Piden bajar el mínimo requerido de representatividad ante la «falta de democracia sindical» en el país
Ruido de sables entre los representantes de los trabajadores. Los sindicatos minoritarios, cansados del «monopolio» que detentan CCOO y UGT, han levantado la liebre ante los chanchullos que las organizaciones de clase están utilizando para inflar sus registros a través de «delegados fantasma» y aumentar así la cuantía de las subvenciones que reciben.
CSIF, principal sindicato en la Administración Pública, ha pedido al Congreso la tramitación de una reforma que reduzca el porcentaje necesario de delegados del 10 al 5 % y, a través del cual, impedía la representación de otras organizaciones más allá de CCOO y UGT en el diálogo social.
Se trata de una reclamación histórica ante lo que las organizaciones minoritarias ven como «una falta de democracia sindical en el país». La Ley Orgánica de Libertad Sindical de 1985 establecía que, para tener consideración de sindicatos más representativos a nivel estatal, las asociaciones debían contar con un 10 % mínimo del total de delegados de personal de los miembros de los comités de empresa y de los órganos correspondientes de las Administraciones Públicas.
«Alguno de los responsables de ese porcentaje comentaron que fue para limitar la participación de los sindicatos nacionalistas, mientras que otras aseguraron que era para consolidar a la UGT frente a CCOO, entonces sindicato comunista», explica el director del Gabinete de Estudios de la Unión Sindical Obrera (USO), José Luis Fernández Santillana. «En cualquier caso, la USO molestaba en la operación, con una representación por encima del 9,5 %, muy próxima al 10 %», comenta.
A pesar de lo que ha llovido desde entonces, ningún gobierno se ha atrevido a meter mano al respecto, en gran medida por el miedo a enfrentarse a los dos sindicatos mayoritarios. Pedro Sánchez, de hecho, ha tenido que acudir a una estratagema legal a demanda del PNV para priorizar los convenios autonómicos y que los sindicatos regionales tuvieran la representación que exigían.
Además, los sindicatos minoritarios llevan años denunciando que tanto CCOO como UGT manipulan los registros a través de los llamados «delegados fantasma» para obtener mayores subvenciones del Estado. Se trata de personas que ostentan la condición de representantes de trabajadores en empresas que se han disuelto o donde ya no trabajan, pero como los registros de representantes sindicales se actualizan cada cuatro años, siguen figurando en las listas.
«A la situación de privilegio que tienen ya, donde están prácticamente blindados, se añaden las listas infladas de delegados», explican desde CSIF que calcula que al menos 80.000 personas están en esta situación. Hace unos años, USO ganó una sentencia por la cual se puede pedir ser eliminado del registro como parte interesada, «la pregunta es por qué no lo hacen, así como lo hacemos nosotros», se pregunta Fernández Santillana. «Lo sencillo es que entrara de oficio el Ministerio de Trabajo cruzando datos con la Seguridad Social, como llevamos pidiendo desde hace cinco años», añade.
Subvenciones por representatividad
No es un asunto baladí. Cada año, el Ministerio de Trabajo autoriza la convocatoria de subvenciones a las organizaciones sindicales «en proporción a su representatividad, según los resultados globales obtenidos en elecciones sindicales legalmente convocadas, por la realización de actividades de carácter sindical». Este año, la partida es de 17 millones de euros.
Según el reparto de 2023, cuando se autorizó una subvención idéntica, CCOO recibió 6,4 millones de euros frente a los 5,8 de UGT, prácticamente el 72 % del total. USO, por su parte, apenas obtuvo 735.000 euros, seguido de CSIF (684.000 euros) y ELA (553.000).
Desde CCOO y UGT no sueltan prenda. Desde la llegada de Yolanda Díaz al Gobierno, nunca estos sindicatos habían disfrutado de tanto poder. Mientras hacen y deshacen a su antojo en materias como el SMI, el subsidio de desempleo o la jornada laboral con la connivencia total de Trabajo, observan cómo el Ejecutivo está reduciendo la influencia de CEOE y Cepyme en el diálogo social.
