“PELEA DE GALLOS” ENTRE TRABAJO Y ECONOMÍA A RAÍZ DE LA REFORMA DE LOS SUBSIDIOS DE DESEMPLEO

Economía avisa de que la reforma del desempleo se hace entre todos los Ministerios y Trabajo le replica que acosa a los parados

 

Yolanda Díaz y Nadia Calviño protagonizan su primer choque de la legislatura, apenas unos días después del estreno del nuevo gobierno. La ministra de Trabajo ha expresado su disgusto con la ministra de Economía (Calviño) a propósito de la reforma del subsidio por desempleo, y le ha recordado que es «una competencia del Ministerio de Trabajo y Economía Social» y, por tanto, del ministerio de Trabajo que ella dirige.

El Ministerio de Trabajo (Yolanda Díaz) aboga por incrementar el subsidio por desempleo hasta los 660 euros (el 110% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples -IMPREM-) en los primeros seis meses, después elevarlo a los 540 (el 90% del IPREM) otros seis y después fijarlo en 480 hasta agotar los 30 meses que actualmente se perciben Asegura tener atada con Bruselas la reforma de los subsidios por desempleo comprometida en el hito 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y vinculada al cuarto pago de los fondos europeos que España tiene que solicitar en las próximas semanas.

 

El gabinete de Díaz carga por tanto contra el Ministerio de Economía, que según ha defendido el secretario de Estado, Gonzalo García Andrés, apuesta por concentrar la cuantía actual del subsidio en solo 12 meses pues desde el entorno de Nadia Calviño se vende el relato que sostiene que las personas que se encuentran en esta situación no hacen esfuerzos por encontrar un puesto de trabajo. Con este cambio la media percibida al año por cada desempleado descendería hasta los 442,5 euros, dado que cobraría el 100% del IPREM durante los primeros tres meses (600 euros), un 80% por los tres siguientes (480 euros), un 65% en el tercer trimestre (390 euros) y un cuarto trimestre en el que descendería hasta el 40% del IPREM, es decir, solo 200 euros.

 

Será compatible con un empleo durante 45 días

La ley vigente establece que el rechazo de una oferta de empleo adecuada o de un curso de formación, sin causa justificada, por parte de un desempleo que cobra prestación puede sancionarse con la pérdida de la misma durante tres meses la primera vez, seis meses en una segunda vez y con la extinción si reincide en una tercera ocasión. La reforma que plantea Economía endurece este marco.

 

El mensaje que lanzan fuentes del Ministerio de Trabajo en su enfrentamiento frontal con el Ministerio de Economía, es que no se puede obligar a aceptar ofertas de trabajo basura porque si no la alternativa es tener que pasar hambre y le acusan de estigmatizar a los parados y de plantear que en España la gente no trabaja porque no quiere y está todo el día defraudando en la economía sumergida.

 

Sin embargo, que un parado pueda perder la prestación de empleo por negarse a trabajar no es nada nuevo en la teoría. Actualmente, el SEPE ya contempla como “infracción grave”, entre otros supuestos, lo siguiente: “Es una infracción grave: rechazar una oferta de empleo adecuada, tanto si es ofrecida por los servicios públicos de empleo, como por las agencias de colocación (cuando estas desarrollen actividades en el ámbito de la colaboración con aquellos), salvo causa justificada”.

 

Así, si esto ocurre, el parado en cuestión se enfrentaría a una sanción de la retirada de 6 meses de prestación. Sin embargo, la realidad es bien distinta. En la práctica es muy difícil que los servicios de empleo le retiren a los parados las prestaciones por este motivo: ya sea porque las ofertas “adecuadas” nunca llegan o porque es fácil que los beneficiarios justifiquen el rechazo. Esto no es más que otra prueba de que la intermediación estatal ha cosechado unos resultados nefastos para colocar a los parados en el mercado laboral. En el Ministerio de Trabajo no han facilitado a este periódico los datos de cuántas prestaciones de empleo se retiran en nuestro país por este motivo.

 

El ministerio de Trabajo sí cree oportuno que se introduzcan cambios en la compatibilidad de la ayuda con encontrar un trabajo. El texto que ha preparado el Ministerio de Trabajo permitirá que quienes encuentren un empleo pueda percibir el 100% del subsidio durante 45 días, lo que supone una modificación respecto a la normativa actual que solo permite que se compatibilice si se cuenta con un empleo parcial, de formación o una beca que no alcance el 75% del SMI. Esto permitirá que se acepte un trabajo incluso si no se tienen garantías de cuánto durará el contrato.

 

El ministerio de Trabajo insiste en diferenciar el propósito que persiguen estos subsidios con el del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Los primeros tratan de proteger al trabajador que se encuentra dentro del mercado de trabajo mientras el segundo forma parte del sistema de protección social una vez que todos estos mecanismos ya han fracasado.

 

Economía rebaja el tono

Fuentes del Ministerio de Economía niegan que entre sus planes esté la intención de quitar la prestación a los parados que no quieran volver a trabajar, y se escudan en que la Ley de Empleo y el SEPE ya contemplan retirar la prestación de empleo si no se cumplen determinadas casuísticas. ”Lo que nosotros queremos hacer es potenciar la búsqueda activa de empleo y dar incentivos al trabajo” señalan. Bien es cierto que, si se produjera un aumento de las ofertas de empleo que les llegan a los parados con la nueva reforma, como parece que quieren pretender, a estos desempleados no les quedará más remedio que aceptar el trabajo o perderían el subsidio. Por tanto, en este caso, sí podría aumentar la retirada de los subsidios, aunque sólo si consiguen mejorar la empleabilidad del SEPE. Una difícil tarea

 

Hay que aclarar que el secretario de Estado de Economía específicamente no habló de que fueran a introducir ninguna penalización extra para los desempleados que se niegan a aceptar las ofertas del SEPE. Eso sí, llevar a cabo esta idea sería una medida totalmente lógica en un país que tiene unos 3 millones de parados oficiales y donde las empresas denuncian que hay 150.000 vacantes sin cubrir. Sin embargo, no sería de esperar en un gobierno de izquierdas.

