EL OBJETIVO DEL GOBIERNO
El Gobierno pretende dar un giro de 180 grados a los actuales sistemas de ahorro de cara a la jubilación, sustituyendo de forma paulatina la opción mayoritaria actual que son los planes individuales de pensiones, a los que considera regresivos y que solo benefician a las rentas más altas, por los Planes de Pensiones de Empleo (PPE), aprobados en 1987, aunque tienen escaso éxito en España, ya que permanecen estancados desde hace años tanto en número de participes -menos de 2 millones- como en fondos gestionados -en torno a 35.000 millones de euros-.
La Autoridad Fiscal (Airef) ha puesto de relieve que el actual esquema de incentivos fiscales a los planes de pensiones favorece a las rentas más altas. Casi el 70% del beneficio fiscal (1.150 millones de euros sobre un total de 1.643 millones) se concentra en el 10% de contribuyentes con rentas más altas. Además se considera que la deducción fiscal no es eficaz para generar nuevo ahorro a largo plazo, sino solo para trasladarlo en busca de la ventaja fiscal de los planes de pensiones.
Para llevar a cabo esta ‘ambiciosa’ iniciativa, que se materializará en un nuevo marco jurídico y que se pondrá en marcha en el primer semestre del próximo año, el Gobierno utilizará el cebo de los incentivos fiscales, que se irán desplazando de los individuales a los de empleo; se apoyará en la negociación colectiva -las empresas y las administraciones deberán contribuir económicamente- y se crearán fondos de pensiones de empleo de promoción pública “para introducir competencia en el sector y mejorar la eficiencia de costes”.
Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ya han comunicado a Bruselas su intención de extender los PPE a la mayoría de los trabajadores en 2050 -16 millones de los 19,8 millones ocupados actuales- y que los activos, en términos de Producto Interior Bruto (PIB), pasen del 3% actual al 31%. Pese a que el objetivo está marcado a 20 años vista, no parece fácil que un instrumento de ahorro muy generalizado en Europa, llegue a un tejido empresarial como el español que protagonizan las pymes, que desconocen mayoritariamente como funcionan.
CÓMO FUNCIONAN LOS PPE
Los Planes de Pensiones de Empleo son promovidos por empresas, administraciones e instituciones -sindicatos u organizaciones empresariales- para los trabajadores como instrumento de previsión a largo plazo de cara a la jubilación. Los promotores, que son los ingresan las contribuciones, que pueden ir acompañadas por las de sus empleados, pueden ser más de uno, lo que facilita la adhesión de empresas con pocos trabajadores o con aportaciones pequeñas y los hace menos costosos.
Las decisiones sobre este instrumento de inversión las toma una comisión de control, en la que están los representantes de la empresa, de los trabajadores y de los beneficiarios. El Gobierno pretende que los planes se mantengan aunque el trabajador cambie de empresa, algo que en la actualidad no pasa siempre.
LA SITUACIÓN ACTUAL
El Observatorio de Pensiones de Caser destacaba recientemente que 1 de cada 3 empresas con menos de 50 trabajadores no había oído hablar nunca de los PPE y solo el 7% estaba al corriente de los cambios normativos introducidos este año sobre estos. Mientras, la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco), que recopila los datos sobre todos los diferentes planes, considera que el castigo a los individuales -en los que confían 7 millones de partícipes- tendrá consecuencias negativas en el ahorro.
Los empleados públicos, en torno a 2,6 millones -incluidos los funcionarios de carrera, los interinos y los laborales- previsiblemente serán los primeros beneficiarios de estos planes, que se ya están bastante implantados en diferentes administraciones, aunque de forma muy heterogénea, una situación que cambiará con una regulación de mínimos. Al éxito de este instrumento de ahorro, que en principio irá dirigido preferentemente a los jóvenes y autónomos, también contribuirá la simplificación de los trámites para darlos de altas y la limitación de los costes de gestión de estos planes.
Pese a que su implantación es escasa, las grandes empresas, las entidades financieras y las administraciones públicas han apostado claramente por los PPE como incentivo salarial para sus empleados. Según los datos recogidos por Inverco, más de 1.200 compañías e instituciones tenían suscrito un PPE en marzo de este año y tres administraciones -la General del Estado, la Generalitat de Catalunya y la Valenciana- tenían el mayor número de partícipes, 505.800, 198.50 y 119.360, respectivamente. Mientras, el PPE de Telefónica tenía en el tercer mes del año 2.900 millones y 23.000 partícipes.
BBVA gestiona 1 de cada 4 PPE y tiene un patrimonio bajo su gestión que ronda los 8.000 millones de euros. Entre los ‘clientes’: Administración General del Estado, Altadis, Chanel, Disney, Enagás, Goldman Sachs, Iberdrola, Johnson and Johnson, Pfizer, Repsol y RTVE. Pero también pequeñas administraciones y empresas con todo tipo de actividad se han decantado por este instrumentos, desde Loewe o Louis Vuitton, hasta ayuntamientos como el de Onda, Pinto, Fo o Logroño o la Corporación Radio e Televisión de Galicia y las Corts Valencianes.
En el País Vasco el modelo que se ha adoptado es el de las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV) donde se ha logrado que más de la mitad de los trabajadores tengan, de acuerdo con su empresa, un sistema complementario para la jubilación.
