Con la reducción de la jornada laboral, el concierto de Muface en el aire y la subida del SMI, se inicia un año ‘movido’ en cuanto a crisis institucionales, pero sin visos de acciones sobre el gran incendio de la sostenibilidad del sistema de pensiones.
El Gobierno afronta un inicio de año convulso con varios frentes abiertos en materia económica y social. La situación de Muface, la reducción de la jornada laboral y la más que probable subida del Salario Mínimo Interprofesional son solo algunos de los asuntos que más quebraderos de cabeza están dando al Ejecutivo de coalición. Sin embargo, por encima de todos ellos se alza otra gran crisis que amenaza con poner en jaque las cuentas del Estado: la insostenibilidad del sistema de pensiones.
MUFACE
Como decimos, uno de los frentes que el Gobierno deberá abordar con urgencia es la crisis de Muface. La renuncia de las aseguradoras Adeslas y DKV a prestar servicio a los mutualistas deja al sistema en una situación límite . La única esperanza reside ahora en Asisa, que aún no ha tomado una decisión sobre si se presentará al concierto 2025-2027. Si Asisa también decide renunciar, el Ministerio de Función Pública se verá obligado a buscar una nueva licitación o a integrar a los 1,5 millones de mutualistas en el Sistema Nacional de Salud (SNS) . Esta última opción, que ya ha sido planteada por algunos expertos, podría suponer un colapso para la sanidad pública, tal como ha advertido el CEO de Sanitas, Iñaki Peralta.
Mónica García y Óscar López entran en guerra a costa de Muface
Mientras el ministro de Función Pública intenta mantener el modelo, la titular de Sanidad lo descalifica y promueve la integración de los funcionarios en el sistema público
La retirada de la carrera de Adeslas y DKV deja sola a Asisa, que probablemente no podría asumir el volumen de asegurados. Por ello, el Gobierno ha ampliado ese plazo para intentar que otras compañías se puedan sumar y se reparta el pastel con Asisa. Pero también planea la posibilidad de que la licitación vuelva a quedar desierta. Ante esta situación, podría llevarse a cabo una tercera oportunidad o, por el contrario, Función Pública podría tirar la toalla e integrar a los mutualistas en el sistema público. Esta opción es por la que apuesta el Ministerio de Sanidad y que ha provocado el enésimo choque entre los socios de Gobierno. El sector socialista, con Óscar López a la cabeza, trata de negociar in extremis con unos y otros para mantener el modelo a flote, aunque los sindicatos y la oposición le acusan de no haber hecho nada para evitar esta dramática situación y le exigen que se tome «en serio» su trabajo.
Por otro lado, el sector Sumar, encabezado por Mónica García, se frota las manos ante la posible disolución del concierto sanitario. El partido de Yolanda Díaz llevaba ese punto en su programa electoral, pretendiendo acabar directamente no solo con Muface, sino también de sus ‘hermanas’ Isfas (de las Fuerzas Armadas) y Mugeju (del ámbito judicial). Ven este modelo como un «privilegio» de los funcionarios y algo «anacrónico».
El ministro de Función Pública, Óscar López, continúa pidiendo calma a los funcionarios y confía aún en un acuerdo para renovar el convenio de Muface: «Estamos hablando con las aseguradoras y espero, confío y deseo que se pueda renovar con toda normalidad el concierto como se ha hecho siempre», afirmaba a la prensa hace unos días.
Asimismo, se ha empeñado en resaltar el «esfuerzo sin precedentes» que está haciendo el Ejecutivo para mantener el concierto sanitario tras aumentar en un 33,5 % de las primas en tres años. «Reitero el mensaje de tranquilidad a todos los mutualistas, porque están cubiertos por la ley de contratos del Estado y estamos en una prueba de servicio esperando a que se resuelva el concierto», señalaba.
Un mensaje de tranquilidad y confianza en el modelo que contrasta con el de su compañera en el Consejo de Ministros, que parece querer boicotearle. La ministra de Sanidad, Mónica García, atacaba este lunes a las aseguradoras y las responsabilizaba de los problemas para llegar a un acuerdo: «Muface acabará como quieran las aseguradoras que acabe, porque son las aseguradoras las que haciendo números han decidido que las personas, los mutualistas de Muface, no les son rentables», señaló en una entrevista a RNE.
