Unos 20.000 agentes han exigido el sábado 26 de noviembre a Interior equiparar sus jubilaciones con Mossos, Ertzaintza y Policía Foral
En la movilización, a la que han acudido 20.000 personas según el cálculo de las organizaciones convocantes, los agentes han recordado al Ministerio al Interior que el acuerdo de equiparación suscrito en 2018 no se ha cumplido en su totalidad y han reclamado a su titular, Fernando Grande-Marlaska, que se incluya una partida presupuestaria para igualar sus pensiones con la de sus homólogos en Cataluña, País Vasco o Navarra. «¡No nos merecemos este trato del Gobierno, solo queremos que cumplan el acuerdo!; ¡mismo trabajo, mismo sueldo!; ¡policías de primera, condiciones de tercera!», han coreado decenas decenas de funcionarios a lo largo de la protesta, que ha arrancado en la Puerta del Sol y ha culminado poco antes de la Plaza de Neptuno.
Los sindicatos se abren a negociar con el Gobierno a partir de 2023 e incluso pactar una subida progresiva en varios años, como se firmó con la equiparación salarial. ”No vivimos ajenos a la sociedad, sabemos que hay una situación económica compleja y una guerra, pero queremos que se reconozca nuestro derecho por tener una profesión de riesgo”. Las organizaciones, sin embargo, no revelan cuál es el montante económico necesario para conseguir esa igualdad en las pensiones.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) han lanzado un órdago al Gobierno para abordar la equiparación de la jubilación bonificada en la edad de los cuerpos con la de Mossos d’Esquadra, Ertzaintza y Policía Foral de Navarra. Un objetivo que policías y guardias civiles persiguen desde hace años. Mientras todas las policías autonómicas y locales tienen reconocidos coeficientes reductores de la edad de jubilación porque sus funciones han sido consideradas de naturaleza «penosa, tóxica, peligrosa o insalubre», los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil no gozan de esta consideración en el desempeño de su trabajo. Y de este modo, no tienen la opción de jubilarse antes de su edad legal ordinaria percibiendo el 100% de la pensión, como es el caso de los policías en Cataluña, País Vasco o Navarra.
La «discriminación» frente a los cuerpos autonómicos se vio agravada a finales del pasado año cuando ERC y EH Bildu cerraron un acuerdo con el Gobierno de Pedro Sánchez para aprobar los presupuestos a cambio de que Mossos y Policía Foral pudiesen prejubilarse a los 60 años sin perder ningún margen de su cotización. Así, desde principios de 2022, los agentes catalanes y navarros pueden ir a la reserva percibiendo el total de su pensión, es decir, sin perder margen de su cotización.
A juicio de los secretarios generales del SUP y AUGC, Mónica Gracia y Juan Fernández, respectivamente, lo que no puede hacer el Ministerio del Interior es desproteger a quienes tienen que proteger a todos los ciudadanos y piden al Gobierno que incluya sus pretensiones en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023, al igual que el Ministerio de Función Pública lo hizo con los agentes locales en 2019.
El Instituto Armado y la Policía Nacional también tienen figuras semejantes a la prejubilación, como la Segunda Actividad o la Reserva. No obstante, los agentes no tienen la posibilidad de cobrar la pensión máxima, es decir, el 100% de su cotización en la Seguridad Social. En cualquier caso, el traslado de un agente a la Segunda Actividad le supone dejar de cobrar unos 700 euros al mes. Una situación que no se revierte cuando el guardia civil o el policía cumplen los 65 años. Según se deduce de las tablas salariales de cada uno de los cuerpos, cuando un policía catalán se retira anticipadamente, cobra un total de 2.659,41 euros, pero si lo hace un policía o un guardia civil, su pensión base es de 1.577,81 euros, a lo que se añaden los trienios acumulados de los agentes, que pueden oscilar entre 200 y 300 euros.
