Degradación institucional y papel de los partidos
La realidad es incontestable. Si hasta el año 1978, según cuentan, el pueblo añoraba una democracia, 40 años más tarde, los hijos y nietos de ese pueblo, nacido y educado en ese sueño, aspiran a que el sueldo le llegue a fin de mes, tener un trabajo decente, no perder la casa y, en el mejor de los casos, ahorrar algo.
Para que esto pase desapercibido en mayor medida y los españoles no se rebelen los políticos y perros de prensa a su servicio se encargan de dividir y enfrentar la sociedad con drogas mentales de las que también obtienen réditos económicos, a saber, animalismo, ecologismo, ideologías de género o nacionalismos fragmentarios.
El deterioro institucional de las instituciones en España viene de lejos, aunque se haya agudizado recientemente por la confluencia de dos elementos: la polarización política extrema que ha roto los escasos puentes existentes y ha conducido a insensatas políticas de bloqueo (“No es no”), pero también a una concepción de que las instituciones son “un cortijo” propiedad del Gobierno de turno y del partido mayoritario de la oposición. Ello, sumado al cada vez más bajo sentido institucional de representantes, gobernantes y cargos institucionales (extraídos de menguantes nóminas de militantes), ha contribuido a que esas instituciones se desangren y pierdan la credibilidad ciudadana.
Los actuales partidos políticos están alejados cada vez más de la sociedad pero su continuidad existencial depende de seguir viviendo enchufados a los presupuestos públicos y de disponer de un abanico de poltronas para repartir presupuesto entre los suyos y sus allegados. Ese parece ser el pegamento ideológico que da cohesión hoy en día a unos partidos que viven adosados al Estado, y hacen del populismo y la demagogia sus señas de identidad.
España no tiene ni ha tenido tradición democrática liberal en la aplicación efectiva del principio de separación de poderes. Incumplir procedimientos daña seria y profundamente la credibilidad de las instituciones y ofrece un constante espectáculo de “reparto de cromos” entre el cártel de los partidos pero también afecta gravemente a la confianza ciudadana y erosiona la democracia.
El hecho evidente es que España, con las profundas raíces de un histórico caciquismo hoy día mutado en clientelismo voraz, representa en estos momentos lo que se puede calificar sin ambages como un Estado clientelar de partidos. Hasta hace relativamente poco tiempo, por lo común, los nombramientos recaían sobre personas de cierto prestigio académico o profesional, mientras que en los últimos tiempos se buscan perfiles fieles y férreos guardianes de la política del partido que se traslada sin rubor a esos espacios institucionales como prolongación de la política partidista. Hablar en este contexto de separación de poderes y de confianza ciudadana en sus instituciones, es una mera ficción de burdos ilusionistas políticos, en los que ya pocos creen. Sin contrapesos efectivos, el poder se transforma fácilmente en abuso flagrante, despotismo o, inclusive, en pura tiranía. Donde no hay frenos institucionales, el poder tiende al abuso. Está en la naturaleza de las cosas. Que nadie se sorprenda, por tanto, si la ciudadanía les vuelve la espalda y la antipolítica crece. Y no es buena noticia, precisamente. Tampoco para ellos.
¿Cuánto cuesta la partitocracia?
Las matemáticas, y la soberanía popular, mandan: las subvenciones que reciben las formaciones políticas por funcionamiento ordinario se pagan en proporción a los resultados en las últimas elecciones respectivas.
Con casi 800.000 afiliados el PP apenas recauda en torno a 3 millones de euros al año por este concepto, el 8% del total de ingresos ordinarios y apenas 4 euros por cabeza. Eso sí, Génova matiza que su política de afiliación no exige pago alguno. De hecho, los estatutos vigentes contemplan la única figura del afiliado, que se divide en dos: militante (con pago de cuota) y simpatizante (sin obligación). Su deuda bancaria asciende a unos 18 millones de euros.
El PP, ya con cifras de 2022, tiene un 82,5% de sus ingresos anuales procedentes de subvenciones por funcionamiento ordinario, gastos de seguridad y aportación de grupos institucionales de distintos parlamentos, ayuntamientos o diputaciones que dedican parte de sus ganancias a engrosar el balance nacional del partido. Prácticamente en todo el mandato, el PP estuvo en el entorno de los 35 millones anuales de ingresos de origen público, la mitad de los 70 que sumaba con holgura en los años de Gobierno de Mariano Rajoy
Los de Pedro Sánchez son con diferencia el partido con más variedad de ingresos, lo que deja su porcentaje de subvenciones públicas periódicas en el 67,83%. En bruto, nadie recauda tanto de sus simpatizantes como el PSOE, con unos diez millones anuales en pago de cuotas por parte de sus 154.000 afiliados declarados. Eso supone un 13% de los 80 millones de ingresos ordinarios con que cerró 2022. Otros diez millones en cada ejercicio suele recibir Ferraz de aportaciones de cargos y simpatizantes en general (los que más perciben por este concepto de los cuatro grandes) y llama la atención los casi tres millones que consignó por lotería el año pasado (suele rondar entre los 2,5 y los 3 millones cada año). Sea como sea su deuda bancaria a largo plazo ha pasado de 32,3 millones al acabar 2018 a 12,2 ahora mismo.
Vox es el único de los cuatro grandes partidos que presentó pérdidas en sus últimas cuentas de casi dos millones de euros al cierre de 2022 (aunque la mitad de esos números rojos se explican por cierres pendientes del gasto electoral). En el otro lado de la balanza, uno de cada tres euros que ingresa Vox viene de las cuotas de sus afiliados, el porcentaje más elevado de todos los grandes partidos. Y todo esto, sin recurrir a los bancos. Los de Abascal tienen un porcentaje de subvenciones públicas periódicas del 63,61%, debido a los cinco millones en ingresos que recibe al año por cuotas de afiliados y que cubren el 32% de su presupuesto total.
Sumar (o su origen) Podemos es el único de los cuatro grandes partidos que aún no ha informado de sus cuentas de 2022, pero en 2021 asumía que el 60,36% de sus ingresos viene de subvenciones y otro 23,43% de las aportaciones de los grupos parlamentarios, lo que suma un 83,79% de oxígeno público sobre el total de sus ingresos. En total, algo más de 16,5 millones de euros a los que habría de sumar los 6,4 millones declarados por Izquierda Unida por el mismo concepto.
Así que cuando Unidas Podemos anunció un ERE para la mitad de su plantilla pocos días después del pasado 23 de julio sólo vino a confirmar que la supervivencia de los partidos políticos reside desproporcionadamente de su rendimiento electoral: vuelan los gastos cuando se cuentan por millones las papeletas; llegan los recortes cuando la urna te da la espalda. Según los cálculos que se han manejado estos días, la formación morada verá recortados en un 70% los ingresos de la organización estatal y del 90% en las nueve autonomías donde además cierra sus sedes.
Una señal de identidad financiera de Podemos es su independencia de la banca pero estimula campañas de donaciones que, según las cuentas de 2021, le reportó poco más de 3 millones de euros (el 16% de sus ingresos totales).