Pero ahí no acaban las desavenencias. Como viene siendo habitual, García ha descalificado a la mutualidad, tachándola de «un subsistema anacrónico dentro del sistema». Asimismo, consideró que el debate ya no debe centrarse en «Muface sí o no», sino en «cuándo se realizará la integración de los mutualistas al Sistema Nacional de Salud». También su ministerio publicó un informe en el que se adelantaba que el Sistema Nacional de Salud podría absorber sin problema al millón y medio de mutualistas. Sobre ese trabajo, García basa constantemente sus alusiones a Muface enviando un mensaje de «tranquilidad» a los funcionarios y dejando ver sus deseos: «Desde el Ministerio de Sanidad lo que decimos es, no se preocupen, que la sanidad pública siempre va a estar ahí, la sanidad pública», remarcaba en RNE.
Con todo esto, el clima dentro del Ejecutivo se vuelve a enturbiar. Si bien es cierto que Sanidad no tiene capacidad de acción en esta negociación, que depende de Función Pública, el constante torpedeo mediante informes y declaraciones no debe caer muy bien en el equipo de Óscar López, que se juega no solo el servicio sanitario de los funcionarios, sino también mantener contento a un colectivo entero que incluye profesores, maestros, periodistas y el resto de servidores públicos de la Administración central.
Asisa estudia si tiene médicos suficientes para acudir a la licitación de Muface en solitario
Tras la renuncia definitiva de DKV y Adeslas a seguir en la mutualidad, ahora todas las miradas apuntan a Asisa, que tras la ampliación del plazo para presentar ofertas (del 15 al 27 de enero a las 10:00 horas), sigue evaluando los pliegos de la licitación para determinar si se presenta al concurso o no. Asisa tendría que duplicar su cuadro de profesionales para atender a todos los mutualistas, según Unipromel. «Con respecto a la prórroga, nos da más tiempo para tomar una decisión más documentada», apunta un portavoz de la aseguradora que señala que ahora lo que están «valorando» es si Asisa tiene capacidad para atender a todos los mutualistas (1,5 millones) en el caso de postular a la licitación ella sola.
La aseguradora presidida por Francisco Ivorra cuenta con un conjunto de profesionales de unos 40.000 especialistas. Sin embargo, solo entre 12.000 y 14.000 forman parte del cuadro médico de Muface, según cálculos de Unipromel, que representa a gran parte de los médicos privados que ejercen como autónomos en España. Desde la asociación de facultativos aseguran que la compañía, participada al 100% por la cooperativa Lavinia, necesitaría «no menos de otros 12.000 o 14.000 médicos» para atender a los funcionarios que opten por recibir la asistencia sanitaria mediante aseguradoras privadas, en la actualidad algo más de un millón (1.007.322). Con datos de 31 de octubre de 2024, Muface tiene en torno a 1.5 millones de mutualistas, de los cuales 1.007.322 personas han escogido recibir la asistencia sanitaria mediante aseguradoras privadas.
Hasta el momento, en concreto en 2024, Asisa tiene un 25% de mutualistas (363.946), el 34% (508.703) optaron por Adeslas (propiedad de Mutua Madrileña y CaixaBank) y un 13,2% (199.619) por DKV (propiedad del gigante alemán Munich Re). El restante 28% (457.307) optó por la sanidad pública. De esta forma, de ser Asisa la única licitadora del concierto sanitario de Muface tendría que absorber a más de 700.000 mutualistas, lo que le llevaría a tener que duplicar su cuadro médico, así como a alcanzar acuerdos con todos los grupos hospitalarios privados. «La red propia de hospitales de Asisa, HLA, no podrá con esa demanda», aseguran desde Unipromel. Por su parte, desde la compañía aseguradora indican que «el concierto establece una cartera de servicios mínima, que Asisa cumple, de otro modo no podríamos estar ahí».
El pasado mes de diciembre, el Gobierno sacó una segunda licitación –tras quedar desierta la primera– elevando la prima un 33,5%. De esta forma, el importe del concierto pasa a ser de 4.478 millones de euros, lo que supone un incremento de 957 millones de euros. Una subida que no ha sido suficiente para DKV y Adeslas, que descartan optar al concierto tras acumular en el último concierto pérdidas de más de 70 millones de euros. Las compañías aseguran que el modelo está infrafinanciado, ya que el gasto de prestaciones médicas en el último concierto ha sido sustancialmente superior a la prima recibida. Asimismo, en los últimos diez años, el gasto sanitario per cápita de las comunidades autónomas y las mutuas colaboradoras ha aumentado un 60,6%, mientras que la prima ponderada de Muface ha crecido un 31,6%, apenas la mitad del incremento. Con estos números, a DKV y Adeslas no le salen las cuentas.
