Los cuatro jinetes del Apocalipsis: el sistema público de pensiones se encuentra ante el reto de adaptarse al aumento de la esperanza de vida, a la baja natalidad, al desempleo y a los bajos salarios.
La incertidumbre sobre el futuro de las pensiones públicas preocupa a la sociedad y los españoles, especialmente los más jóvenes, se llegan a plantear si, cuando lleguen a la edad de jubilación, podrán disponer de una pensión de jubilación. Sin embargo, todos los expertos afirman que sí que habrá pensiones, pero serán menos cuantiosas y llegarán a una edad más tardía pues el aumento de la esperanza de vida, unido al descenso de la natalidad, pone a prueba el sistema de pensiones, ya que se reduce el número de cotizantes que mantienen las pensiones, en relación a la cantidad de jubilados que las reciben.
El sistema de pensiones el español está basado en un método de reparto, es decir, los actuales trabajadores pagan, mediante sus cotizaciones, las pensiones actuales, pero no sus propias pensiones futuras. Es un sistema que funciona si muchas personas en activo cotizando pagan a pocos pensionistas.
Según datos del INE, desde el año 2009, la cifra de nacimientos ha descendido un 27%. El año 2019 marcó el récord de la cifra más baja de nacimientos y, además, el crecimiento vegetativo de la población —la diferencia entre los que nacen y los que fallecen— ofreció el pasado año un saldo negativo de más de 57.000 personas. Por tercer año consecutivo, en España murieron más personas de las que nacieron.
La demografía es inexorable: en 2035, una de cada cuatro personas tendrá más de 65 años, por lo que no podemos pretender que el Estado se encargue de todo, dejando de lado otras necesidades (sanidad, educación, justicia,…), pero esto no significa que el sistema desaparezca, sino que va a sufrir cambios.
Pero la demografía no es el único reto. El desempleo en España es un problema sistémico; la tasa de paro promedio entre 1980 y 2010 fue del 17%, la más alta de los países de la OCDE, es decir, los cotizantes que pagan las pensiones en cada momento son aún menos. Pero es que, además, los salarios de estos, aunque aumentan, no lo hacen al mismo ritmo. El salario más habitual en España en 2018 —el último año del que el INE ofrece datos— fue de menos de 18.500 € anuales brutos, es decir, unos 1.275 € netos al mes, mientras que la pensión de jubilación media en 2019 era de 1.340 € netos al mes. El jubilado medio cobra más que el empleado con el salario más habitual en España.
La edad de jubilación en 2021 se sitúa en 65 años para aquellos que hayan cotizado 37 años y 3 meses o más y 66 años para los demás, e irá retrasándose progresivamente hasta que, en 2027, la edad será de 65 para los que acumulen 38 años y seis meses de cotización como mínimo y será de 67 años para el resto.
La tasa de reemplazo (la relación entre la primera pensión y la última nómina) está actualmente en torno a un 75%; es decir, alguien que perciba un salario de 1.500 euros justo antes de jubilarse tiene una pensión pública de 1.125 euros.
Desde la jubilación, hay una esperanza de vida media de unos 20 años (“la edad pensionable”) durante la cual se recibe la pensión pública sin cotizar, es decir, se hacen gastos pero no ingresos al sistema (¡ya se hicieron cuando se estaba en actico cotizando!). La edad pensionable es casi la mitad del periodo que se está cotizando pues cada vez se accede al trabajo con más edad para poder completar el periodo de formación que es también cada vez más largo. De forma muy resumida y con “números gordos” se puede decir que la “edad formativa” alcanza hasta los 25 años (más del 25% de la vida), la “edad cotizable” es de 40 años (casi el 50% de la vida) y la “edad pensionable” es de 20 años (el otro 25% de la vida) lo que significa que la mitad de la vida “se va” en actividades que no cotizan al sistema: el primer cuarto lo financian los progenitores y el Estado y el último cuarto lo financian los hijos que están ya activos y, de nuevo, el Estado.
Si cada vez, debido al aumento de la esperanza de vida, hay más pensionistas y cada vez, por la baja natalidad, hay menos personas en activo cotizando al sistema, parece que los números no cuadran a no ser, claro, que se alargue el periodo de estar en activo cotizando disminuyendo la edad pensionable (es decir, en otras palabras, se aumenta la edad de acceso a la jubilación) y/o se reduzca la cuantía de las pensiones. Claro que el Estado puede hacerse cargo del déficit del sistema de pensiones públicas, pero será en todo caso a expensas de reducir otros gastos/inversiones de futuro (sanidad, educación, investigación,…, ¡a elegir!) y mientras nuestros representantes haciendo “recomendaciones” inauditas que no tengan coste electoral y que no se enfrentan al problema con el mínimo de rigor exigible en cuestión tan sensible.
