MÁS DE 100.000 ESPAÑOLES ESPERAN QUE LA SEGURIDAD SOCIAL REVISE SU ACCESO A UNA PRESTACIÓN

El número de expedientes se ha triplicado en dos años pese a los cambios en el reconocimiento de los profesionales sanitarios.

 

Más de 100.000 expedientes están a la espera de que la Seguridad Social les asigne una cita para reconocer cuál es su situación médica. La cifra es la más alta de los últimos cuatro años, según los datos de la primera semana de febrero. De hecho, la cifra se triplica con respecto a la que había en marzo de 2022, cuando 30.946 españoles estaban en esta situación.

 

Detrás de esos 104.203 casos hay muchas situaciones. Desde trabajadores que llevan más de 12 meses con una incapacidad temporal a madres que han solicitado la prestación por riesgos durante el embarazo y la lactancia. Los médicos inspectores de la Seguridad Social también tienen que revisar el acceso al seguro escolar o las prestaciones de orfandad.

 

El colectivo de médicos lleva varias jornadas de huelga convocadas, por parte de UGT, para reclamar más recursos, que las evaluaciones las vuelva a hacer un órgano multidisciplinar y también la independencia del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

 

Antes del 18 de mayo del pasado año, si un trabajador estaba durante más de 12 meses en situación de incapacidad temporal, un equipo de valoración de incapacidades (EVI) evaluaba si esa persona podía o no volver a su puesto de trabajo. Pero desde esa fecha, es un médico inspector de la Seguridad Social quien toma la decisión y no un equipo de cinco personas, que conforman un EVI.

 

El Ministerio de Seguridad Social justificó, en su momento, un ahorro económico al adelantar el reconocimiento de las altas médicas. También esperaban un “ahorro en jornadas de trabajo de los funcionarios de las Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)”. El EVI lo formaban tres funcionarios del INSS, “presidente, secretario y médico inspector”, Sin embargo, el ahorro no se cuantificó y los tiempos no se están acortando en la gestión administrativa, sino lo contrario.

 

La documentación del Ministerio apuntaba que esta modificación en el sentido de que sean los médicos inspectores los que determinen el alta, prórroga o inicio de expedientes de incapacidad permanente, permitiría una actuación más ágil y eficaz y, por ende, reduciría de manera significativa el gasto tanto de gestión como de la prestación de incapacidad temporal”, apunta en la documentación el Ministerio.

Este cambio lo rechazó la Asociación Profesional de Médicos Evaluadores de la Seguridad Social (Apromess) que acusó “el incremento de cargas de trabajo y la modificación sustancial” de las funciones que desarrollaban. Además, consideraban que “individualizar el alta no es el sistema más eficaz para mejorar la IT”. “Somos conscientes que aumentará la inseguridad en las consultas, sufriendo enfrentamientos directos con los usuarios que sean citados a las consultas. Se verán expuestos nuestros datos personales, atentando contra nuestra protección de datos y señalándonos como responsables del alta, sin que estas medidas supongan ninguna mejora en la gestión de la incapacidad temporal”, añadían desde Apromess.

 

Fuentes de la asociación trasladaron que se había producido un incremento significativo de las incapacidades temporales que exceden los 12 meses y que ahí estaría la clave de la decisión de Seguridad Social. No obstante, creen que esta decisión empeorará más estos datos y no mejorará los indicadores como pretende el Ministerio. Desde Apromess trasladan que en algunos centros de trabajo el déficit de plantilla alcanza el 50%.

 

Los médicos llevaban tiempo reclamando un incremento de la remuneración por productividad que reciben. Sin embargo, no ha sido hasta que se ha cambiado este criterio en las incapacidades temporales cuando el Ministerio decidió actualizarlas. De hecho, Seguridad Social reconoce que se va a producir un “aumento en la carga de trabajo del médico inspector que derivará una mayor disponibilidad, y en consecuencia, vinculación que debe acompasarse con una reforma de las actuales tablas reguladoras del complemento de productividad”. Así, ante una nueva responsabilidad, que antes compartían con el resto del tribunal médico, los médicos evaluadores recibirán entre 952 y 1.087 euros más al mes.

 

“No se están resolviendo tantos casos como antes, no hay tantas altas como había”, comenta una médico de la inspección de la Seguridad Social. La misma fuente asegura que el cambio perjudica a los ciudadanos, puesto que se pierden garantías. “Lo que antes revisaban varios profesionales, ahora tiene que hacerlo un médico. Además, si el paciente reclama, el mismo médico tiene que emitir su valoración sin ver de nuevo el paciente”, insiste.

 

Las fuentes consultadas indican que el incremento en el número de personas que está a la espera de que un médico de la Seguridad Social resuelva su situación también tiene que ver con las listas de espera del Servicio Nacional de Salud (SNS). El hecho de que haya listas de espera para visitas con especialistas o, incluso, para cirugías, provoca que “las bajas no se traten y se prolonguen necesariamente”.

 

Proyecto piloto

Para agilizar estos reconocimientos médicos, el INSS ha puesto en marcha un proyecto piloto para que los médicos valoren a los pacientes por videoconsulta. No obstante, el ciudadano tiene que desplazarse a la unidad médica, por lo que el desplazamiento se tiene que realizar independientemente de cómo sea la atención que recibe por parte del profesional sanitario.

 

“Esto no soluciona nada”, indica la médico. “Un médico tiene que palpar, ver, diagnosticar con el paciente en la consulta, eso no se puede hacer a través de una videoconferencia”, critica. Según los datos, por el momento, se han resuelto menos de una veintena de casos por videollamada. Los pacientes han aceptado esta forma de diagnóstico, aunque en la documentación consta que se revisarán posibles reclamaciones en aquellos casos en los que la prestación no fue reconocida.

 

Déficit de plantilla

El déficit de personal de la Seguridad Social que denuncian las organizaciones sindicales también es una realidad en las plantillas médicas. Según la relación de puestos de trabajo, debería haber unos 660 médicos en la inspección de la Seguridad Social, pero solo hay 574, según los últimos datos.

 

Fuentes sindicales apuntan que aunque se han aprobado ofertas de empleo público, las incorporaciones se han producido en el mismo número que las bajas, por lo que no se están incrementando las plantillas aunque sí ha crecido la carga de trabajo.

 

Fuente: El Independiente

100.000 españoles esperan que Seguridad Social revise su prestación (elindependiente.com)

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