En la actualidad existen cuatro gestoras que engloban a más de 450.000 trabajadores: Geroa Pentsioak , creada por la patronal guipuzcoana Adegi y los sindicatos LAB, ELA, UGT y CCOO, que la gobiernan de forma paritaria, y que alcanza a más de 10.000 empresas del territorio de Guipúzcoa y a un total de 250.000 socios (el 70% de los trabajadores de esta provincia de Euskadi) de sectores tan dispares como metal, construcción, mueble, textil, comercio, panaderías y otros, donde lo que más abundan son los pequeños y medianos negocios. Lagun Aro, donde están incluidos los cerca de 45.000 trabajadores del Grupo Mondragón; Hazia Elkarkidetza, que agrupa a los funcionarios y trabajadores de las tres diputaciones vascas y los ayuntamientos; e Itzarri, para trabajadores del Gobierno vasco, donde están incluidos por ejemplo la Ertzaintza y los trabajadores del Servicio Vasco de Salud, Osakidetza. Y todo ello bajo supervisión del Gobierno vasco, con los gastos de gestión más bajos del mercado (en concreto, un 0,12% del patrimonio).
LA ACTIVACIÓN DEL FONDO PÚBLICO DE PENSIONES SE DEMORARÁ HASTA 2022
La puesta en marcha de conocido como fondo público de pensiones destinado a impulsar el ahorro privado a través de los PPE no llegará antes del cierre de 2022, e incluso se podría retrasar su funcionamiento pleno algunos meses sobre esta fecha si el Ejecutivo no logra culminar la negociación y los agentes sociales y las licitaciones para la gestión de los depósitos a las empresas del sector privado en el plazo previsto.
Por el momento, el compromiso del Gobierno sobre este punto de la reforma de pensiones que deriva de la recomendación decimosexta del Pacto de Toledo para el impulso de los planes de previsión social complementaria, con especial atención a estos planes colectivos de pensiones en el ámbito de la empresa, pasa por aprobar antes de finales de este año 2021 la ley que enarbole el funcionamiento de este vehículo de ahorro que tendrá la titularidad pública pero cuya gestión correrá a cargo de las empresas aseguradores y gestoras del sector privado. El objetivo del Gobierno es que, en el plazo máximo de doce meses, presentará un proyecto de ley sobre fondos de pensiones públicos de empleo en el que se atribuya a la Administración General del Estado capacidad legal para su promoción”. Este es el plazo con el que trabaja el grupo de técnicos de la Seguridad Social y de los ministerios de Hacienda y Economía, para llevar la ley a Consejo de Ministros y al Congreso, posteriormente, y que se encuadraría en ese segundo paquete de medidas de la reforma de pensiones que se abordará durante el próximo año, tal y como se especifica en el calendario de actuaciones en la materia publicado recientemente por el propio ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, donde este componente de la reforma se desplegaría en la segunda mitad del próximo año.
De este modo, pese a que la ley que regirá el fondo público de pensiones antes de la finalización del presente ejercicio, los trabajadores autónomos, funcionarios, pymes y empresas en general que quieran a acogerse a este vehículo de ahorro financiero no podrían comenzar a depositar sus ahorros al menos hasta finales del próximo 2022.
Esta medida, más allá, se contempla como fundamental en el seno del Ejecutivo y también en el grupo de trabajo para la materia de la Comisión Europea, ya que supondrá una revolución del ahorro privado en nuestro país. Más aún, si el Gobierno logra el objetivo de recortar hasta en un 66% el coste de las comisiones de gestión con las que cargan los ahorradores y que erosiona en el largo plazo el rendimiento y productividad del dinero depositado en los planes.
MEJORAR LA FISCALIDAD DE LOS PLANES
En el modelo hasta ahora las rentas medias se beneficiaban muy poco de los incentivos fiscales existentes. Hay que tener en cuenta que un PPE tiene un coste medio en comisiones del 0,3% y un plan individual está en torno al 1,5%. Pagar más de un punto más al año de rentabilidad durante 30 años cambia completamente el atractivo del fondo.
Las primeras pautas del fondo público que aparecen en el Presupuesto General de 2021 también recogen un recorte del 75% de la desgravación fiscal para los planes individuales y un aumento hasta los 10.000 euros anuales de aportación para los PPE.
EL EXITOSO PPE BRITÁNICO… UN 8% DEL SUELDO PARA SALVAR LAS PENSIONES
El modelo de ahorro de cara a la jubilación ‘automatic enrolment‘ británico es una fórmula que obliga a las aportaciones empresariales, pero a la que pueden renunciar de forma voluntaria los empleados, aunque solo lo han hecho el 9% desde que puso en marcha. Está vigente desde 2012, y el ahorro de los trabajadores británicos gracias a este sistema se ha disparado en los apenas nueve años que lleva en marcha y es una garantía para el cobro de las prestaciones futuras, en un contexto en que la esperanza de vida y el tiempo en el que se cobrará las pensiones no para de crecer.
18,7 millones trabajadores del Reino Unido están adscritos al sistema de ‘auto-enrolment’ y solo un 9% de los británicos inscritos automáticamente en el sistema había optado por salirse del mismo. Las aportaciones superaban en 2017 los 105.000 millones de euros.
En total, trabajadores británicos, sus empleadores y el Estado -este mediante deducciones- aportan en la actualidad el equivalente al 8% del sueldo del empleado. Éste cede el 4%, mientras la empresa añade un 3%. El resto le concierne al Gobierno. Para estar inscrito en este sistema hay que tener más de 22 años y no demasiado cerca de la jubilación y ganar al menos 10.000 libras anuales -unos 11.645 euros-
El instrumento de gestión es el National Employment Saving Trust (NEST) o esquema nacional de ahorro del sistema empleo, que tiene comisiones mínimas de mantenimiento En contra de lo que podría parecer, los empresarios británicos se han mostrado muy satisfechos con el sistema, que consideran un buen instrumento de pensiones para atraer y retener talento y motivar a los empleados como equipo.
