Los datos sobre la actividad de los órganos judiciales durante el segundo trimestre de 2021 ponen en evidencia los efectos que la crisis sanitaria causó en su funcionamiento. En todas las jurisdicciones se han observado en el ingreso de asuntos importantes incrementos interanuales, que se han situado en el 62,5 por ciento en el orden Civil; en el 50,1 por ciento en el orden Penal; en el de lo Contencioso-Administrativo ha sido del 109,6 por ciento y en el Social, del 63,9 por ciento.
Respecto a la resolución de asuntos, con la excepción de la jurisdicción contencioso-administrativa, los incrementos interanuales han sido mayores que en el de ingreso: 145,7 % en la jurisdicción Civil; 72,2 % en la Penal; 78,3 % en la de lo Contencioso-Administrativo y 181,9 % ciento en la Social.
Quedaron en trámite de lo social 354.443 asuntos, un 1,6 % más.
La tasa de litigiosidad en el conjunto de España y el conjunto de juridisciones ha sido de 35,4 asuntos por cada 1.000 habitantes. Las comunidades que han mostrado una tasa de litigiosidad superior a la nacional han sido Canarias (46,6), Andalucía (39), Madrid (38,4), Asturias (36,2), Murcia (35,7) y Cantabria (35,5). Las comunidades con tasa de litigiosidad más baja fueron La Rioja (24,5), Navarra (26) y País Vasco (26,8)
En base a las series históricas trimestrales disponibles, llegando en este caso al segundo trimestre de 2021, el CGPJ ha realizado una previsión para el conjunto del año. La previsión está sujeta a una gran incertidumbre debido a los efectos del COVID-19 en la sociedad y el funcionamiento de los órganos judiciales.
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