María Jesús Montero, es una marioneta que repite el argumentario que sale cada mañana de Moncloa por el hecho de que si el 15 de julio negaba un cupo catalán en el Consejo de Política Fiscal y Financiera ahora es la primera en apoyarlo para blanquear la investidura de Illa.
María Jesús Montero se había mantenido en un discreto segundo plano desde que ERC detalló el acuerdo para investir a Illa. Pero el sábado pasado, cuando acudió a la investidura de su excolega en el Consejo de Ministros, no le quedó más remedio que defenderlo. Lo sangrante del asunto es que sobre ella pesa el eco de la hemeroteca que recoge sus palabras rechazando, antes del acuerdo, cualquier posibilidad de ceder a las pretensiones de los soberanistas.
El acuerdo, entre otras cosas, saca a Cataluña de la caja común, permite una Hacienda catalana que recaudará el cien por cien de los impuestos y no aclara qué parte de ese dinero revertirá luego a la caja común, quebrando el principio de solidaridad entre territorios.
En el PSOE hasta seis direcciones han pedido al todopoderoso secretario general que convoque un cónclave territorial para fijar una postura común sobre financiación autonómica. Nadie en el partido más allá del núcleo duro del líder tiene una copia del acuerdo.
Montero ha abogado por “avanzar en la federalización del Estado” desde las competencias de tributación con las que se acompaña “la vocación de autogobierno que existe en Cataluña” unas palabras que contrastan con las que formulaba hace solo unos meses cuando aseguraba que no compartía dicho concierto económico. “Nunca en ningún momento se ha planteado que el PSOE o el Gobierno comparta la cesión del 100% de los tributos ni a esta ni a ninguna otra comunidad autónoma”, aseguraba la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Ahora, lo máximo que ha podido afirmar es que “el acuerdo tiene una seña de identidad es la de la solidaridad con el resto de los territorios”, según su propia interpretación.
María Jesús Montero es la todopoderosa mano derecha de Pedro Sánchez. No solo lidera el ministerio que reparte los fondos para todos los demás, sino que es vicepresidenta primera (lo que significa que preside el Consejo de Ministros cuando falta el presidente). Además es la número dos del PSOE.
Sánchez pescó a la ministra de Hacienda en 2018. Entonces llevaba cinco años trabajando en la Consejería de Hacienda a las órdenes de la expresidente (y actual senadora Susana Díaz). Pero ya estuvo en los gabinetes de José Antonio Griñán y Manuel Chaves. Montero, como la mayoría de los miembros de la federación andaluza en aquellos tiempos, era ‘susanista’.
Lo cierto es que según Fedea las consecuencias que podría tener para el resto de las comunidades autónomas españolas la puesta en marcha de un cupo catalán, de un sistema de financiación privilegiada para Cataluña como el que tienen País Vasco y Navarra, estima que sería entre entre 6.600 y 13.200 millones, con lo que la rebaja al presupuesto por persona en cada comunidad autónoma sería de 206,25 y 412,5 euros, respectivamente.
Con el actual sistema de financiación autonómica (SFA) aporta a las comunidades de menor renta recursos extra, por encima de sus ingresos tributarios, por un importe de unos 24.000 millones de euros. Estos recursos provienen en parte del Estado (que aporta algo más de 14.000 millones de euros) y en parte de las comunidades con mayor renta per cápita (Madrid 7.395 millones, Cataluña 2.088 millones y Baleares 345) que aportan otros casi 10.000 millones. Si se elimina la aportación de Cataluña supondría una caída del 1,69 % en la financiación del resto de las comunidades autónomas.
Así la pérdida directa para el resto de comunidades autónomas causada por la salida de Cataluña del sería modesta, pero sería más importante la pérdida por parte del Estado de todos sus ingresos tributarios en Cataluña. El Estado recaudó en 2022 algo más de 30.000 millones en impuestos generados en Cataluña que pasarían íntegramente a la Generalitat con el sistema de concierto. A cambio, sin embargo, la Generalitat pagaría al Estado una aportación que tendría dos partes: un cupo para cubrir el coste de los servicios que el Estado seguiría prestando y una cuota de solidaridad.
El gobierno catalán estima que la brecha entre lo que su comunidad aporta y lo que recibe del Gobierno central rondaría los 22.000 millones de euros: casi el 10 % del PIB, que es un 65% superior al calculado por el Ministerio de Hacienda con un enfoque carga-beneficio, que es lo más parecido a un estándar metodológico internacionalmente aceptado que existe en esta literatura.
Esos 22.000 millones que reivindican los independentistas son los que consideran que el Estado roba a Cataluña, aunque el actual gobierno de ERC es menos radical, y se conformaría con una reducción de su aportación a la caja común de entre el 60 % y el 80 % del déficit reivindicado (bajar del 10 % del PIB a entre el 2 % y el 4 %). Cabe esperar que el acuerdo se cierre con un objetivo de reducir la aportación catalana a la caja común de entre un 30 % y un 60 % del objetivo nacionalista de 22.000 millones de euros anuales lo que supondría un trasvase neto de recursos hacia Cataluña de entre 6.600 y 13.200 millones anuales. Pero en cuanto el gobierno regional tenga realmente el dinero en la mano, la aportación a la solidaridad se irá reduciendo en sucesivas rondas negociadoras y podría tender a cero, con especial rapidez cuando la Generalitat esté presidida por los independentistas
En cualquier caso hacer proyecciones precisas sobre lo que la reforma podría suponer para las finanzas de la Generalitat, del Estado o de otras comunidades autónomas no será posible hasta que no se concreten los detalles de la propuesta, y especialmente el procedimiento de cálculo del cupo y la cuota de solidaridad, o los posibles límites a su negociación. En el plano de la hipótesis extender la medida al resto de las comunidades de régimen común en las mismas condiciones costaría entre 31.000 y 62.000 millones de euros adicionales. El dinero que se quiera destinar a mejorar la financiación de Cataluña (y la de otras comunidades, en su caso) tendrá que salir de algún sitio. Si ninguna comunidad puede perder financiación, el Estado tendrá que ajustar a la baja su gasto, reduciendo las prestaciones de su competencia, como las pensiones o la defensa, o aumentar más aún la presión fiscal sobre la menguante parte de la población que siga estando sujeta a sus tributos».
Por lo que se refiere al PSC no ha dicho hasta dónde querría llegar con la contribución a la solidaridad interterritorial y se podría quizás esperar que apueste por reducir a la mitad la exigencia mínima de ERC con el fin de hacer la propuesta más digerible para la militancia del PSOE, entre otros.
En cualquier caso no está claro en absoluto el recorrido parlamentario que puedan tener las necesarias modificaciones de la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas) pues, a parte de la evidente oposición de la oposición parlamentario (PP y Vox, con 136 y 33 diputados respectivamente) es dudoso el apoyo de algunos de los grupos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez (Junts y el PNE; con 7 y 5 diputados respectivamente), e incluso dentro del espació de Sumar ya se han levantado voces contrarias al “cupo catalán” (Izquierda Unida, Compromís y Chunta Aragonesista, que suman casi la mitad de 31 diputados conseguidos por la coalición)
