Otro dilema: El IMV y las Pensiones No Contributivas (PNC)

El Gobierno planea sacar las pensiones no contributivas del sistema de Seguridad Social para poner fin al déficit. Así lo indicó hace unas semanas el ministro José Luis Escrivá, en una sesión de control al Gobierno en el Congreso.

Según señaló el ministro, las pensiones no contributivas pasarán a «integrarse en el futuro» en el esquema del Ingreso Mínimo Vital (IMV). El ministro, además, explicó que quiere definir mejor estas pensiones no desde el punto de vista del individuo, sino desde el hogar en el que se encuentra. Integrar las pensiones no contributivas en el IMV significa que ya no serán consideradas pensiones y que no las pagará la Seguridad Social, sino que se cargarán en el Presupuesto del Estado. Todo ello con el objetivo de poner fin al déficit de la Seguridad Social y garantizar su sostenibilidad.

Esta medida forma parte de una de las recomendaciones que se están debatiendo en el Pacto de Toledo: separar las fuentes de financiación para liberar a la Seguridad Social de todos los gastos que no sean contributivos. El Estado pasaría a financiar los aproximadamente 23.000 millones que ahora paga el sistema por políticas no contributivas, en las que no sólo están las pensiones no contributivas sino también las políticas activas de empleo (como las reducciones de cuotas) y las prestaciones por nacimiento, entre otras. Como resultado, las pensiones contributivas seguirían pagándose gracias a las cotizaciones, mientras que las no contributivas pasarían a pagarse con los impuestos.

Sin embargo, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI ha expresado suoposición . Para el CERMI, “las pensiones no contributivas deben seguir existiendo con regulación y fisonomía propias, ya que atienden a realidades sociales muy estables dignas de la máxima protección y no pueden difuminarse en una nueva prestación como el IMV que en su ordenación actual ha sido muy poco sensible a las situaciones de discapacidady de edad avanzada, por lo que cualquier inserción de las pensiones contributivas en el mismo representaría una pérdida objetiva de protección para las personas mayores y con discapacidad en estado de gran necesidad, que son las ahora cubiertas por estas pensiones.

De hecho, el Comité, que ya ha trasladado su oposición a la medida al  Pacto de Toledo y recuerda que las pensiones no contributivas ya se financian con impuestos, no con cotizaciones, por lo que no puede aducirse este motivo para su replanteamiento.

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