De las 10 divisiones registradas, las que más gasto de personal acumulan son las relativas a la Salud y la Educación
La gobernanza del país, es decir, la parte burocrática de la Administración Pública que no realiza un fin específico o un servicio directo a la sociedad, sale cada vez más cara al contribuyente. Así, el gasto en nóminas de quienes realizan la gestión política (órganos ejecutivos y legislativos) llegó en 2024, últimos datos disponibles, a casi 7.100 millones de euros y en la liquidación de 2025 se acercará a los 7.500 millones como consecuencia sobre todo de la inflación de este personal y de su sueldo poco competitivo con el sector privado. En este grupo se incluye al personal destinado a asuntos fiscales, financieros y diplomáticos.
Según la última información de la Clasificación Funcional del Gasto de las Administraciones (COFOG) elaborada por la Intervención General del Estado y de la Oficina Nacional de Contabilidad, el coste de los miembros de los diversos gobiernos (central, autonómico y local incluyendo diputaciones y cabildos) con sus correspondientes ministerios, consejerías o concejalías, así como de los representantes en el cúmulo de parlamentos y órganos legislativos (Congreso, Senado, cámaras regionales y concejalías del ámbito local) se ha incrementado más de un 27,3% desde que Sánchez se instaló en la Moncloa mientras que el IPC sólo ha crecido un 19,2%. La Administración Central es la que acumula más gasto de este tipo de personal con 2.912 millones (casi un 24% más desde 2018) mientras que los ayuntamientos alcanzan los 2.671 millones (un 31% más) y las comunidades autónomas llegan a los 1.500 millones (un 30% más).
Esta partida supera con creces el coste en efectivos de otros grupos importantes de gasto encuadrados en otras divisiones que si prestan servicios a la ciudadanía como: el de la Defensa Militar (6.990 millones); Transporte (5.157 millones); Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales (4.544 millones); Educación Universitaria (4.712 millones); o incluso los Tribunales de Justicia (4.409 millones), la Protección Social a la Edad Avanzada (3.031 millones) o las Enfermedades e Incapacidades (2.141 millones).
Este coste es sólo una parte de los 17.894 millones (un 33,4% más que hace seis años) de los sueldos totales que aparecen incluidos en la división los Servicios Públicos Generales dónde se ubica el resto del personal del aparato burocrático instalado en las oficinas y despachos en los distintos niveles de las Administraciones “que no están cumpliendo una función específica”, según la propia definición del COFOG, con un coste directo de 7.800 millones. En este apartado figuran también unos 3.000 millones más de los sueldos de los efectivos dedicados a “la investigación y desarrollo” de estos Servicios Generales.
Por tanto, este personal político y administrativo, que no presta un servicio a la ciudadanía, alcanzó en 2024 un gasto que equivale a más del 10% del que genera el conjunto de los empleados públicos que en 2024 llegó a casi 173.000 millones (casi una cuarta parte del gasto público total) y que en 2025 superará con creces, tras la última subida acordada, los 181.000 millones. Por Administraciones, estos gastos de los Servicios burocráticos y de gobernanza alcanzaron los 4.454 millones en el Estado (28% más que hace seis años) mientras que en las autonomías llegó a 4.692 millones (un 44% más) y en los ayuntamientos se acercó a los 8.800 millones (un 32% más).
Nóminas con mucho peso
La COFOC es una clasificación cruzada de las operaciones de gasto de las Administraciones que constituye “un importante instrumento de análisis” del dinero público de acuerdo con la metodología de la Contabilidad Nacional y del Sistema Europeo. De las 10 divisiones registradas, las que más gasto de personal acumulan son las relativas a la Salud (46.351 millones) y la Educación (43.635 millones), cuyas competencias están transferidas por el Estado a las autonomías mientras que la Administración Central también emplea 1.100 millones entre ambas divisiones (sin prestación de servicio alguno al ciudadano) y los ayuntamientos suman 480 millones en sueldos para la Salud y 1.440 millones para la Educación. Por grupos, la masa salarial de los Servicios Ambulatorios es de 25.651 millones mientras que la de los Servicios Hospitalarios suma 17.969 millones.
