Este mes de mayo en la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF ) y en su estudio de evaluación de la regla de gasto en pensiones, que verá la luz en los últimos días del mes. Y es que mayo es un mes decisivo, debido al temor a eventuales nuevos ajustes, que el Gobierno descarta, pero numerosos analistas señalan que vienen curvas, por la crisis desatada por la guerra en Irán. Otros países, como Alemania, han anunciado recortes en pensiones o sanidad para financiar el gasto en defensa.
En España, lo inmediato es el estudio de la AIReF, segundo examen a la sostenibilidad del sistema público(el primer informe de la AIREF, en 2025, le dio un aprobado raspado), y de él depende que se active o no la cláusula de salvaguarda. Hay que recordar que, si la AIReF detecta un incumplimiento de la meta de gasto fijada por la Ley de reforma de las pensiones, y comprometida con Bruselas, el Gobierno se vería obligado a establecer nuevas medidas de ajuste.
Queda clara la relevancia de este segundo chequeo de la Autoridad Fiscal, presidida por Inés Olóndriz, ya que está en juego la eventualidad de más ajustes, por la vía de los ingresos (mayores cotizaciones o impuestos) o la de los gastos (recortes), o una combinación de ambas. La fórmula más probable e inmediata podría ser elevar la cotización asociada al MEI (Mecanismo de Equidad Intergeneracional).
La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha asegurado en varias ocasiones que los números les hacen ser positivos y descartan recortes, pero aun así, el Ministerio decidió pedir a la AIReF este informe adicional antes del 1 de junio de 2026, «para tener una imagen actualizada de la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones».
Respecto a la posibilidad de una activación de la cláusula de cierre en pensiones, Saiz avisa: «No debemos ver la acción de la cláusula como algo catastrófico. Está precisamente para dar certidumbres, no para generar miedo. Si no se llegara a un acuerdo, la Ley establece que se activaría este mecanismo automático» para salvaguardar la sostenibilidad.
Segundo examen, entre la inquietud y la polémica
Este nuevo chequeo a las pensiones llega precedido de cierta polémica, debido a que la ley establece que la Autoridad Fiscal evaluará la regla de gasto cada tres años, para detectar posibles riesgos. De ahí la sorpresa cuando el Gobierno pidió un segundo estudio recién publicado el primero, lo que conducirá a que se realicen dos revisiones sobre la salud de las pensiones en el plazo de un año.
De hecho, los sindicatos UGT y CCOO, miembros de la Mesa de Diálogo Social en Pensiones, mostraron su sorpresa por el encargo de este nuevo examen, habida cuenta de que el primer chequeo efectuado por la AIReF «resultó positivo para la sostenibilidad del sistema público gracias a las reformas puestas en marcha».
También generó controversia la reticencia de la anterior presidenta, Cristina Herrero, muy crítica con la actual regla de gasto en pensiones, que a su juicio no es la adecuada para evaluar los posibles desvíos respecto a la evolución del gasto y los ingresos de la Seguridad Social. Para Herrero, el Gobierno debe integrar la regla de gasto en pensiones en la regla nacional, llevando a cabo una reforma integral del marco fiscal nacional, para corregir sus debilidades y alinearlo con el marco europeo, ya que actualmente es «poco sólido, coherente y eficaz».
Así fue la primera ‘sentencia’ de la AIReF
El 31 de marzo de 2025, la AIReF emitió un informe en el que constataba el cumplimiento de la regla de gasto en pensiones, aunque por poco, al tiempo que advertía de que la sostenibilidad del sistema de pensiones no ha mejorado respecto a las previsiones publicadas en 2023.
En ese primer informe, la Autoridad Fiscal señalaba que las previsiones de la Comisión Europea, actualizadas con los datos observados en 2022 y 2023, sitúan el gasto en pensiones en el 14,6% entre 2022 y 2050 y estima que las medidas de ingresos suponen el 1,4% del PIB en este mismo periodo.
En conclusión, la AIReF, entonces presidida por Cristina Herrero, consideraba cumplida la regla de gasto establecida por el Gobierno, con un gasto en pensiones neto de medidas de ingresos del 13,2% en el promedio 2022-2050, inferior, pero por muy poco, al 13,3% pactado con Bruselas.
