35 años, por ahora, parece que se han caído del documento enviado a Bruselas, pero que no nos engañen, cuando se dice «más contributividad» la dirección es ésa.
5. Impulso a sistemas complementarios: súper fondo público (planes de pensiones de empresa).
6. Nuevo factor de «equidad intergeneracional»: o lo que es lo mismo, un nuevo factor de sostenibilidad como el de la reforma de 2013 con otro nombre más atractivo y un envoltorio que lo haga más vendible
7. Elevar los ingresos del sistema de autónomos obligándoles a cotizar por sus ingresos reales
8. Cambios en el complemento de maternidad.
9. Destope de las cotizaciones máximas (sin un aumento equivalente en las pensiones máximas, por supuesto)

Se mezclan propuestas de recorte de gasto (3, 4, 6) pero también otras que lo incrementan bastante (la 2 y la 8). Y unas cuantas que implican subir los impuestos o los costes que soportan los actuales trabajadores, aunque sin decirlo claramente (1, 5, 7, 9).

No obstante lo expuesto, existen en este escenario 3 problemas en la futura gestión del ministro Escrivá.

1. La cifra de 45.007 millones de euros equivale al 3,7% del PIB, y es récord para un año que se estima normalizado y de recuperación de los indicadores económicos.
2. El endeudamiento creciente de la Seguridad Social. Las recomendaciones del Pacto de Toledo aspiran a que estos préstamos resulten reemplazados por aportaciones definitivas del Estado.
3. Quizás la más importante, que el presupuesto del año 2021 nos muestra que los Ingresos por cotizaciones sociales son inferiores en 10.837 millones de euros al gasto en pensiones contributivas. (Ingresos de 125.144 millones de euros y gastos en pensiones contributivas por 135.981 millones de euros, sin incluir los complementos al mínimo).

Este es un problema de fondo que, de subsistir o agudizarse, no permitirá suprimir el Déficit de la Seguridad Social como se comprometió el ministro, aunque se complete el proceso de solventar todos los gastos impropios en el año 2023 con cargo a los Presupuestos Generales.

Ante esta situación, se infiere que el ministro Escrivá, después de un año de gestión, no ha avanzado en la solución del déficit, vuelve a la casilla de saliday, desde esa casilla, se plantean estas 6 decisiones:

1. Incrementar de 25 a 35 años el período a considerar para el cálculo de las pensiones, lo que afectaría negativamente la remuneración de los futuros pensionistas.
2. Modificar el índice elegido para el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, que el propio ministro presentó para su aprobación en el parlamento en enero del 2020, introduciendo otros parámetros que disminuyan el impacto económico del IPC real.
3. Extender la jubilación más allá de los 67 años.
4. Considerar que no es el momento adecuado para incrementar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), lo que impide el aumento de las bases mínimas de cotización y perjudica la recaudación por cotizaciones.
5. Los nuevos impuestos finalistas a favor de la Seguridad Social no están sobre la mesa, ni para el ministro Escrivá ni para la ministra Calviño.
6. Tampoco será el momento propicio para contemplar las aspiraciones de los pensionistas en materia de pensiones dignas, porque la disposición 15 del Pacto de Toledo, en materia de pensiones mínimas suficientes, contiene la limitación de que deben ser financiadas con ingresos provenientes de la imposición general, como expresión de solidaridad social.

Además existe una contradicción evidente en las consideraciones del Pacto de Toledo entre sustentar el sistema público de reparto, rechazar los sistemas de capitalización y sugerir, al mismo tiempo, como así se manifiesta en la recomendación 16, la implementación de Planes de Empresa impulsados desde lo públicopero administrados de forma privada. Hay quien opina que es una forma encubierta de privatización del sistema, con importantes ayudas fiscales en lugar de dedicar los esfuerzos a salvaguardar el actual sistema público de reparto, pero que es bien recibida por los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT que asumirán un protagonismo directo en su gestión.

Hablar de las pensiones máximas nos lleva a analizar también las pensiones mínimas, y lo realmente preocupante es que 2.300.000 pensiones contributivas alcanzan los valores de una pensión mínima gracias al reconocimiento revisable de los complementos al mínimo.La cifra final de las pensiones mínimas sin cónyuge a cargo es de 689,65 euros, un 38% inferior al SMI de 950 euros y muy alejadas de los 1.080 euros reclamados por las organizaciones de pensionistas.

Pero la cuestión no es sólo presupuestaria, es fundamentalmente política; es decir, recortar, pero sobre todo “vender” el recorte y el Ministro se encuentra en una disyuntiva triple:

1. Debe contentar a la UE, que quiere reformas de verdad. Los gobiernos holandés o alemán necesitan titulares con los que contentar a su electorado para convencerles que no es cierto que ellos vuelven a pagar y los países del sur a recibir. Y ninguna otra medida es más impactante que una reforma de las pensiones.
2. Debe cuadrar las cuentas. Reformar las pensiones es una necesidad imperiosa, incluso a corto plazo, porque no va de las “cuentas de la Seguridad Social”, va del del Reino de España y de su capacidad de financiar su déficit anual y de refinanciar su deuda
3. Debe ganar “el relato”. Dentro del Gobierno y fuera del Gobierno. Pocos temas son más sensibles a la demagogia que las pensiones. Además en este caso Escrivá tiene el enemigo en casa pues los morados saben que sus actuales socios de Gobierno son también sus rivales electorales y los pensionistas son 9 millones de electores.

Pero el ministro tiene un factor “político” ineludible: la contestación a las reformas no depende tanto de las medidas aprobadas como de lo que el público perciba. Y lo que el público perciba dependerá fundamentalmente de la oposición, de la que tiene dentro del Gobierno haciendo labor de desgaste.

Mucha tensión. Muchos problemas. Muchos enemigos. Y pocas soluciones sencillas.

Fuente: Libre Mercado