La estadística registra por primera vez al cierre de junio una media inferior a las 36 horas
El tiempo de trabajo real encadena dos trimestres de récord por su reducida cuantía
El debate sobre la reducción por ley de la jornada laboral sigue abierto – pese al fracaso parlamentario de la norma que permitía bajarla a 37,5 horas– en un momento en que la estadística más fiable sobre esta variable muestra cómo toca su suelo en los seis primeros meses de este año, tras mostrar un comportamiento notablemente anómalo. La más reciente Encuesta de Población Activa refleja que el tiempo efectivo de trabajo se situó en España en un promedio de solo 35,8 horas, un nivel nunca alcanzado hasta el cierre del mes de junio en toda la serie estadística ahora vigente (iniciada en 2002).
Pero no se trata de un hecho aislado. Entre enero y marzo pasados, ya registró otro mínimo para ese periodo del año, situado en 35,9 horas de jornada promedio de trabajo real. Es más, dicha variable completa así un semestre completo por debajo de las 36 horas, algo que no había sido registrado hasta ahora en la estadística del INE, y que puede marcar tendencia para lo que queda de este ejercicio.
No ocurrió así ni siquiera en los peores momentos de la pandemia en los que, si bien hubo fuertes recortes mensuales del tiempo de trabajo (hasta las 35,5 horas de promedio o incluso menos), estos se veían compensados en cuestión de pocas semanas a medida que los confinamientos se moderaban en determinadas actividades
En 2025, por el contrario, diferentes patronales temen que correcciones tan rápidas y ágiles son ahora imposibles. Por ello, llevan meses denunciando que la economía española, pese a su fuerte crecimiento y al récord de asalariados que lo acompaña, está perdiendo capacidad para crear nuevos empleos y ahora se limita a repartir los ya existentes entre una población cada vez mayor, por los fuertes flujos inmigratorios que la alimentan.
La tendencia a la baja actual constituye un fenómeno que lleva larvándose largo tiempo, aunque nunca hasta ahora mostró una tendencia tan negativa como la actual. Es por ello que hay que remontarse a los años inmediatamente previos a la Gran Recesión, en torno a 2008, para encontrar una jornada de trabajo efectiva que igualara el tope legal de las 40 horas.
En este contexto, las alertas de los empresarios no han cesado de sonar pese al revés que Junts propinó este mes a la propuesta de Sumar de reducir el tiempo de trabajo a 37,5 horas. No en vano el Ministerio de Trabajo se afana en conseguir efectos parecidos mediante la reforma del registro horario, aun cuando por ahora la normativa solo le permite aplicar cambios de reducido alcance en ese tipo de control, y puede además entrar en conflicto con lo que establece la normativa de protección de datos personales.
Pese a ello, Trabajo busca acortar los plazos de tramitación al máximo, al menos en su fase inicial. Para ello, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se comprometió la semana pasada a recurrir a la vía de urgencia para que el Consejo de Ministros aborde la aprobación de la reforma del registro horario.
Una variable delicada
Sin embargo, pese a las pretensiones de Trabajo, los datos son tozudos y demuestran con fiabilidad hasta qué punto el tiempo de trabajo efectivo se encuentra ya en mínimos. Sin duda, su medición constituye una de las tareas más complejas para Estadística, en la medida en que es una métrica muy sensible a la estacionalidad, y propensa a mostrar fuertes vaivenes.
Ante ello, el INE se esfuerza en neutralizar dichos efectos especificando que los trabajadores encuestados para hacer la medición trabajaron efectivamente en las semanas en las que se hizo el sondeo. Se descartan así los efectos distorsionantes de los periodos de vacaciones o los vinculados a las bajas médicas.
Lo que sí influye, inevitablemente, en la reducción de la jornada laboral son fenómenos muy presentes en el mercado laboral español en los últimos años, en especial el auge del empleo a tiempo parcial y también el incremento de las plantillas de la Administración pública. Como es habitual en la estadística del INE, esta última rúbrica presenta usualmente registros inferiores a las 36 horas y las últimas Encuestas de Población Activa no muestra cambios a este respecto. En el segundo trimestre de este año, dicha variable se situó en 34,5 y ha llegado a estar en 33,8 en el último trimestre del año 2023.
En términos reales, los cifras que arroja el mercado laboral español situarían ya a nuestro país entre las economías europeas que cuentan con una jornada de trabajo más limitada. No en vano se encontraría al nivel de Francia, donde las 35 horas constituyen el tope que marca la legislación desde principios del presente siglo.
Ahora bien, incluso la comparación con el país vecino resulta muy matizable, dado que la medida que tomó el Gobierno socialista de Lionel Jospin cuenta, en la práctica, con una flexibilidad que en ningún caso estaba prevista en el fracasado texto que Moncloa hizo llegar al Congreso de los Diputados.
En concreto, Francia permite que la jornada se extienda más allá de las 35 horas con un sistema de compensaciones que, lejos de limitarse a inspecciones y multas, ofrece la posibilidad de negociar periodos de descanso o de vacaciones más extensos.
Además, las empresas galas pueden acceder a deducciones en el pago de sus cotizaciones que, en el caso español, no están contempladas más allá de la posibilidad de que las pymes accedan a unas ayudas creadas ad hoc que no lograron convencer ni a las patronales, ni a los socios del Gobierno de coalición, en especial a Junts per Catalunya.
Las estadísticas de Eurostat y de EU Eurofound muestran cómo el modelo regulativo más común en la Unión es el que marca como referencia las 40 horas semanales, y a él se sujetan España –con todos los matices expuestos–, Italia, Grecia y un amplio grupo de países del Este y del Norte del Viejo Continente.
Fuera de este segmento, se sitúan Alemania y Países Bajos en los que la ley establece un tope de 48 horas semanales, extensible a 60 si se contemplan horas extra.
