La presidenta del Congreso se estrenó el jueves en el cargo anunciando que permitirá el uso del catalán, el gallego y el euskera en la Cámara Baja, una de las condiciones que habían puesto para apoyar su elección partidos independentistas como ERC y Junts. Este viernes ha reconocido que implantar el uso del catalán, el euskera y el gallego «tiene sus complejidades» en cuanto a medios y posibilidades técnicas pero que el objetivo es que las lenguas cooficiales puedan utilizarse «lo más rápido posible». A la pregunta de si será posible para la investidura ha considerado «apresurado» decir el calendario y los medios que se emplearán.
En el Senado
El caso del Senado marca un precedente ya que desde 1994 su reglamento se modificó para mejorar el uso de las lenguas oficiales en la vida parlamentaria y actualmente, en la Cámara Alta se pueden debatir en otras lenguas cooficiales las mociones que van al pleno y también las iniciativas en las comisiones. También se autorizó el uso de cualquiera de las lenguas cooficiales en la primera intervención del Presidente electo en la sesión constitutiva así como en las intervenciones en el debate sobre el estado de las Autonomías que se desarrolla en comisión.
En 2005 se amplió su uso en todas las sesiones de la Comisión General de Comunidades Autónomas, y en la publicación de las iniciativas de carácter no legislativo. Y en 2011 a todo tipo de escritos en el registro de la Cámara Alta, así como su publicación, y a la intervención de los debates de mociones en el pleno.
En otro plano está el coste económico y logístico que supone utilizar tres lenguas diferentes del castellano en las Cortes.
Traductores, cabinas, sistemas técnicos o auriculares para los 350 diputados tendrían que ponerse a disposición de la Cámara Baja, lo que elevaría el presupuesto anual del Congreso, que en 2023 se elevó a 110,4 millones de euros, representando el capítulo de inversiones el 2,5 % del total. En el caso del Senado el coste para implantar las lenguas en su integridad rondaba los 950.000 euros anuales.
¿Y el valenciano?
Por su parte el Gobierno valenciano avisa a Pedro Sánchez de que no consentirá “ningún ataque más” a la Comunidad Valenciana como el que considera se ha producido en los últimos días al no reconocer la oficialidad del valenciano como lengua propia. “Exigimos respeto a la Comunidad Valenciana y que nuestra lengua tenga el mismo estatus que el resto de lenguas cooficiales. La Comunidad tiene que dejar de ser moneda de cambio de Sánchez con los separatistas.”, sentenció la vicepresidenta en respuesta a la “nefasta” decisión del Gobierno en funciones de Pedro Sánchez de solicitar a la Unión Europea el reconocimiento de “catalán, euskera y gallego” como lenguas oficiales, olvidándose del valenciano, lengua reconocida como la propia y oficial en la Comunidad Valenciana, como recoge su Estatuto de Autonomía.
El Consell va ha presentar un requerimiento por carta para “reclamar respeto a la historia, la cultura, la lengua centenaria de la Comunidad Valenciana como parte de la riqueza plural de España”. También enviarán una petición al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, para que les de traslado de “cualquier petición que afecte a la Comunidad Valenciana”. El Consell, previsiblemente el primer martes de septiembre, aprobará una declaración institucional en defensa de la lengua, la cultura y las señas de identidad valencianas calificando el acuerdo sobre las lenguas en el Congreso como “nefasto para España” en el que se utilizan las lenguas “para dividir y no para unir” y que el Senado es la cámara de representación territorial donde las diferentes lenguas de España “ya pueden ser utilizadas”. En ella ya estaba reconocido el valenciano con la presencia de una traductora. “No tiene sentido utilizar de manera partidista el Congreso de los Diputados“, añaden.
Lenguas en la Unión Europea (UE)
Por otra parte el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha enviado el jueves 17 de agosto una comunicación oficial a la Presidencia del Consejo de la Unión para reclamar que las lenguas catalana, gallega y vasca sean incluidas en el régimen lingüístico de la UE.
El documento fue una de las pruebas que el Gobierno esgrimió ante Junts para ganarse el favor de Carles Puigdemont, que había reclamando “hechos comprobables” a cambio de dar sus votos para elegir a Francina Armengol como presidenta del Congreso.
