El Ejecutivo acaba de anunciar el aumentar del SMI 35 euros al mes, de los 965 euros actuales a los 1.000 euros al mes, en línea con la senda intermedia recomendada del informe del comité de expertos sobre el SMI que encargó el Gobierno el año pasado. Desde que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos llegó a Moncloa hace tres años, el SMI ha subido 265 euros y ha beneficiado especialmente, según el Gobierno, a los trabajadores jóvenes y las mujeres.
La subida anunciada por el Gobierno está en la franja media alta de las recomendaciones del comité de expertos, en cuyo informe se contemplan tres escenarios para 2022 con incrementos del SMI a 989 euros mensuales (24 euros más), a 996 euros (31 euros más) o a 1.005 euros (40 euros más). La complejidad de este procedimiento de “subida del SMI” está en la determinación del salario medio, que los expertos del comité deben actualizar, ya que no hay que olvidar que el Gobierno se ha comprometido a situar el SMI en el 60% del sueldo medio al final de la legislatura, es decir, en 2023
Se trata además de la cantidad que habían reclamado los sindicatos CCOO y UGT, por lo que los representantes de los trabajadores han respaldado el incremento. El alza del SMI beneficiará a 1,8 millones de personas, de las cuales 1,5 millones trabajan a tiempo completo y 300.000 trabajan a tiempo parcial. La mejora es «moderada», ha recordado el secretario general de UGT porque supone un repunte del 3,6%, muy por debajo de la inflación. Pero cumple con la exigencia mínima que los sindicatos pusieron sobre la mesa en septiembre a cambio de aceptar entonces una subida de sólo 15 euros
El SMI es el salario más bajo que por ley puede pagar cualquier empresa a sus empleados, de manera que realmente su subida solo repercute a aquellos que reciben unos ingresos por debajo de lo estipulado.
Por su parte, el comité ejecutivo de la CEOE ha rechazado de forma unánime una subida «indiscriminada» del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2022 pues el incremento supondría «un riesgo serio para el empleo y para los trabajos no cualificados». Los empresarios argumentan que «una nueva subida del SMI contribuirá a aumentar los costes laborales y la presión sobre los márgenes de las empresas lo que, unido a otros riesgos como el encarecimiento de las materias primas o los cuellos de botella en las cadenas globales de suministro, pueden llevar a un menor dinamismo económico en el futuro y a una menor creación de empleo». La negativa de la CEOE a apoyar esta subida supone dejar solos a Gobierno y sindicatos CCOO y UGT, como ya sucedió cuando el SMI subió de 950 a 965 euros al mes el pasado mes de septiembre.
Desde la patronal añaden que la subida anunciada por el Gobierno no tiene «conexión con la productividad» y la «recuperación» y este incremento de 35 euros mensuales supondría un coste adicional al empresario de unos 600 euros al año (incluyendo las cotizaciones) por trabajador que cobre el SMI. Esto además podría dañar el empleo entre los niveles menos cualificados, opinan los dirigentes empresariales.
La CEOE ha sostenido que «la propuesta del Gobierno es inasumible para sectores especialmente vulnerables como el agrícola y aquellos intensivos en mano de obra (limpieza, hostelería, etc.), que llevan años soportando sobrecostes de todo tipo«. El SMI no está en las grandes empresas, por lo que un salario mínimo de 1.000 euros al mes «es un planteamiento que daña aún más la situación de las pequeñas empresas y de los autónomos empleadores”. También se indica de las repercusiones que tendrá en los empleadores de trabajadoras del hogar y cuidadoras, lo que supone un daño también «para miles de pensionistas» que recurren a estos servicios en sus hogares.
OTRO INFORME SECRETO DEL GOBIERNO
El Ministerio de Trabajo y Economía Social encargó hace meses un estudio ad hoc sobre el impacto de las subidas del SMI en la desigualdad. Un informe adicional al que emitió el comité de expertos, que se concibió inicialmente como una alternativa al demoledor análisis que había realizado el Banco de España, para arrojar algo de luz sobre los efectos del alza del SMI en ámbitos como la distribución de rentas, la pobreza o la exclusión social. El documento obra en poder de la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, desde el pasado mes de enero pero ha optado por no hacerlo público.
El comité de expertos designado por Díaz para determinar la senda de crecimiento que debería seguir el SMI para situarse en el 60% del sueldo medio incluyó una sugerencia en su informe final y se ofreció a dar continuidad a sus trabajos y presentar un documento alternativo en relación al «el efecto de las subidas recientes del SMI sobre el empleo, el paro y las rentas salariales y su distribución».
Los expertos concluyeron que los ejercicios realizados por el Banco de España o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) sobre el impacto negativo de la histórica subida del SMI de 2019 en el empleo no agotaban «todas las posibilidades de análisis de un asunto tan complejo» y pidieron al Ministerio que les proporcionase los recursos necesarios para poder realizar una evaluación de los efectos de las subidas del SMI sobre el mercado laboral.
