El anuncio de Pedro Sánchez de avanzar las elecciones generales para el 23 de julio ha dejado muchas leyes en stand-by, en particular las que se estaban tramitando en el Congreso de los Diputados y en el Senado, ahora disueltos. Ahora bien, las incógnitas no solo recaen sobre aquellas propuestas que han quedado en el limbo y también afectan a leyes ya en vigor y que en caso de un cambio de color en la Moncloa pueden quedar derogadas si se tiene en cuenta la postura contraria que hasta ahora ha mostrado el PP
«He dicho que voy a derogar el sanchismo, lo voy a hacer», dice Alberto Núñez Feijóo. Para el líder del Partido Popular, «derogar el sanchismo es derogar la forma y el fondo de hacer política en España, todas aquellas leyes que están inspiradas en las minorías y que atentan contra las mayorías».
Varios expertos certifican que todos los decretos leyes aprobados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez pueden derogarse en el mismo primer Consejo de Ministros que celebre el Gobierno entrante. El Gobierno de Pedro Sánchez ha pervertido la figura del decreto ley, que el artículo 86 de la Constitución permite dictar sólo en caso de extraordinaria y urgente necesidad. Con esta forma abusiva de hacer las leyes, el Gobierno acorta plazos, obliga al Congreso a convalidar sus textos completos (luego se pueden tramitar como proyecto de ley y meter enmiendas) y evita que sus planes pasen por los órganos consultivos correspondientes
Por tanto, si el siguiente gobierno quisiera tumbar las normas aprobadas por Sánchez podría tumbarlas íntegramente a través de los mismos decretos leyes que ha usado su antecesor o modificar los artículos que consideren oportuno. Sin embargo, aquí volvemos a cuestionarnos si es de urgente necesidad derogar un decreto ley por la vía del decreto ley pues estaríamos en un bucle mental y legal
1.- Reforma laboral
Esta reforma cuenta con el visto bueno de Bruselas, así como de los sindicatos y los empresarios, cosa que dificultaría una contrarreforma en caso de un gobierno del PP, lo cual no impediría evidentemente algunas modificaciones en la ley ya vigente.
2.- Reforma de las pensiones
En cuanto a la reforma de las pensiones, uno de los elementos clave es la revalorización de las prestaciones con el IPC, una medida que hasta ahora, el PP no se ha atrevido a decir explícitamente si conservaría tal y como está, pero la decisión de incrementar las cotizaciones sociales, sobre todo a las rentas más altas para que aporten más a la caja de la Seguridad Social, no gustó nada al PP, que, en este caso, sí que tendría el apoyo de la patronal para enterrar la medida.
3.- Impuestos
Alberto Núñez Feijóo ha prometido eliminar los impuestos a la banca, a las energéticas y el de las grandes fortunas. Las decisiones fiscales, no obstante, que recoja el nuevo gobierno tendrán que tener en cuenta el regreso de las reglas fiscales en 2024 y, por lo tanto, la necesidad de cumplir con los objetivos de déficit y deuda.
4.- Ley de vivienda
La ley de vivienda podría tener los días contados si el PP llega a la Moncloa (los populares plantearon llevar la norma al Tribunal Constitucional). En todo caso, si la ley continúa tal como está ahora, hay elementos como el del control de los alquileres, donde quienes tiene la última palabra son las comunidades autónomas y los ayuntamientos, y es posible que, teniendo en cuenta los resultados del 28-M, tampoco prosperen a pesar de que a escala estatal la norma se mantenga.
5.- Sedición y malversación
Una de las promesas que el PP es que si llega al gobierno volverá a incorporar el delito de sedición al Código Penal y restablecerá el de malversación tal como estaba redactado antes de la reforma que el gobierno pactó con ERC. Los populares censuran que el ejecutivo de Sánchez haya intentado exonerar a los independentistas catalanes de sus condenas. El PP también ha prometido volver a tipificar como delito la convocatoria de un referéndum ilegal.
6.- Ley Celaá
El PP tampoco prevé mantener la Lomloe (la llamada ley Celaá), que protegía el catalán como lengua vehicular en las escuelas y era la vía para intentar blindar la inmersión lingüística después de la sentencia del Tribunal Supremo. Los populares ya llevaron la norma al Tribunal Constitucional, pero este mes de abril el órgano emitió un primer pronunciamiento –no definitivo– en el que avalaba la ley. Para el PP, la norma supone marginar el castellano en las aulas catalanas.
