NO, TUS COTIZACIONES ACTUALES NO SE USAN PARA PAGAR TU FUTURA PENSÓN, SE USAN PARA PAGAR LAS PENSIONES ACTUALES DE LOS YA JUBILADOS

El principio de” tanto cotizas así será tu pensión” está dejando de ser real. Ya es sabido que en nuestro sistema público de pensiones, fundametamentalmente de reparto, las cotizaciones de los trabajadores en activo no se guardan en ninguna parte para pagar sus futuras pensiones, sino que se utilizan para pagar las pensiones de los ya jubilados en ese momento, es decir, no se usan para abonar las pensiones de los trabajadores para cuando estos se jubilen. Es lo que se denomina un “acuerdo intergeneracional” basado en la confianza de que en todo momento las cotizaciones existentes en dicho momento superen, o al menos igualen, el coste de los ya pensionistas.

Hay muchos puntos intermedios entre sistema de pensiones contributivo puro con una relación absoluta entre lo aportado en las cotizaciones y lo cobrado en las pensiones y el modelo asistencial puro en el que cobran todos lo mismo independientemente de lo cotizado Además, no hay ningún país en uno de los dos extremos. Puede haber buenos argumentos y críticas relevantes a favor y en contra de las dos opciones:

El modelo contributivo o bismarckiano (Francia, Alemania, Austria, Suiza, Grecia, Suecia, y en parte España e Italia,…) suele ser menos sostenible pues depende fundamentalmente de la demografía pues necesita un reemplazo generacional constante. Además, puede considerarse menos solidario intrageneracionalmente pues como las pensiones dependen de lo aportado, puede haber muchas personas que no han generado apenas derecho a nada porque no tuvieron una carrera laboral convencional (interrupciones, mercado negro, etc.). Sin embargo, genera un fuerte sentimiento de legitimidad pues el lema del «tanto aportas, tanto recibes», suena a retribución justa y recompensa lo generado durante muchos años de esfuerzo. Por eso a menudo se utiliza la expresión del «salario diferido»

El modelo asistencial o Beveridge (Reino Unido, Dinamarca, Países Nórdicos y en parte España e Italia, …) tiene a su favor que suele ser más sostenible y deja más margen para el ahorro privado. La pensión se percibe que es en realidad: un subsidio. En contra de lo que pudiera pensarse, algunas de las socialdemocracias nórdicas más envidiadas son las que más han avanzado en esta dirección y con muy buenos resultados. Por ejemplo en Dinamarca la pensión es una prestación universal no asociada a contribución previa alguna y se determina como el resto de los subsidios sociales en base del Presupuesto anual. Sería más parecido a una renta básica universal garantizada a los mayores que a una pensión como aquí la entendemos, aunque su cuantía es baja y así se anima a todos los trabajadores a ahorrar en su bolsa privada y a hacerlo cuanto antes. Pero si todos los trabajadores tienen igual pensión tanto si cotiza mucho como si no… puede que deje de hacerlo y empiece a cobrar en negro, o pida retribuciones en especie, etc

En realidad nuestro sistema de pensiones sigue siendo bismarckiano pero cada vez se acerca más al modelo asistencial (pensiones no contributivas, complementos a mínimos,…) y lo que ha hecho la reforma de José Luis Escrivá es dar el mayor golpe que recordamos al modelo contributivo, reduciendo los lemas de «salario diferido» y el «tanto cotizas, tanto cobras». A partir de ahora, los españoles saben que una parte creciente de sus cotizaciones (el Mecanismo de Equidad Intergeneracional -MEI – y la cotización de solidaridad) no se reflejarán en su pensión, es decir, pagarán más para no generar una pensión más elevada.

Esto es muy peligroso por lo obvio (encarece el coste salarial y, por lo tanto, el empleo y la competitividad), pero también porque esos mismos sueldos altos y trabajadores de alta cualificación a los que les estamos cargando la reforma son los que ya sostienen nuestras finanzas públicas con el IRPF y el IVA (pues consumen más al tener más renta disponible para ello).

Lo cierto es que hoy cotizar sirve menos que ayer; y dentro de diez años servirá de mucho menos todavía y casi lo único que salva al esquema bismarckiano es el incentivo del derecho generado.

Se pretende que la gente crea que pagar más ahora asegura un futuro tranquilo, cuando las proyecciones y los datos demuestran lo contrario

En nuestro sistema de reparto, las cotizaciones de hoy no garantizan nada a quien las paga: sirven para pagar las pensiones actuales. Los cotizantes de hoy dependen de los trabajadores de mañana, y esa es precisamente la parte de la ecuación que está en el aire.