El Gobierno reclama en la carta iniciar los trámites para la modificación del Reglamento Nº1, que regula el régimen lingüístico, y que el tema se incluya en el orden del día del próximo Consejo de Asuntos Generales del próximo 19 de septiembre. La petición, sin embargo, no reclama de forma textual la oficialidad europea de estas lenguas.
Hay quien opina que la petición formulada a la UE sobre el plan de llevar el catalán, el euskera y el gallego a las instituciones de la UE no es conforme a las prerrogativas de un Gobierno en funciones como el actual pero incluso orillando esta cuestión los expertos consideran que hay varias razones que la bloquearán pues el Consejo de la UE debe aprobar por unanimidad esta medida, lo cual es algo «improbable» porque se abriría la caja de Pandora en otros países que también tienen más lenguas cooficiales y además no hay idiomas regionales con el estatus de oficialidad en la UE.
El caso español no especial pues Italia tiene 11 lenguas cooficiales y Francia cuenta con 7 en esta categoría. Además la Unión puede considerar que esta petición española responde a una cuestión doméstica antes que comunitaria. En la actualidad hay ya 24 lenguas oficiales en la UE pero además, no todos los miembros ven reconocida su lengua como oficial en la UE: Luxemburgo a pesar de ser un Estado miembro no tiene el luxemburgués reconocido lengua oficial de la UE y en Chipre la UE considera su idioma el griego aunque el turco es igual de oficial en Chipre.
La excepción notable a esta regla es el caso del gaélico, que con la adhesión de Irlanda a la UE en 1973 se convirtió en una lengua de tratado en lugar de lengua oficial: esto implicó que solo los tratados y ningún otro documento o legislación comunitarios se tradujeron entonces al gaélico. En 2005, Irlanda solicitó que el gaélico alcanzase el estatus de lengua oficial, lo cual fue aprobado en 2007 y desde 2022, 17 años después de que Dublín pidiera convertirlo en idioma oficial, es una lengua con estatus completo ante las instituciones europeas.
El Consejo de Asuntos Generales (CAG) de la UE ya “está examinando” la carta de solicitud del Gobierno español y ahora pedirá una evaluación jurídica sobre el encaje de esta petición en los tratados y se requieren informes económicos sobre el coste de esta medida. “La ratificación del Consejo, en su caso, será a cambio de que España pague todo el coste“, explican desde el CAG aunque, en todo caso, se podría admitir el uso de estas lenguas cooficiales pero no su oficialidad en la UE.
En 2005, el entonces presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, envió una carta a las instituciones europeas ofreciendo firmar convenios para que se pudieran usar las lenguas cooficiales españolas, incluido también el valenciano. Se consiguieron entonces en todas las instituciones, salvo el Parlamento, donde la petición se trató al menos tres veces con Josep Borrell como presidente de la institución empujando por el sí. La Eurocámara argumentó que era el año posterior a la mayor ampliación de la Unión Europea hasta la fecha y que estaba teniendo problemas para ofrecer la interpretación a las nuevas lenguas que sí eran oficiales. Sí que se reconoció por escrito el derecho de los ciudadanos a comunicarse en estas lenguas y se previó revisar la decisión al año siguiente, algo que nunca se llegó hacer.
En 2022, el Gobierno español remitió al Parlamento Europeo una petición para que el catalán, euskera y gallego pudieran usarse en los plenos de la institución, una solicitud para la que la Mesa de la Eurocámara lleva meses esperando un informe de los servicios parlamentarios sobre las implicaciones que tendría para su día a día, desde los departamentos de traducción e interpretación hasta los de infraestructuras o finanzas. El Parlamento Europeo no se pronuncia sobre si una lengua debe ser o no oficial en la UE, ya que esa competencia recae totalmente en el Consejo (los países).
Las 24 lenguas oficiales permiten un total de 552 combinaciones posibles. En 2012, la Comisión Europea cuantificó en unos 1.000 millones de euros anuales el coste total de traducción e interpretación. De prosperar la petición española, el país está llamado a asumir una buena parte de la factura asociada a los tres nuevos idiomas a ello se añade el desafío de la escasez de personal cualificado ante unos idiomas relativamente minoritarios como el catalán, gallego y euskera que deben coordinarse cada uno de ellos con otros idiomas también minoritarios: el eslovaco, el esloveno, el estonio, el letón, el lituano y el maltés