Los agentes sociales se citan de nuevo este miércoles tras otra reunión fallida en la que han vuelto a chocar con el Ejecutivo por las exoneraciones de cotizaciones.
Ni el clamor de los sectores empresariales, ni el previo acuerdo alcanzado entre la patronal y los sindicatos, ni la presión de Pedro Sánchez. Nada ni nadie, ni si quiera el presidente del Gobierno, han conseguido que los agentes sociales cierren por fin el pacto para prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en condiciones flexibles más allá del 30 de junio. Cuando apenas falta una semana para que se extinga la causa de fuerza mayor tal y como está planteada actualmente, los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, Economía y Hacienda, siguen sin recabar el apoyo de CEOE, Cepyme, CCOO y UGT a su propuesta. Seguirán negociando este miércoles y podría firmarse un planteamiento conjunto ‘in extremis’ que validaría un Consejo de Ministros extraordinario este viernes, según trasladan a La Información fuentes presentes en las conversaciones.
El acuerdo se resiste. Tras media docena de reuniones y el acelerón de las negociaciones durante la semana pasada, los agentes sociales siguen coincidiendo en lo esencial: es necesario prolongar la flexibilidad de los ERTE para amortiguar el impacto de la crisis del coronavirus en el empleo. Sin embargo, las partes siguen manifestando discrepancias notables respecto al cómo. La patronal y los sindicatos han cedido en llevar la prórroga hasta el 30 de septiembre, frente al planteamiento inicial en el que defendían el 31 de diciembre como fecha tope, mientras el Gobierno se ha abierto a mantener la fuerza mayor parcial modulando las exenciones y a aplicar nuevas exoneraciones en los ERTE que no son por fuerza mayor, es decir por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, que hasta ahora corrían a cargo de las empresas.
De este modo, a partir del 30 de junio desaparecería la fuerza mayor total y para los ERTE por fuerza mayor parcial se aplicarían las siguientes exoneraciones: en las empresas de más de 50 trabajadores, serían del 30% para los empleados que siguen dentro del ERTE y del 45% para los que se reincorporan a la actividad. Mientras, en las compañías con plantillas superiores a los 50 trabajadores, los que sigan en el ERTE tendrán una exención del 40% y los que vuelvan a trabajar, del 65%. Así lo revelan fuentes del diálogo social que valoran que la Seguridad Social ha elevado las exoneraciones de manera importante, eliminando la graduación mensual que en la anterior propuesta las iba reduciendo entre julio y septiembre.
Las mismas fuentes matizan que respecto a las exoneraciones de cotizaciones, los responsables gubernamentales todavía no han presentado una propuesta por escrito, sino que se han trasladado estas cifras de manera verbal, de modo que prefieren esperar a tener el documento con la propuesta final del Gobierno para aclarar cuestiones como el porcentaje en el que se va a liberar de costes laborales en los casos de ERTE ordinario. En este sentido, esperan tener un planteamiento oficial a lo largo del día de mañana para poder llegar a la reunión del miércoles con todas las cartas sobre la mesa.
Más allá de estas cifras, hay otro aspecto que complica el acuerdo y es la comisión de seguimiento de los ERTE que el Ejecutivo quiere eliminar. Este es el foro de diálogo que está permitiendo estas reuniones para llegar a acuerdos con el Gobierno que permitan prorrogar los expedientes más allá del 30 de septiembre en caso de ser necesario, en función de la situación concreta de los sectores. Tanto la CEOE y la Cepyme como CCOO y UGT sostienen que esta comisión es necesaria y debe constar en el acuerdo. Se trata, por tanto, de otra de las cuestiones a resolver el miércoles.
Lo que sí parece que finalmente logrará imponer el Gobierno es la prohibición a las empresas que estén en ERTE de hacer horas extraordinarias, firmar nuevos contratos o externalizar servicios, tal y como se adelantó en estas páginas. La iniciativa es compartida por los sindicatos, pero no así por la patronal, que en paralelo sigue ‘peleando’ por eliminar la prohibición de los despidos objetivos (que también se extendería hasta el 30 de septiembre) y suavizar la denominada ‘cláusula de mantenimiento del empleo’ que obliga a las empresas a mantener intactas sus plantillas afectadas por los ERTE durante los seis meses posteriores a la finalización del expediente. Está por ver en qué quedan estos elementos.
Fuentes del diálogo social explican que tanto la patronal como los sindicatos llegaban a la reunión de hoy «jugando fuerte». Pese a no contar con un documento formal desde el inicio del encuentro (el Gobierno prefirió no adelantar su postura para evitar filtraciones a la prensa) acudían a la cita con la sensación de que la ‘pelota’ estaba en el tejado del Ejecutivo, porque ellos ya habían hecho su trabajo alcanzando un acuerdo previo que ya presentaron de manera conjunta la semana pasada. «Moncloa necesita el acuerdo», afirma una fuente cercana a las negociaciones que señala la elevada «presión» recibida durante estos días para poder plasmar una firma y llevar un real decreto ley al Consejo de Ministros de este martes.
Fuente: La Información
