El Gobierno ha aprobado un real decreto con el que se pretende dotar de seguridad y aumentar los derechos de las 367.900 personas que trabajan como empleadas del hogar en España, más de un 95% de ellas mujeres, y la mayoría de ellas de entre 40 y 50 años y un 45% de ellas, migrantes que incluye, entre otros derechos, reconocimientos médicos periódicos gratuitos o el derecho a la formación, durante la jornada laboral, por parte del Servicio Público de Empleo (SEPE).
Entre los nuevos derechos que tendrán a partir de ahora, las personas trabajadoras del hogar podrán realizarse reconocimientos médicos periódicos gratuitos y esto no supondrá carga alguna para familias y personas empleadoras, ya que el Ministerio de Sanidad promoverá la inclusión de la realización gratuita de estos reconocimientos médicos en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud.
Además, se ofrecerá una herramienta gratuita elaborada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) que facilitará a las personas empleadoras el cumplimiento de las obligaciones relativas a la evaluación de riesgos. Igualmente, el INSST elaborará una Guía técnica para la prevención de los riesgos laborales en el trabajo doméstico e contarán con una herramienta de formación gratuita del SEPE.
Evaluación de riesgos
Los empleadores deberán asumir personalmente la actividad de prevención laboral de sus empleados, aunque también podrá concertarla con un servicio de prevención ajeno. Será obligatoria la evaluación de los riesgos para la seguridad y salud asociados a las tareas del hogar y deberá actualizarse periódicamente o cuando se produzcan cambios en las condiciones de trabajo.
En caso de que la evaluación detecte situaciones de riesgo, se deberán adoptar las medidas preventivas necesarias para eliminar o reducir y controlar tales riesgos. No obstante, el Gobierno no permitirá las inspecciones en casas de particulares como demandaban los sindicatos.
Adicionalmente, habrá que esperar a que el Servicio Público de Empleo Estatal dicte una resolución para la puesta en marcha de las actividades de formación en materia preventiva. El INSST tiene además un plazo de doce meses para elaborar una guía técnica con toda la información necesaria para el conocimiento de los nuevos derechos y obligaciones.
Equipos de protección
Los empleadores deberán proporcionar gratuitamente a las personas trabajadoras «los equipos de trabajo adecuados para el correcto desempeño de sus funciones» y los repondrán cuando resulte preciso.
La evaluación de riesgos determinará las tareas en las que deban emplearse equipos de protección individual y precisará, para cada una, las características que deben tener dichos equipos y los riesgos que motivan su uso.
Formación obligatoria
Las trabajadoras tendrán que realizar una formación obligatoria en materia preventiva en el momento de su contratación, que será única, aunque presten servicio en varios domicilios. En el caso de que su tarea entrañe riesgos excepcionales en alguno de los domicilios, deberá recibir una formación complementaria que correrá a cargo de la persona empleadora en cuestión.
El curso de prevención se realizará dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, fuera de ella y compensándolo con tiempo de descanso equivalente
La formación se hará a través de la plataforma del INSST, que estará disponible en la web del Ministerio de Trabajo y será gestionada por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae). El curso obligatorio de prevención se realizará dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, fuera de ella y compensándolo con tiempo de descanso equivalente.
Reconocimiento médico
Las empleadas del hogar tienen derecho a la vigilancia de su estado de salud, lo que incluye un examen médico adecuado que tenga en cuenta los riesgos laborales identificados en la evaluación. El reconocimiento médico tendrá una periodicidad trienal y será voluntario y único, aunque se trabaje en varios domicilios.
El Ministerio de Sanidad promoverá la inclusión de la realización gratuita de estos reconocimientos en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, aunque la norma no establece ningún plazo.
Protocolo antiacoso
La norma fija que las empleadas del hogar tienen derecho a la protección frente a la violencia y acoso, de forma que el INSST deberá elaborar en el plazo de un año un protocolo de actuación frente a estas situaciones. El abandono del domicilio ante una situación de violencia o acoso no podrá considerarse dimisión ni podrá ser causa de despido.
Por otro lado, en caso de que el empleado se encuentre en una situación de riesgo grave e inminente, la persona empleadora deberá informarle de las medidas necesarias, pudiendo incluso interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el domicilio.
Empresas de ayuda a domicilio
En el caso de las empresas que emplean a personal dedicado a la actividad de ayuda a domicilio, la norma obliga a efectuar una evaluación completa de los riesgos laborales. Solo se dará por cumplida esta obligación cuando los riesgos sean «conocidos y evaluados a través de visita presencial acreditada y efectuada a todos los domicilios» en los que la persona trabajadora deba prestar servicios.
También detalla que la empresa estará obligada a adoptar cuantas medidas permitan garantizar un nivel de protección adecuado como el uso de medios mecánicos para la manipulación de cargas, una mayor dotación de personal para desarrollar las tareas o la prolongación de los descansos entre servicios en los domicilios.
La patronal del servicio doméstico alerta de la afiliación es la peor en 12 años por culpa de una sobrerregulación que favorece la economía sumergida.
Mientras la ministra de Trabajo trata de vender a bombo y platillo el nuevo real decreto que profundiza en la regulación del servicio doméstico, la patronal del sector Asociación Española de Servicios Personales y Domésticos (AEPD) alerta de las terribles consecuencias que, una vez más, este tipo de políticas pueden tener en el empleo. “Si esto no va unido a otras medidas que incentiven la contratación, va a haber otra caída. Y esto no es que sea un pronósitco, es que es lo que ha pasado en los últimos años: aprueban una medida y caen las contrataciones”, advierte Ana Garrido, presidenta de la
La realidad es que los datos de afiliación son los más bajos desde 2012, con apenas 367.000 empleados en el sector. Se ha reducido muchísimo a pesar de que es evidente que las necesidades son cada vez mayores y que cada vez hay más contrataciones – en referencia al envejecimiento de la población-, lo que pasa es que se estima que más del 80% de los servicios se dan a través de la economía sumergida
La culpa de esta situación es claramente de una sobrerregulación que no solo ha elevado los costes, sino que también complica la burocracia, como sucede con el nuevo real decreto, que hasta exige una evaluación de la vivienda.
Incluso ahora mismo las trabajadoras del hogar son muy conscientes de esta situación, porque en un primer momento cualquier anuncio era recibido con alegría, pero ahora mismo se toma con recelo, porque saben que todas las mejoras que han ido apareciendo han llevado como contrapartida menos contrataciones en la economía formal.
Aunque es evidente que hay que equiparar su trabajo al del cualquier trabajador, todo eso tiene que ir de la mano de un mayor apoyo a las familias: un apoyo financiero, en forma de subvenciones en el IRPF, pero también, por ejemplo, de beneficios fiscales y de un “cheque servicio” como en Francia, Bélgica o los países nórdicos
Junto a este tipo de medidas, la AESPD también aboga por simplificar la burocracia, algo que choca de lleno con el real decreto aprobado por el Gobierno y que incluye desde reconocimientos médicos hasta una evaluación de la vivienda a través de una herramienta online. Las familias empleadoras no tienen un departamento de Recursos Humanos y muchas de ellas son personas de cierta edad y, por tanto, esto supone una traba más, y cuantas más trabas pongamos, menos contrataciones va a haber
