Uno de cada cinco euros para abonar la nómina de las pensiones saldrá el próximo año de los impuestos. La retribución bruta de los asalariados menores de 30 años es un 15% inferior al subsidio de un jubilado.
La solidaridad intergeneracional es la columna sobre la que se sustenta el sistema español y los datos indican que se está a punto de caerse. El sistema basado en el reparto implica que las cotizaciones de los trabajadores en activo deben financiar las prestaciones existentes en ese momento, incluidas las pensiones de aquellos que dejaron de trabajar.
La generación del ‘baby boom’, la más numerosa y con largas carreras de cotización llegará en aluvión al retiro, pese a que los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año han ignorado el desembarco de los primeros ‘boomers’, los nacidos en 1958, que cumplirán 65 años en 2023, deseosos de percibir una pensión en la edad ordinaria y eludiendo recortes a sus prestaciones.
La cuestión radica en garantizar las pensiones de hoy y de mañana, en un momento de sueldo bajos y creciendo muy por debajo de la inflación, pensiones elevadas y una proporción de cotizantes con respecto a los pensionistas cada vez más baja por el envejecimiento poblacional y la mayor esperanza de vida.
Las aportaciones a la Seguridad Social de los jóvenes en activo resultan determinantes para financiar las prestaciones de los actuales y futuros pensionistas, pero el principal problema radica en que el sueldo bruto medio anual de un menor de 30 años se sitúa en 16.973 euros, frente a la nómina de un jubilado medio del Régimen General, que alcanza 19.600 euros.
La situación empeora cuando se comparan retribuciones netas, ya que el sueldo de los asalariados jóvenes quedaría en 1.250 euros -tras retenciones y cotizaciones- y las pagas de las pensiones -con una retención en este tramo del 2,61%-, superarían los 1.35o euros en 14 pagas, lo que supone que cobran 4.000 euros más al año.
Desde 2007, último año de la bonanza económica y el anterior a la gran crisis, los sueldos de los jóvenes, que deberán pagar las prestaciones de jubilación, viudedad e incapacidad permanente, no han crecido con la misma intensidad que lo han hecho las pensiones, un crecimiento alimentado con la revalorización de acuerdo al Índice de Precios al Consumo (IPC), y la diferencia no ha sido mucho mayor gracias a la subida exponencial del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Mientras, también ha caído el número de cotizantes con respecto al de pensionistas, hasta el punto de llegar casi a la ratio crítica de dos asalariados por cada perceptor de pensiones en el Régimen General, muy lejos de la proporción de 2,71 que se registró en 2007.
Según las estadísticas de la Seguridad Social, en el mes de marzo de este año había 15,3 millones de afiliados al Régimen General, mientras que los beneficiarios de pensiones de este régimen superaban los 7,2 millones.
Esta ratio y las retribuciones actuales de los más jóvenes deja en evidencia que no es posible sostener las actuales pensiones, que seguirán creciendo de acuerdo al IPC, algo que no pasará con los sueldos.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2052 el grupo de población de más de 64 años se habrá incrementado en más de siete millones de personas, mientras que el grupo comprendido entre 16 y 64 años habrá perdido casi 10 millones.
El envejecimiento y la esperanza de vida harán el resto. En 2027 serán necesarios 38 años y medio de cotización y tener 65 años para obtener el 100% de la pensión, una referencia que desde luego no todos los trabajadores que se retiren cumplirán. Mientras, el tiempo durante el que se cobra la prestación sigue aumentando -solo cayó en pandemia- y se sitúa en algo más de 20 años y seguirá aumentando hasta 2050, fecha crucial para la actual reforma de pensiones.
Lo cierto es que Pedro Sánchez no deja de asegurar que las pensiones no tienen ningún riesgo de quiebra, pero no deja de inyectar dinero de forma opaca y por la puerta de atrás para evitar el impago de las prestaciones por jubilación. El próximo año esa partida batirá todos los récords imaginables: nada menos que 38.770 millones en transferencias corrientes. Además de los 38.770 millones en transferencias de la Administración Central a la Seguridad Social, los PGE2023 incluyen un préstamo de esa misma Administración Central a esa misma Seguridad Social por valor de 10.004 millones de euros. ¿Y por qué no enviar directamente 49.000 millones en transferencias desde la caja del Ministerio de Hacienda a la Seguridad Social y dejarnos de préstamos que no se pagarán nunca? Otro misterio de los PGE-2023.
Una inyección brutal que no deja rastro en las cifras de déficit oficiales de la Seguridad Social, para tapar un agujero descomunal y evitar que quede retratada la salud real de la Seguridad Social en las cifras de déficit oficiales. Los libros de Presupuestos recogen el dato de la megainyección de dinero por la puerta de atrás.
La cifra, de hecho, supera en un 7% los 36.227 millones en transferencias corrientes de 2022 y equivale ya al 25% de los 152.075 millones que se prevén ingresar el próximo año en concepto de cotizaciones.
«El Presupuesto consolidado de ingresos no financieros de la Seguridad Social para el año 2023 asciende a 192.102 millones de euros», afirma en los Presupuestos el Gobierno. «La principal fuente de financiación aparece bajo el epígrafe de cotizaciones sociales, con un volumen para 2023 de 152.075 millones de euros, con un crecimiento sobre el ejercicio anterior de un 11,5 por ciento, lo que permite financiar un 74,5 por ciento del Presupuesto total», afirma el Gobierno en ese documento sin ni siquiera destacar la inyección brutal de dinero extra.
Todo está diseñado en la explicación a dar la sensación de normalidad. Cuando la realidad es que ya, sin la inyección de casi 40.000 millones de euros al años, sería imposible cumplir con las obligaciones plenas en materia de pago de pensiones.
