La Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social denuncia el elevado volumen de trabajo actual tras asumir el cuerpo la defensa de las actas inspectoras y trámites en fraude, sanciones y los puntos de las reformas del Código Penal con gran cantidad de acciones penales en materia de fraude a la Seguridad Social. «Estamos a las puertas de una auténtica “administración vaciada” si no se pone remedio»
Actualmente el Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social enfrenta un número cercano a los 100.000 procedimientos anuales en todas las instancias y órdenes jurisdiccionales. En ellos se discute una cantidad de dinero público que, solo en los juicios sobre pensiones, alcanza los 9.000 millones de euros anuales. La defensa de estos pleitos se lleva a cabo por 402 letrados de la Seguridad Social en activo, que son asistidos por unas oficinas de apoyo en las que prestan servicios, actualmente, 332 personas.
Esta denuncia de los letrados se produce apenas unos días después de que los tres grandes sindicatos -CSIF, CCOO y UGT- denunciasen, como llevan haciendo años, la situación de «siniestro total» en la Seguridad Social ante la obligatoriedad encubierta de la atención telefónica y telemática para disminuir la presencial, la existencia de 7.468 puestos sin cubrir y la previsión de que un 64% de la plantilla se jubile en diez años.
También recientemente los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social desconvocaron su primera huelga general por motivos similares, que finalmente ha sido aplazada 3 meses tras las promesas de la ministra de Trabajo y como margen para que Hacienda desbloquee el acuerdo suscrito el pasado julio de mejora de plantilla y material.
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Este colapso provoca el retraso o defecto en el envío de expedientes a los juzgados, lo que aboca a la suspensión de vistas señaladas desde hace meses o años; la falta de resolución de recursos administrativos en plazo genera pleitos innecesarios y multiplica trámites judiciales; la dilación en el cumplimiento de las sentencias conduce a la apertura de procedimientos de ejecución, generando nuevos costes e impone a las arcas públicas el pago de intereses.
También denuncia la asociación que comienza a generalizarse el apercibimiento de imposición de multas a la Administración Pública. «La situación descrita coloca a los servicios jurídicos delegados en situaciones límite y si esta situación no se aborda correctamente, añadirá más motivos de colapso a la ya resentida Justicia«, alerta la asociación.
Los letrados ven urgente que en el plan de choque anunciado por el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se incluya la convocatoria inmediata de una oferta de empleo público extraordinaria y también inciden, a tres meses de que venza el plazo comprometido para aprobar el proyecto de ley de la Agencia Estatal de la Administración de la Seguridad Social, llamada a resolver los problemas organizativos, que de verdad se de la atención que merece a la asistencia jurídica de la Administración de la Seguridad del Estado.