7.- Ley de memoria democrática
Esta ley declara por primera vez ilegal el régimen franquista, pero quedó fuera la derogación de la ley de amnistía. Los crímenes franquistas, de este modo, quedan en manos de la interpretación que hagan los jueces. El apoyo de EH Bildu a la ley ha sido el principal argumento de la derecha para atacarla y avisar de que si llegan al gobierno la derogarán. Aseguran que la norma reescribe la historia de España.
8.- Aborto
Cuando Mariano Rajoy llegó a la Moncloa, una de las cuestiones que eliminó fue la posibilidad de que las chicas menores de 16 años pudieran abortar sin el consentimiento de sus padres. Un derecho que había incorporado José Luis Rodríguez Zapatero con la ley del aborto y que la ministra de Igualdad, Irene Montero, recuperó. Al momento de tomar las riendas del PP, Alberto Núñez Feijóo ya avisó de que si llegaba a la Moncloa, las chicas de 16 años volverían a necesitar el consentimiento paterno si quieren abortar.
9.- “Solo sí es sí’
La ley de libertad sexual, (o del solo sí es sí), ha estado en el ojo del huracán durante los últimos meses del gobierno de coalición y provocó una de las crisis más profundas entre socios. Las rebajas a agresores sexuales acabaron llevando al PP a votar la reforma del PSOE para volver al Código Penal anterior a esta normativa. Después de validar estos cambios, los populares aseguraron que no derogarían la ley, pero que volverían a modificar el Código Penal porque consideraban que la propuesta de los socialistas se quedaba corta.
10.- Ley trans
Ha sido uno de los caballos de batalla de la derecha durante toda la legislatura, pero también fuente de conflicto entre los socios de gobierno. La ley, impulsada por el ministerio de Igualdad, establece por primera vez la posibilidad de un cambio de género sin informe médico para los menores de 16 años. El PP intentó abrir la batalla ideológica sobre esta cuestión y ya en su momento anunció que derogaría toda la normativa porque, de entrada, consideraba que había que volver a pedir informe médico para hacer un cambio de sexo tanto para menores como para mayores de edad.
11.- Ley de la eutanasia
El PP ya llevó al Tribunal Constitucional la ley de la eutanasia y es una de las normas que peligran si llega a la Moncloa. Consideran que va en contra del derecho a la vida. Ahora bien, el mismo alto tribunal avaló la normativa este mes de marzo en un debate en que el bloque conservador también se dividió.
12.- Ley de cuotas
Se aprobó en 2019, y más allá de su bienintencionado título, establece la discriminación por razones de género en la contratación en empresas privadas. Obliga a las empresas de más de 50 empleados a elaborar planes de igualdad y se creaba un registro de planes de igualdad de empresas.
13.- Ley Rider
Aprobada en mayo de 2021 es una de las normas estrella de Yolanda Díaz, y bajo el pretexto de querer sobreproteger a los autónomos que decidían libremente prestar el servicio de mensajería a domicilio, ya sea de recados, ventas o comida, se puso en la diana a las compañías que componían este modelo de negocio. Esta ley pone en riesgo el desarrollo de un sector que aporta más de 700 millones de euros al PIB español.
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Ayer Alberto Núñez Feijóo, avanzó sin dar más detalles su intención de rebajar el IRPF para las personas con ingresos inferiores a los 40.000 euros anuales. Todo apunta a que Feijóo podría decantarse por la deflactación del impuesto, es decir, la corrección de las tasas o tramos impositivos para ajustarlos a la inflación, pero no una rebaja general en todos los tramos por debajo de los 40.000 euros, pues el IRPF se estructura en diferentes tramos de ingresos, cada una con una tasa impositiva progresiva y a medida que los ingresos de una persona aumentan y alcanzan el límite de un tramo, se aplica la tasa impositiva correspondiente, de tal forma que un contribuyente con, por ejemplo, 100.000 euros de ingresos, se beneficiaría de los descuentos fijados para los tramos anteriores.