Por su parte, en el sector educativo, el grupo de Educación Secundaria (con 19.349 millones) lidera el gasto de personal y le sigue la Educación Preescolar y primaria (16.943 millones).
La división de Orden Público y Seguridad ocupa el tercer lugar en gasto de personal con 23.724 millones. En concreto, las nóminas del Servicio de Policía (Policía Nacional y Guardia Civil) suman casi 15.400 millones. Casi 9.300 millones corresponden al Estado, otros 4.100 millones a las policías municipales y otros 2.000 millones a los cuerpos creados por las autonomías.
En este apartado figuran también los sueldos de los efectivos de los Tribunales de Justicia, que se quedan en esos 4.400 millones apuntados y que representan el 60% de lo que cuestan los empleados dedicados a la gobernanza política del país. Además, el coste del personal contraincendios (otra competencia transferida) supera los 2.100 millones (1.500 millones corresponde a las autonomías y el resto de los ayuntamientos) y a casi 1.700 millones alcanzan las remuneraciones de las nóminas de los empleados de prisiones.
Los Servicios Públicos Generales descritos, es decir, el aparato político y burocrático ocupa el cuarto lugar con esos casi 18.000 millones de presupuesto en remuneraciones.
Por su parte, las nóminas destinadas a Asuntos Económicos en labores de gestión y de prestación de servicios cuestan 14.951 millones. Entre ellos, destaca el Transporte (sobre todo por ferrocarril por parte del Estado y del metro o autobuses por parte de las corporaciones locales). Y casi 2.000 millones cuesta el personal público destinado a atender a la Agricultura (1.300 millones corresponden a las autonomías). En todo caso, más de un tercio de esta partida total es de las CCAA, que han tenido que configurar sus propios sistemas de gestión duplicando en muchas veces los del propio Estado.
La Defensa ocupa el sexto lugar en el ranking de las divisiones de gasto en nóminas con 7.218 millones exclusivamente del Estado. El grupo de Defensa Militar (esos 6.990 millones) acapara la casi totalidad del desempeño y, por ejemplo, las ayudas militares al exterior disponen de 149 millones.
La Protección Social acumula un gasto salarial de 9.127 millones. Se trata también de competencias transferidas o trasladadas ya que el Estado sólo se gasta 215 millones (casi un 20% menos que en 2018 cuando Sánchez llegó a La Moncloa). Los ayuntamientos son los que soportan el mayor peso de este gasto con 3.900 millones (mil millones más que hace seis años) mientras que las autonomías emplean unos 2.900 millones. Las prestaciones con más gasto de personal son las dedicadas a Enfermedades y Discapacidad, a los mayores y a las familias e hijos.
El ocio y la cultura es la octava división de gasto de personal con 5.684 millones. Los sueldos de los efectivos para atender los Servicios Culturales alcanzan 2.411 millones mientras que los que se dedican a los Servicios Recreativos y Deportivos superan los 1.600 millones y, por ejemplo, las nóminas de las Televisiones y Radios públicas que figuran en los presupuestos limitativos de cada Gobierno se acercan a los 1.300 millones (500 millones corresponden al Estado y unos 650 millones a las autonomías).
La protección al Medio Ambiente es la penúltima división del gasto en personal público con 2.951 millones. La principal partida es la de Gestión de Residuos (con casi 1.300 millones) a cargo en su mayor parte de los ayuntamientos.
Y en el furgón de cola del gasto en nóminas pública figura el servicio dedicado a la Vivienda y a los Servicios Comunitarios con 1.300 millones que corresponde a las CCAA y los ayuntamientos en su integridad. Pero, sólo 600 millones, es decir, sólo el 46%, se dedica a la gestión pública relacionada con la vivienda ya que el resto de la partida se corresponde con el personal público destinado al Desarrollo Comunitario, al Abastecimiento de Agua, y al Alumbrado y otros menores que suelen estas subcontratados al sector privado.
Todo este ‘baile’ de partidas de gasto en nóminas, muchas de ellas sin sentido ni función específica, confirma la necesidad de realizar una reforma profunda de las Administraciones y lo alejado que está la clase política en atender los servicios públicos reales que demanda de la sociedad.