Los expertos dejaron constancia en sus recomendaciones de que los estudios publicados sobre el asunto no son completos y probablemente estén sobreestimando el impacto de las subidas del SMI sobre el empleo. De hecho, existía un cierto consenso entre la docena de profesionales del comité en torno a que los efectos directos en el mercado de trabajo son, en realidad, más moderados que significativos. Pero no es la única laguna que observaron en los trabajos publicados al respecto, sino que también plasmaron negro sobre blanco que podría existir un determinado nivel de SMI a partir del cual esos efectos pasarían a ser más relevantes y, ahí sí, afectarían de forma significativa al mercado laboral. De ahí «la importancia de mantener una evaluación constante y la posibilidad de incrementos graduales a lo largo del tiempo que ayuden a minimizar los efectos negativos, dada la importancia del contexto socioeconómico vivido en cada momento», concluyeron en su informe.
Yolanda Díaz recogió el guante y, un par de meses después, le encargó a la investigadora de la Universidad del País Vasco, Sara de la Rica, miembro del comité y experta en análisis socioeconómico y mercado laboral, un informe sobre los potenciales beneficios sociales derivados de las subidas del SMI. La vicepresidenta compartió con los expertos la conclusión de que los efectos sobre la desigualdad, la equidad o la exclusión social de esta política clave de su departamento son precisamente algunos de los ángulos muertos de los estudios publicados hasta el momento -especialmente el del Banco de España- a la vez que uno de los principales argumentos en los que se apoyan los defensores de las subidas del SMI para defender su importancia capital como instrumento de política redistributiva y lucha con la desigualdad. Y dio el visto bueno al encargo a De la Rica para despejar estas incógnitas.
La vicepresidenta y ministra de Trabajo encargó de urgencia este informe, con la intención de que estuviese listo antes de finalizar el año, de cara a reforzar sus argumentos en el debate para aprobar una nueva subida del salario mínimo en 2022, tras haber convencido únicamente a los sindicatos para impulsar un incremento para los cuatro últimos meses de 2021, en plena discusión sobre la reforma laboral. La autora empezó a trabajar para «complementar el estudio del Banco de España, añadiendo sectores no incluidos y trabajadores a tiempo parcial, por si los resultados pudieran modificarse», según ha explicado la propia De la Rica en su cuenta de Twitter, negando, en cualquier caso, que el estudio estuviera dirigido por el Ministerio de Trabajo y matizando que fue un ofrecimiento de los expertos.
Pero De la Rica aportó información adicional en la red social: «El estudio está entregado, pero en principio es propiedad del Ministerio. Espero que lo publiquen pronto», dejó escrito el pasado 22 de enero. Consultados al respecto, en el departamento que dirige Yolanda Díaz solo confirman que, efectivamente, ese informe fue encargado, pero no se pronuncian sobre su eventual publicación. El caso es que, a estas alturas, y cuando el Gobierno está a punto de aprobar una nueva subida del SMI, el estudio no es público y se desconoce su contenido. Cierto es que la solicitud de informes ad hoc es habitual en los distintos ministerios para apuntalar la toma de decisiones, especialmente en las medidas con mayor impacto económico y social, y que en muchos casos este tipo de estudios no se hacen públicos, pero esta falta de transparencia es cuestionada desde el mundo académico porque complica el análisis y la evaluación de políticas económicas clave.
También desde la oposición se cuestiona el modus operandi del Gobierno en este caso. En concreto, Ciudadanos ha reclamado el citado informe en el Congreso de los Diputados. La formación naranja exige más transparencia a las puertas de la aprobación de una nueva subida del SMI.
EL OBJETIVO DEL 60% DEL SALARIO MEDIO
El objetivo de que el SMI equivalga al 60% del sueldo promedio en España, en el cierre de la presente legislatura, se le va ya de las manos al Gobierno central en la mayor parte de las comunidades autónomas, como se desprende de la comparativa de la evolución del SMI con los datos más recientes de la Encuesta Anual de Estructura Salarial, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en cuyo cómputo se incluyen tanto los contratos a tiempo completo como los de carácter parcial.
El resultado de las reiteradas, y cuantiosas, subidas que acumula el salario mínimo desde 2018, y que no han llegado a su fin, será que solo en 5 autonomías (País Vasco, Madrid, Navarra, Cataluña y Asturias) esa retribución respetará el tope del 60% del salario medio que el Gobierno se ha marcado. En el otro extremo del espectro, se sitúan Extremadura o Canarias con porcentajes que rebasan el 70% .
El impacto sobre el empleo, especialmente en las autonomías en las que el avance del salario mínimo será más intenso, es todavía objeto de debate académico. Según el Banco de España la histórica subida del 22% que el Gobierno impulsó en 2019, hasta los 900 € mensuales se cobró una factura de entre 100.000 y 180.000 puestos de trabajo, entre empleos destruidos o contrataciones que no se llegaron a materializar, disuadidas por el avance de este indicador.
Mas recientemente las estimaciones de impacto en el mercado laboral más recientes de la Cepyme en colaboración con Randstad Research, establece que el total de puestos de trabajo que desaparecerán oscila entre 60.000 y 130.000. Más de la mitad de los mismos se concentra en ámbitos como la hostelería o los servicios de limpieza, todavía convalecientes después del daño que les ha infligido la crisis del Covid-19.
IMPACTO DE LA SUBIDA DEL SMI POR CCAA
Promedio salarial (€)
Porcentaje del SMI sobre el salario medio (%)