Sin embargo, los intereses de Asisa son diferentes. Al tratarse de una propiedad al 100% de la cooperativa médica Lavinia, entre sus objetivos prima generar trabajo para los 10.000 profesionales que son dueños del grupo, por encima de la obtención de beneficios y el reparto de dividendos.
Muface, a través de una orden, ha comunicado que las aseguradoras tendrán que seguir prestando su servicio «en los mismos términos y condiciones de hoy» hasta que se formalice la nueva cobertura, «independientemente del momento en que esto ocurra», si bien ha ofrecido la posibilidad a los mutualistas de cambiarse a la sanidad pública, siempre y cuando lo comuniquen entre el 1 y el 31 de enero. Si la situación se resuelve con la continuidad de Muface, los mutualistas que adopten esta decisión podrán cambiarse de nuevo a la sanidad privada con las nuevas condiciones aprobadas.
Por otro lado, el Gobierno ha anunciado a través de una orden de continuidad que, en el caso de que la segunda licitación no salga adelante el próximo 27 de enero, el concierto actual de Muface se va a prorrogar tres meses hasta que se llegue a una solución.
Los funcionarios se preparan para demandas millonarias contra el Gobierno por Muface: se abre la batalla judicial
El principal sindicato de los empleados públicos no aceptará una solución a medias o simplemente de cara a los medios de comunicación del enorme desastre originado con Muface. En CSIF creen que las opciones que baraja el Gobierno pueden ser un mero parche y se preparan para la batalla judicial, caso a caso, con demandas por incumplimiento del servicio sanitario contra el Gobierno de Pedro Sánchez.
Ante el anuncio de DKV y ADESLAS de no acudir al concierto de Muface, CSIF señala un comunicado que incluye muchos puntos, pero el principal se resume rápido: CSIF dará asistencia jurídica para demandar al Gobierno en caso de dar un servicio sanitario deficitario a los funcionarios. El texto del comunicado del CSIF señala lo siguiente: «Exigimos al Gobierno que aporte ya una solución. La situación es insostenible y no vemos ni voluntad política, ni certezas que garanticen la viabilidad de Muface, pese a las declaraciones del ministro Óscar López». «El Gobierno está realizando una dejación de funciones y demuestra una absoluta falta de respeto a los trabajadores públicos, con su silencio y falta de transparencia sobre la situación». Y es que CSIF considera que, «con su actitud, el Gobierno está abocando al sistema del mutualismo administrativo a su defunción y no lo vamos a consentir porque Muface es patrimonio de los funcionarios y una condición laboral inherente desde el primer momento que acceden a su plaza».
Y, por el camino, CSIF deja constancia de que llevará su defensa a los tribunales: «CSIF va a asesorar a nuestros afiliados mutualistas para emprender acciones judiciales que se consideren pertinentes por la falta de asistencia sanitaria, para la defensa de los derechos e intereses de los mutualistas y el resarcimiento de daños y perjuicios que se le produzcan«. Desde CSIF señalan que ya se ha «constatado cómo clínicas y hospitales están anulando y cerrando la posibilidad de consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas, pese a la orden de continuidad asistencial decretada recientemente por el Gobierno. Entendemos que el último responsable de esta situación es la Mutualidad que debe obligar a las entidades concertadas a cumplir con su contrato». «CSIF siempre defenderá el modelo de Muface y nos reservamos la adopción de las medidas de presión y movilizaciones que consideremos oportunas para este fin, incluido paros y huelga», advierte el sindicato.
Pese a todo ello, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado recientemente que «el tema Muface acabará como quieran las aseguradoras que acabe«, omitiendo la llamada de CSIF a responsabilizarse de la situación. García, además, ha subrayado que ya ha llegado el momento de hablar del trasvase de los mutualistas al sistema público que, aunque necesita un refuerzo, no «eclosionará» por ello. Mónica García, de hecho, ha lanzado otro jarro de agua fría a los funcionarios al afirmar que son las aseguradoras las que, «haciendo números», han decidido «abandonar» a un millón de funcionarios y sus familiares porque, según su versión, al hacerse mayores, ya no le son rentables.
Triple frente judicial en Muface: funcionarios, médicos y aseguradoras amenazan con acciones legales
Los funcionarios denunciarán la falta de asistencia. Además, una demanda de los médicos privados amenaza con bloquear judicialmente la renovación de Muface
Todos contra el Gobierno. Esta sería la frase con la que podría resumirse los últimos acontecimientos sobre la histórica crisis de Muface, que cada vez es más compleja. Cada uno a su manera, pero todos los afectados (aseguradoras, funcionarios y médicos de la privada) amenazan judicialmente a Muface. Un triple frente judicial que pone contra las cuerdas al Gobierno, también dividido internamente por la continuidad (o desaparición) del sistema de mutualidad.
