Se precisarán nuevas medidas más dolorosas en futuro cercano
Algo de demografía: El fin de las pensiones se acerca
El problema de las pensiones no es político, sino biológico. En 1909, cuando el gobierno conservador de Antonio Maura creó el Instituto Nacional de Previsión, precursor de la Seguridad Social, la esperanza de vida de un español era de 36 años. En 2023, los españoles de 36 años todavía andan pensando a qué quieren dedicar su vida cuando sean mayores. Durante el franquismo se elevó la esperanza de vida 25 años, desde los 51 de 1940 hasta los 76 de 1978. Hoy, la esperanza de vida de un español es de aproximadamente 83 años (86 para las mujeres y 80 para los hombres). Es decir, que un español de 2023 pasa casi tantos años de su vida dependiendo de los demás como manteniéndose a sí mismo.
En 1960, la tasa bruta de natalidad (nacimientos por cada 1.000 habitantes) en España era de 21,7. En 2020 fue de 7,19. España es, junto con Italia, el país europeo con la tasa de natalidad más baja. La tasa que garantiza la estabilidad de la población es de 2,1 hijos por mujer. Por debajo de esa cifra, la población decrece.
¿Cómo puede entonces mantenerse un sistema de pensiones de reparto con una población decreciente y cada vez más envejecida? Muy sencillo, no se puede. Es matemáticamente imposible.
Algo de “números” fríos.
El gasto actual en pensiones roza el 12% del PIB, pero a finales de la década de 2040, cuando el sistema alcanzará su pico de tensión, se habrá elevado al 15% del PIB: un ‘agujero’ de tres puntos de PIB que, si se toma como referencia la última estadística del INE, rondaría los 40.000 millones de euros.
Lo cierto es que según trasladan fuentes de Seguridad Social, la subida de cotizaciones del MEI aportará a las arcas públicas en los momentos de mayor tensión un máximo de nueve décimas de PIB (unos 12.000 millones). La ampliación de las bases máximas supondrá otras cinco décimas de PIB (6.600 millones), mientras que la “cuota de solidaridad” aportará algo más de una décima (1.300 millones). En total un incremento de 1,5 puntos de PIB (unos 20.000 millones) a los que habría que restar otra décima de gasto adicional que supondrá el aumento del periodo de cómputo a 29 años descartando los dos peores. Una cifra que previsiblemente será menor dado que no tiene en cuenta los costes que supondrá la subida de las pensiones mínimas, la cobertura de lagunas y la ampliación del complemento por brecha de género, los cuales Seguridad Social todavía no ha revelado.
El resto del desequilibrio (mínimo de 20.000 millones) queda a merced del incentivo para que los trabajadores alarguen su vida laboral con lo que se espera aumentar los ingresos del sistema, en el escenario más optimista, en 21.000 millones de euros (1,6 puntos de PIB), cuantía, en principio, suficiente para equilibrar el sistema aunque la Comisión Europea cuestiona estas cifras concretas. Además en la Seguridad Social confían en sus desconocidos cálculos que la tasa de paro caerá por debajo del 10% en los próximos años, lo que se traducirá en más ingresos por cotizaciones y menos gasto en prestaciones por desempleo.
Algo de realidad: la ‘pseudoreforma’ no remediará sus males
El Gobierno ha concluido la reforma de la Seguridad Social que le reclamaba Bruselas para disponer del dinero Next Generation que le proporciona a cuentagotas imponiendo criterios a costa del consenso que estas cuestiones precisan, y lo que es peor, sin solucionar el agujero financiero que tiene el sistema ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo. Ha echado mano de mecanismos populistas y divisivos, que tendrán un coste muy elevado para el empleo, y lo que es peor, para el empleo de los menos cualificados del mercado.