 

“Es el momento de hacer esta reforma, incentivar la reincorporación y aprovechar las oportunidades. Es fundamental que la reforma se centre en potenciar que todos los desempleados pasen por el SEPE para que el apoyo que hace la Administración para formarlos, para darles un itinerario personalizado y para facilitar su inserción en el mercado de trabajo, tenga reciprocidad en la búsqueda activa de trabajo y en la aceptación de las ofertas adecuadas de trabajo. Esa es una pieza que falta” señaló García Andrés poniendo  la diana en las obligaciones que tienen en nuestro país los parados que cobran prestaciones. “Hay que orientar la reforma de los subsidios a la incorporación de los trabajadores al mercado laboral” insistió.

 

También fuentes del Ministerio de Economía han declarado que este Departamento «está alineado» con Trabajo, entre ellos los de compatibilizar la prestación con un empleo, dar cobertura a los menores de 45 sin cargas familiares. «En definitiva, lo que queremos y compartimos es que todo el sistema se oriente a apoyar el empleo», han indicado las mismas fuentes.

 

Algunos números

La propuesta de Díaz incorporaría a 400.000 nuevos beneficiarios al subsidio y pretende que se vayan a eliminar aspectos burocráticos como el mes de espera e incluir a menores de 45 sin cargas familiares.  El Ministerio de Trabajo niega que su propuesta no sea asumible para las arcas públicas en un contexto de vuelta a las reglas fiscales y esgrime que hay un superávit de más de 4.000 millones en las políticas activas de empleo.

 

Según las propias estadísticas del SEPE, de los más de 1,73 millones de parados que cobraron alguna prestación por desempleo el pasado mes de octubre, un total de 710.662 personas estaban dentro de ese programa asistencial (casi el mismo número que los parados que cobraron la prestación contributiva -“el paro”- por haber cotizado previamente). y apuntan que un 80% de las personas no agota los 30 meses de subsidio y que el 56% sale de esta situación por encontrar un empleo, mientras que el resto se jubila o emigra a otro país.

 

A pesar de las matizaciones del Ministerio de Nadia Calviño, el enfado de Yolanda Díaz ha sido mayúsculo pues con las declaraciones del secretario de Estado de Economía, la ministra de Trabajo ha visto invadidas sus competencias.

 

“Permitirá simplificar el acceso a los subsidios, eliminando por ejemplo el mes de espera y compatibilizando la ayuda con la incorporación al trabajo durante el primer mes. También ampliará la cobertura a colectivos como el de 45 años sin cargas familiares que hasta ahora carecían de protección. Las revisiones pasarán a ser, además, trimestrales” explican. La propia Yolanda Díaz incide en que la prioridad de su ministerio no es incentivar la vuelta de los parados al trabajo, sino que la subvención que reciben no mengue.

 

Resumen de la propuesta de Trabajo

Desde el ministerio de Yolanda Díaz pretenderían que el subsidio de desempleo eleve su cuantía a 660 euros durante los primeros seis meses de percepción (110% del Iprem). A continuación, la cantidad percibida bajaría a 540 euros mensuales en los seis meses siguientes (90% del Iprem), y después, se quedaría en el 80% del Iprem, hasta su extinción, es decir 480 euros. En total, el tope para cobrar esta ayuda sería de 30 meses.

  

Cabe recordar que actualmente el subsidio que se cobra es de 480 euros al mes, pero su cuantía no varía en el tiempo, y que estas cifras son las que corresponderían al subsidio diseñado por Trabajo con el actual Iprem, que es de 600 euros al mes.

 

En caso de que este indicador se incremente, también lo haría el subsidio, pues lo que fijaría la reforma son los porcentajes del Iprem a los que debe equivaler la ayuda.

 

Por otra parte, cabe señalar que el diseño de Trabajo incluye también otras novedades:

• • Incorpora al subsidio a los menores de 45 años sin cargas familiares (unos 150.000, según sus estimaciones) y a los eventuales agrarios residentes fuera de Andalucía y Extremadura (cerca de 250.000).
  • Elimina el mes de espera para que el subsidio se pueda cobrar de manera inmediata.
  • Establece la posibilidad de compatibilizar el subsidio con un empleo durante los primeros 45 días sin rebajar su cuantía.
  • Los subsidios se revisarán trimestralmente y no de manera mensual para que los desempleados no tengan que estar diariamente pendientes de incumplir algunos requisitos de renta que les hagan perder el subsidio.
  • Permite tener en cuenta las rentas de la unidad familiar si es más favorable al desempleado que tomar la renta individual.

 

Resumen de la propuesta de Economía

Este planteamiento chocaría con el defendido por el Ministerio de Economía, dirigido por Nadia Calviño, que no sólo propondría rebajar la duración del subsidio de 30 a 12 meses, sino también rebajar su cuantía progresivamente, hasta una media de 442 euros a lo largo del único año en el que se percibiría. En concreto, Economía plantearía que, durante los 12 meses de percepción, los primeros tres se cobre el 100% del Iprem (600 euros actualmente), para después bajar al 80% del Iprem (480 euros mensuales) en el segundo trimestre; al 65% del Iprem en el tercer trimestre (390 euros) y al 50% en el último trimestre (300 euros)