La AIReF fue clara: la sostenibilidad del sistema no ha mejorado. Según sus proyecciones, el gasto en pensiones pasará del 12,7 % del PIB en 2022 al 16,1 % en 2050, un incremento de 3,4 puntos. El deterioro proviene sobre todo de la revalorización automática por el IPC y la eliminación del antiguo factor de sostenibilidad. Además, la AIReF advierte que el nuevo “mecanismo de equidad intergeneracional”(MEI) tiene debilidades metodológicas: al centrarse en medias y permitir compensar gasto con ingresos, ofrece una visión parcial del problema, muy sensible a supuestos macroeconómicos optimistas.

En su informe proyecta un empeoramiento claro: incluso tras las reformas, sería necesario un esfuerzo adicional equivalente a 2,2 puntos del PIB (unos 32.000 millones de euros anuales) para estabilizar las cuentas. Sin ajustes, el déficit público alcanzaría el 7,7 % del PIB en 2070 y la deuda el 181%. Dicho sin rodeos: el sistema no es sostenible.

El Banco de España comparte esas preocupaciones. Sus técnicos advierten que el sistema no se equilibra con pequeños retoques. Retrasar la edad efectiva de jubilación tiene un efecto limitado, y aumentar las cotizaciones destruye empleo pues por cada punto adicional, se pierden unos 50.000 puestos de trabajo.

Pero el problema de fondo no es contable, sino demográfico. España envejece a gran velocidad. Las generaciones del baby boom comienzan a jubilarse, y la relación entre cotizantes y pensionistas se deteriora inexorablemente. La inmigración puede ayudar, pero tendría que ser masiva para sostener el sistema por sí sola: según el propio Banco de España, serían necesarios 25 millones de trabajadores extranjeros más de aquí a 2053 para mantener la ratio actual. Una cifra inverosímil que implicaría aumentar la población más de un 50 %. Y aun así, el 80 % de los inmigrantes llega sin estudios universitarios, lo que dificulta su plena integración en una economía cada vez más tecnológica.

Tampoco en Bruselas se creen el optimismo del Gobierno. El Ageing Report 2024 de la Comisión Europea sitúa el gasto medio en pensiones en el 15,1 % del PIB entre 2022 y 2050. Tras descontar el incremento de ingresos previsto (alrededor del 1 % del PIB), el gasto neto se situaría en el 14,1 %, superando el techo del 13,3 % acordado con la UE. En otras palabras, España incumpliría el compromiso de sostenibilidad, con un exceso equivalente a unos 11.700 millones de euros anuales. La Comisión advierte de que serán necesarios nuevos ajustes estructurales.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) va más allá y proyecta un gasto del 17,1 % del PIB en 2050, un punto por encima de la AIReF. Desde 2010, el peso de las pensiones ya ha aumentado en tres puntos del PIB, y el proceso continúa. Denuncia la “ingeniería contable” con la que se ha superado el examen de 2025: el Gobierno presenta como ingresos propios de la Seguridad Social las crecientes transferencias del Estado (más de 40.000 millones en 2024), que en realidad solo trasladan el déficit a otro bolsillo.

El Tribunal de Cuentas confirma la gravedad del panorama. En su revisión de la cuenta general del Estado 2023, señala que la Seguridad Social acumula un patrimonio neto negativo de 98.526 millones de euros y préstamos pendientes con el Tesoro por 116.166 millones (7,75 % del PIB). El organismo urge medidas “que garanticen la sostenibilidad a medio y largo plazo”. La tendencia es clara: cada año, la Seguridad Social necesita más transferencias para cubrir su déficit, un endeudamiento oculto que no deja de crecer.

El problema no es solo económico, sino moral y político: se pretende que la gente crea que pagar más ahora asegura un futuro tranquilo, cuando las proyecciones y los datos demuestran lo contrario. Nadie harán las reformas de fondo que harían falta, porque su objetivo no es la sostenibilidad, sino mantener el falso relato, pues decir la cruda verdad tiene un altísimo coste electoral inasumible por ningún partido político y se prefiere mantener una ficción en la que los números se cuadran, las advertencias se silencian y los dirigentes políticos se convierten en propagandistas del poder. Pero la realidad, esa que no entiende de propaganda, acabará imponiéndose. Y cuando lo haga, muchos descubrirán que han pagado mucho… para recibir poco.