El planteamiento electoral, y no la convicción, han conducido al Gobierno en la gestión de las pensiones y su proyección en las próximas décadas. Por ello planteó una reforma que debería garantizar la sostenibilidad financiera del modelo en dos fases bien diferenciadas, pero dejando claro que lo primero es asegurar cómo se deben revalorizar las prestaciones cada año. Después, cuando Bruselas obligue, ya se acometerá cómo se financian.
La primera parte de la supuesta reforma garantiza por ley que las prestaciones subirán siempre tanto como lo haga la inflación, corrigiendo primero las desviaciones del año precedente y consolidándolo después en la nómina de cada pensionista. Sea cual sea el IPC se le endosan al sistema en 2023 para siempre cada año 14.000 millones de euros a una caja que no los tiene, y que tendrá que reclamar a los mercados de bonos. Era la parte fácil de los cambios, y sin ningún tipo de oposición política, pues a fin de cuentas según algunos gobernar es gastar. La parte complicada de la supuesta reforma, el reforzamiento de los ingresos para pagar el gasto comprometido y el que habrá de venir como un tsunami cuando la explosión demográfica de los sesenta y setenta del siglo pasado llegue al retiro (los famosos babyboomers), se deja para el final. Y una vez más, con un planteamiento electoral y populista, se carga la factura a las espaldas de las rentas más elevadas
Por tres vías diferentes se elevan las cotizaciones en el país en el que representan mayor proporción de los ingresos de la Seguridad Social, en lo que es un auténtico impuesto sobre el empleo, precisamente la variable en la que España tiene mayor desventaja, y cuya alarma es una tasa de paro que duplica la europea.
Primero se duplica la potencia del Mecanismo de Solidaridad Intergeneracional, esa especie de válvula de escape que pretende sustituir al Factor de Sostenibilidad. Se pasa la aportación desde 0,6 puntos sobre las bases de cotización, hasta alcanzar en 2029 1,2 puntos, de los que las empresas pagarán un punto, y los trabajadores el 0,2. En segundo lugar, se aplica un destope paulatino de las bases máximas, que no son más del 5% de cuantas contabiliza la TGSS, con un incremento adicional anual de casi un punto sobre el IPC hasta 2050, sin que tal sobrecoste tenga reflejo en la subida de las pensiones. Por último, se crea una cotización adicional de solidaridad para la parte de la remuneración que está por encima de la base máxima, y que supondrá un punto adicional sobre tal exceso, y al que se añadirán 0,25 puntos al año hasta alcanzar 6 puntos de sobrecotización en 2045, que si puede justificarse como ejercicio de equidad en la imposición general, es una herramienta que en el sistema de pensiones socava la contributividad que se le supone.
Así se pone en peligro el principio general de los tres escalones del modelo de pensiones. Primero: las pensiones de quien no cotiza para llegar a una contributiva se reciben del Estado vía impuestos, como no contributivas; segundo: los que más ganan abonan con un trasvase de recursos vía cotizaciones una buena parte de la pensión de quien genera derecho a contributiva, pero no aporta lo suficiente como para financiarla; y tercero: los afortunados que ganan más de lo que cotizan pueden optar, (voluntariamente, como el resto de los ciudadanos) por capitalizar pensiones privadas si quieren mantener el nivel de ingresos que tenían como activos, ya que su tasa de retorno (pensión sobre último sueldo) es la más baja del sistema.
Así y todo, nadie que aplique las matemáticas con criterio actuarial a la evolución esperada de la demografía y del mercado de trabajo considera que las tres medidas aplicadas puedan generar los recursos necesarios para soportar la factura de las pensiones a diez o veinte años vista. En el mejor de los casos, aportarán la mitad de lo que el Gobierno espera.
Cierto es que esta reforma seguramente estará también derogada en unos pocos años, porque la realidad impondrá otras que deben dejar de ser un cuento con final feliz, y admitir que el sistema no es sostenible tal como está montado, y que solo lo será si se recorta el gasto y en paralelo se suben los ingresos. Subir solo los ingresos para que corran detrás de un gasto que va a una velocidad endiablada, no deja de ser un cuento de hadas para dormir mejor.