A nivel asegurador, la alerta ha llegado de la mano de DKV, que según ha dado a conocer «ha contactado con despachos de abogados para sondear una posible demanda» y formular una indemnización por las pérdidas sufridas en Muface. Adeslas se ha desvinculado radicalmente de esa posible demanda, pese a que haya denunciado pérdidas de hasta 256 millones de euros durante el último concierto, y Asisa sigue estudiando la propuesta del Gobierno. Por ahora, esta demanda es solo una posibilidad flotando en el aire en una de las aseguradoras, no un hecho que vaya a ejecutarse de manera inminente.
Quienes sí amenazan en serio con dar problemas judiciales por Muface son los funcionarios y los médicos de la sanidad privada, cada uno por motivos diferentes. Los funcionarios han denunciado en repetidas ocasiones que clínicas y hospitales están anulando y cerrando la posibilidad de consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas, «pese a la orden de continuidad asistencial decretada recientemente por el Gobierno». En este sentido, según ha podido saber este periódico, el sindicato está recopilando las quejas de los afectados para presentarlas tanto a las aseguradoras como a Muface. Si la respuesta de la mutualidad es el silencio administrativo, CSIF iniciará los procedimientos judiciales. Las denuncias se presentarán a nivel individual por cada funcionario afectado, con el asesoramiento legal del sindicato. Los funcionarios todavía están estudiando el procedimiento a seguir, pero las posibles vías de actuación son las siguientes: contencioso-administrativa; la civil, que dirigirá contra las aseguradoras DKV y Adeslas; y la Penal, que se reservaría para casos «más extremos», aunque no se han especificado las circunstancias.
También prometen guerra los médicos de la privada, pero por motivos diferentes. Y la Asociación Unión Médica Profesional (Unipromel) presentará un recurso contra el concierto de la mutualidad, amenazando la renovación de Muface por la posibilidad de que se produzca un bloqueo judicial, como ya ocurrió con Isfas (que atiende a 550.000 militares y guardias civiles) y Mugeju (que da servicio a 91.000 jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia). Como ha confirmado el presidente de la asociación en cuanto se publiquen los pliegos de condiciones de Muface, presentarán un recurso ante el tribunal, y si éste lo acepta ante el perjuicio de «difícil o imposible reparación» en caso de que los trámites del procedimiento de contratación siguieran su curso, la aprobación de la licitación se paralizaría una vez más.
La denuncia de la asociación de médicos, que representa a profesionales independientes, es que con el sistema actual se produce una «vulneración de derechos constitucionales y causas anticompetitivas», ya que el papel de las aseguradoras es «abusivo» porque estrechan márgenes. «Este sistema viola totalmente la relación médico-paciente y ambos salen perjudicados», explica el presidente de Unipromel. Su principal reclamación es que la financiación se realice directamente a los médicos, que son los «verdaderos» prestadores del servicio, y no a través de aseguradoras.
LA SUBIDA DEL SMI
La patronal rechazará hoy subir el salario mínimo por el riesgo de impacto en el empleo
Los empresarios temen que el alza propuesta por Díaz, hasta 1.184 euros, empuje a elevar miles de salarios en las próximas renovaciones de convenios. Con la subida propuesta por el Gobierno para este año, el incremento acumulado del SMI desde 2016 será del 80,7%
La puesta de largo de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) llegará este miércoles 15 de enero sin el beneplácito de una parte del diálogo social, el de los empresarios. Todo apunta a que laCEOE se mostrará contraria la propuesta de elevar ese indicador en 50 euros al mes, hasta los 1.184 euros. El Gobierno va a optar por subir el SMI en la parte más alta de la horquilla que les ha propuesto el comité de expertos, con unas cuantías que partían de los 38 euros más al mes, cuantía que se ha descartado.
Tanto la patronal como el propio Ministerio de Trabajo admiten que el acuerdo es «muy complicado» en estas circunstancias. Sería hasta «extraño», apuntan algunas fuentes del diálogo social, habida cuenta de los desencuentros en esta materia entre ambas partes. No hay obligación de negociar la medida, solo de informar a los agentes sociales. Pero tras los continuos enfrentamientos a cuenta del SMI, y también de la jornada laboral, los empresarios no se encontrarán precisamente cómodos en la decisión que este miércoles les comunicará la ministra.
