MÁS DE UN MILLÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEBERÁ JUBILARSE DURANTE LA PRÓXIMA DÉCADA

Las CCAA son la administración con mayor porcentaje de empleados mayores de 55 años, un 59%

La Administración Central y la Seguridad Social aglutinan cerca de 160.000 empleados

Por sexos, los hombres suponen el 42,7% de la fuerza laboral de la Administración

 

En un panorama que promete transformaciones significativas del trabajo, se proyecta que más de un millón de trabajadores del sector público en España, unos 1.050.000, deberán jubilarse durante la próxima década. Este pronóstico, tomado a través de los datos de asalariados del sector público de 2023 que publicó el Instituto Nacional de Estadística, plantea un desafío sin precedentes para las instituciones gubernamentales, que se ven obligadas a adaptarse a una nueva realidad laboral marcada por la renovación generacional, un asunto que desde Europa no quieren dejar pasar.

 

Por ramas, las Comunidades Autónomas (CCAA) son las que mayor empleo concentran y emergen como epicentro del foco para la transformación, con el 59% del total de trabajadores públicos que superan los 55 años; unos 622.000 trabajadores. Le siguen los entes locales y municipales con 215.000 trabajadores que dejarán de trabajar durante los próximos 10 años. Asimismo, la Administración Central y la Seguridad Social concentran aproximadamente 160.000 trabajadores. En el resto de administraciones se concentran los 52.000 trabajadores restantes.

Del mismo modo, esta radiografía laboral también refleja una mayor presencia de mujeres, con los hombres representando el 42,7% de la fuerza laboral del sector público.

 

Cerca de jubilarse

Los grupos de edad más cercanos a ese último día (de 65 a 69 años y de 70 en adelante), también son los que tienen una presencia más escasa. En esta situación quedan algo menos de 60.000 trabajadores; mientras que, en las escalas inferiores, de 55 a 59 años y de 60 a 64 años, se concentran 567.900 y 422.200 trabajadores, respectivamente.

 

Si comparamos esta situación con la del año pasado no va a diferir mucho. Pero vemos que se han incorporado 32.000 personas más a esta casuística.

 

Y es que desde la crisis financiera, la plantilla ha experimentado una disminución del 10% en sus miembros y se enfrenta a un desafío demográfico particular. Según las proyecciones a ocho años, se anticipa una “pérdida masiva de efectivos”, tal como señaló la cartera de Función Pública en 2022. El ministro Escrivá estima que cerca del 60% de la plantilla de la Administración Central se jubilará para 2032, lo que equivale a unos 100.000 funcionarios de carrera y personal laboral fijo. “Nos enfrentamos a un desafío extraordinario en términos de relevo generacional”.

 

“Nuestro país está envejecido, particularmente en la Administración Pública”, explicó en el Senado el ministro Escrivá la semana pasada. Por eso el encargado de la cartera de Función Pública se lanza a reformar la Administración e invertir el “capital humano”.

 

El mercado laboral español enfrenta un déficit de inversión en capital humano, tanto en el sector privado como en el público, según informó el ministro Escrivá. A pesar de las ofertas récord de empleo público, la Administración ha experimentado una reducción del 10% en su plantilla desde antes de la crisis de 2008. El desafío es aún mayor debido a la evolución demográfica, que requiere que el personal funcione atienda a un número creciente de personas (2 millones más) y la emergencia de nuevos servicios y prestaciones.

 

No fue hasta 2021 cuando el saldo entre las bajas y las altas en la plantilla fue positivo. La previsión de jubilaciones masivas era fácil de anticipar con los datos disponibles sobre la plantilla. De hecho, el ministerio publica anualmente un estudio de envejecimiento: el 64% de la Administración tiene 50 años o más, más del doble que el total de asalariados (30%). La edad media del personal laboral roza los 52 años, mientras que el personal fijo tiene una media de 54,5 años.

 

Una de las medidas que Escrivá está considerando para equiparar los beneficios entre asalariados y funcionarios es la introducción de la jubilación flexible, para lo cual prepara incentivos que serán negociados con los agentes sociales. El ministro Escrivá planea expandir el catálogo de tipos de retiro disponibles en la Seguridad Social, mejorando las condiciones de jubilación anticipada, parcial, activa y demorada.”Es importante que en cada uno de estos ámbitos de jubilación existan los incentivos adecuados, explica el responsable de Función Pública.

 

Algunas de estas modalidades ya han sido configuradas o están siendo reformadas. Los asalariados ahora pueden acceder a la jubilación anticipada de forma voluntaria, aunque están sujetos a nuevos coeficientes reductores que implican una reducción en la pensión. La jubilación parcial también está siendo mejorada, tanto en el sector público como en el privado, promoviendo el uso generalizado del contrato de relevo. Por otro lado, se están incentivando las jubilaciones demoradas mediante pagos únicos o bonificaciones sobre la prestación.

 

Proyecciones para 2032

Según el último Estudio sobre el envejecimiento de las plantillas en la Administración General del Estado 2022 y proyección futura a 2032, publicado por el Ministerio de Hacienda, relativo exclusivamente a la Administración Central, se prevé que habrá “una pérdida masiva de efectivos, con el 58,61%de la plantilla actual jubilada (97.027 efectivos). Por el contrario, permanecerán en activo 68.520 (41,39%), 59.653 efectivos de personal funcionario de carrera y 8.867 de personal laboral. El porcentaje estimado de pérdidas ha disminuido ligeramente respecto a las previsiones de 2021 para el 2031, donde era del 59,64%”, de acuerdo con lo dicho por Escrivá la semana pasada.

 

Fuente: El Economista Más de un millón de empleados públicos deberá jubilarse durante la próxima década (eleconomista.es)

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