Además esta enésima subida de costes para las empresas tendrá un efecto indeseado en el empleo. Ya han aparecido informes con cálculos de la pérdida pasiva de empleo (el que se renuncia a crear) con tales medidas, que multiplican el efecto perverso del resto de subidas de costes. Pero lo que es innegable es que esta sobrecarga a los supuestos ricos (rentas del trabajo elevadas), tendrá un coste sobre los supuestos pobres (rentas bajas) pues las empresas asumirán el sobrecoste de los mejor pagados porque es la franja de las plantillas con más talento, más productividad y más imprescindibles en la cadena de producción, sea en la industria o en los servicios. Pero si no pueden repercutir tal sobrecoste en sus precios (esa es otra: estas subidas son inflacionistas, como todos los impuestos), reducirán coste laboral en las franjas de la plantilla con menos talento, menos productividad y más prescindibles.
Algo de las consecuencias de la ‘no reforma’ de las pensiones
Sorprende que las medidas tomadas en esta legislatura para garantizar la sostenibilidad de las pensiones a largo plazo den como resultado un aumento en el gasto por pensiones. En las dos fases de esta reforma, se han aprobado: la vinculación del crecimiento de las pensiones al IPC, la eliminación del factor de sostenibilidad, la mejora que supone el nuevo cálculo de las pensiones para los empleados con carreras irregulares y la subida de las pensiones mínimas.
La primera y más evidente consecuencia es que la reforma aumentará el déficit en más del 2,5% del PIB y empeorará la sostenibilidad del sistema público de pensiones, por lo que ni es una reforma ni puede entenderse que la Comisión Europea la haya aceptado de cara a aprobar el acceso a la totalidad del desembolso del Plan de Recuperación. El aumento del gasto no va a compensarse con un incremento en la recaudación ya que las nuevas medidas se centran en aumentar las cotizaciones de aquellos empleados con salarios superiores a los 54.000 y, como las rentas de este colectivo apenas supera el 5,3% de las rentas totales de trabajo, los ingresos no serán suficientes.
Pero la consecuencia más trascendente de esta reforma es que rompe definitivamente el carácter contributivo del sistema público de pensiones, que ya venía produciéndose paulatinamente estos últimos años. La reforma rompe definitivamente con el carácter contributivo del sistema de pensiones español. Las prestaciones ya no guardan una proporcionalidad con el esfuerzo de contribución realizado. La puntilla la han dado el gradual destope de las bases máximas sin apenas aumentar las pensiones máximas (en 2050 las bases máximas habrán subido un 38% frente a un 3,15% de las pensiones máximas), el incremento de las pensiones mínimas por encima del resto de pensiones y otorgar más pensión a aquellos empleados que han sufrido carreras irregulares.
Sin hacer mucho ruido hemos pasado de un modelo contributivo a uno asistencial. Y esto tiene mucha importancia porque cuando se vaya jubilando la generación del baby boom, y ya no quede más remedio que hacer un ajuste en el gasto por pensiones, se hará aplicando reducciones a las pensiones más altas.
Por último, se incide en el trato desigual entre generaciones. Mientras los actuales jubilados siguen sin asumir ninguna parte del déficit, los activos ven que su salario sube menos que las pensiones, que las tablas de IRPF no se actualizan y pagan más impuestos, que se les aumentan las cotizaciones, que el mercado laboral será más complicado y que encima tienen unas expectativas de pensión más bajas que las actuales por la llegada del baby boom a la jubilación. Y tampoco hay que olvidar a los más jóvenes, que mientras juegan y estudian sufren sin darse cuenta el incremento sin cesar de una deuda pública que tendrán que pagar con su esfuerzo.
Estamos ante una no reforma de las pensiones que exigirá nuevas medidas que serán más dolorosas de lo que hubiesen sido si ahora se hubiera controlado el gasto. No tardaremos en verlo, la generación del baby boom empieza ya a jubilarse.
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