El Gobierno aumentará un 7% las transferencias a la Seguridad Social para cumplir con las pensiones
El Gobierno no frena el gasto público y el Consejo de Ministros ha aprobado este martes el límite de gasto no financiero, conocido como ‘techo de gasto’, del Presupuesto del Estado para 2025, que se eleva ligeramente a la cifra récord de 199.171 millones de euros, incluyendo los fondos procedentes de la Unión Europea.
Cabe recordar que el techo de gasto es el paso previo a la puesta en marcha de los Presupuestos Generales del Estado de 2025, que este año penden de un hilo por las dudas sobre el apoyo de los independentistas -y sus tradicionales socios- a Pedro Sánchez.
Con este paso, el Ejecutivo da el ‘pistoletazo de salida’ para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025, que el Gobierno pretende aprobar en tiempo y forma antes de que acabe el año, con el objetivo impulsar la economía, pero teniendo en cuenta el complejo panorama internacional y la reactivación de las reglas fiscales europeas, y con algunas novedades para la ‘hucha’ de las pensiones.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero ha explicado que esta cifra de 199.171 millones es «bastante similar» a la registrada en el año anterior –solo ligeramente superior–, dado que a partir de ahora España recibirá más préstamos que transferencias procedentes de los fondos ‘Next Generation EU’.
Sin tener en cuenta los fondos europeos, el ‘techo de gasto’ se eleva en 2025 a 195.353 millones, un 3,2% más respecto al año pasado (6.138 millones más). «Es un incremento relevante, pero prudente, que anticipa nuestro compromiso con la estabilidad fiscal», ha subrayado la titular de Hacienda.
Aumento de las transferencias a la Seguridad Social
Lo cierto es que las medidas de la reforma de las pensiones para incrementar los ingresos: el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), la “cotización de solidaridad”, el aumento de las bases máximas de cotización, las cotizaciones de los autónomos en función de los ingresos,… no son suficientes para poder abonar unas pensiones cada vez más numerosas y más altas, por lo que el déficit del sistema se va aumentando (y acumulando deuda) a pasos acelerados y únicamente las enormes transferencias del Estado (
La reforma introdujo nuevas medidas de ingresos, siendo la principal el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que supone un aumento de las cotizaciones sociales, también impulsadas por la creación de empleo. Esto da como resultado que los ingresos por cotizaciones hayan alcanzado un récord de 67.889 millones en los cinco primeros meses de 2024, lo que supone un 33,1% más que antes de la pandemia. Sin embargo, el problema es que los gastos no paran de crecer por la indexación de las pensiones contributivas al IPC, el crecimiento superior de las mínimas y las mayores pensiones medias tras carreras laborales con sueldos más elevados, lo que sigue impidiendo que los ingresos por cotizaciones cubran las pensiones contributivas.
La titular de Hacienda ha anticipado que el Estado transferirá a la Seguridad Social 22.881 millones de euros en 2025, un 7% más que este año garantizando la sostenibilidad del sistema y ha matizado que mantendrá un objetivo de déficit de la Seguridad Social del 0,2% en los tres próximos ejercicios y que éste «será compatible con la revalorización de las pensiones con el IPC», gracias al incremento de las transferencias que permitirá «equilibrar cuentas».
Se trata de una inyección financiada con impuestos que en 2025 volverá a marcar un nuevo récord. No obstante, la cantidad de transferencias completa se conocerá una vez se publique el libro amarillo de los presupuestos y será superior porque también incluirá los pagos finalistas para pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital. En 2023 el importe total de las transferencias ascendió a 39.398 millones.
Además, en 2023 también hubo un nuevo préstamo para cubrir el déficit por importe de 10.000 millones de euros y sin intereses. Esta forma de proceder durante la última década ha provocado que la deuda de la Seguridad Social con el Estado ascienda a 116.170 millones de euros, según los últimos datos del Banco de España relativos al primer trimestre de 2024. Por comparar, es un importe que se acerca a la deuda que las comunidades autónomas tienen con el Estado (199.105 millones) y que ahora se debate condonar parcialmente.
Esta situación contrasta con los mensajes positivos del Gobierno de ingresos a la conocida como hucha de las pensiones (Fondo de Reserva), pensada para servir de apoyo a la Seguridad Social en momentos de tensión. A fecha de 31 de mayo, la hucha contaba con 7.022 millones de euros, de los cuales 1.373 proceden del MEI. El Gobierno prevé que el fondo termine el año con 9.200 millones y que al final de la legislatura alcance 25.000.
Fedea y otros expertos han criticado que se destinen los ingresos del MEI a llenar de nuevo la hucha porque “no hay un excedente real que se pueda ingresar” dado que las transferencias desde el Estado y los préstamos cada vez son mayores. “Lo que estamos haciendo es emitir más deuda para financiar una aportación ficticia al mismo”, señala el documento Las cuentas de la Seguridad Social Ampliada.
El gasto en pensiones ya acaparó el 41,8%% de los presupuestos de 2023 y supone un coste de oportunidad para reforzar otras partidas. Además, según fuentes del Ministerio de Hacienda, el crecimiento del gasto en el subsector de la Seguridad Social complica cuadrar la regla de gasto con Bruselas. El informe de la AIReF en 2025 basado en los cálculos de Bruselas será el que decida si es necesario adoptar nuevas medidas para conseguir la sostenibilidad del sistema.
Para 2025, el Gobierno se compromete a un déficit del 2,5% del PIB, para 2026, este descuadre será del 2,1% y del 1,8% en 2027. Hasta 2027, no se comprometen a reducir la deuda pública por debajo del 100%, situándola en el 99,7%.
En definitiva, de nuevo, el Gobierno confirma que va a reducir el déficit público sin reducir gasto y para ello sólo puede haber un camino: el del aumento de los ingresos vía impuestos. De hecho, Montero prevé elevar los ingresos tributarios un 5,4% en 2025, lo que supondrá otro récord de recaudación, como viene haciendo durante los años anteriores.
Procedimiento legal de aprobación
Una vez conocidos el techo de gasto y la senda fiscal, el acuerdo del Consejo de Ministros debe ser ratificado por las Cortes Generales, primero por el Congreso y posteriormente por el Senado, pero el Gobierno ya se ha asegurado que la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta no pueda vetar los objetivos de estabilidad presupuestaria –que es lo que se vota–, como ha sucedido otros ejercicios, y para ello ha eliminado esta facultad del Senado en la Ley de Paridad que ha entrado en vigor recientemente.
De esta forma, el Ejecutivo, que no cuenta en el Parlamento con la mayoría necesaria, confía en que sus habituales socios de gobierno ratifiquen los objetivos y pueda comenzar así a elaborar las cuentas públicas del próximo año, que pretende aprobar en tiempo y forma, toda vez que este año están prorrogados las de 2023.