Con este nuevo salto, los empresarios rechazarán esta medida por considerar que la economía corre cada vez más riesgos de destruir puestos de trabajo. Consideran que el SMI engloba cada vez a más trabajadores –un 17% de los empleados en España– y que estas subidas empujan a elevar a la vez los salarios por convenio en esas proporciones; advierten de que un salario mínimo tan próximo al medio impactará en el empleo; y apuntan a que si a esta medida se une la reducción de la jornada laboral planteada a 37,5 horas semanales, el coste que asumen los negocios será desproporcionado.
Ese impacto se atisba, según varias fuentes empresariales consultadas, en forma de pérdida de empleo. Con un sueldo mínimo que rondará el entorno de los 1.200 euros, la brecha con el salario mediano de 1.600 euros (el que parte a la población en dos mitades exactas en términos de retribución) es cada vez menor. Los análisis de los empresarios sostienen que a medida que se reduce la brecha entre el mínimo que debe cobrar un trabajador y lo que se cobra de media, se empezarán a notar los efectos sobre el empleo. De hecho, desde ATA ya han alertado de que en los últimos cinco años se han destruido 174.000 empleos en varios sectores.
Esos cálculos estiman que si el SMI sube un 4,4% (los 50 euros previstos), el coste para los negocios será de casi 2.300 millones. Y si, además, se implanta la jornada de 37,5 horas, ese impacto sería de 21.000 millones. Aunque todo parece indicar que esa reforma quedará descafeinada tras la guerra abierta entre Trabajo y Economía.
Las organizaciones empresariales insisten, además, en el coste acumulado que experimentarán las cuentas de los negocios al tener que incorporar la subida de las cotizaciones aparejada a la del sueldo bruto del SMI. Cepyme recuerda aque se ha incrementado un 73% entre 2016 y 2024 y, con la subida que tiene previsto plantear el Gobierno para 2025, el incremento acumulado será del 80,7% en ese mismo periodo.
También estima que un salario mínimo de 1.184 euros implica un coste de hasta 1.900 euros para la empresa, al tener que incluir las cotizaciones, así como el Mecanismo de Equidad (la cuota adicional para sufragar el gasto en pensiones). Es decir, los 50 euros que se anunciarán hoy se convertirán, en realidad, en una subida total de hasta 81 euros al mes en cómputo total.
El SMI de Díaz elevará el coste para la empresa por encima de 1.900 euros al mes por trabajador por primera vez en la historia
Actualmente existe una guerra interna en el Gobierno de coalición por este asunto. El Ministerio de Trabajo acordó con los sindicatos, y con el rechazo de la patronal, bajar la jornada laboral de las 40 horas semanales a las 37,5, lo que equivale a media hora menos de trabajo al día. Pretende aprobarlo por la vía de urgencia en el Consejo de Ministros y que entre en vigor este año, pero en Economía se muestran más partidarios de atar primero los apoyos en el Congreso y de consensuar medidas de apoyo a las empresas que garantice su aplicación sin daños.
1.903,75 euros al mes. Es el coste exacto que van a tener que asumir las empresas por cada trabajador que cobra el salario mínimo si Yolanda Díaz eleva la cuantía un 4,4% y lo sitúa en 1.184 euros. Según los cálculos que manejan los empresarios, la intención anunciada de la vicepresidenta segunda de aumentar otros 50 euros la nómina va a implicar que el desembolso que tienen que hacer las compañías por contratar a estos trabajadores va a superar los 1.900 euros mensuales por primera vez en la historia. Un incremento de los costes laborales que se va a ver agravado por la reducción de la jornada a 37,5 horas semanales y que la patronal aspira a que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, logre contener.
Las patronales ya han echado cuentas. Según los cálculos de Cepyme, subir el salario mínimo hasta los 1.184 euros implica, en la práctica, un incremento de más de 80 euros en el coste salarial mensual. Esto es así porque al SMI bruto que percibe el trabajador, donde se incluye el IRPF y las cotizaciones a cargo del asalariado, hay que sumar las cotizaciones sociales que paga la empresa. De modo que si al SMI actual, de 1.134 euros, se le suman las cuotas a cargo del empleador, el coste salarial total asciende a un máximo de 1.822,17 euros al mes, cantidad que se elevará hasta los 1.903,75 euros con un salario mínimo interprofesional de 1.184 euros mensuales.
Esos más de 1.900 euros que tendrá que pagar el empresario por primera vez por un trabajador que cobra el sueldo mínimo son el resultado de sumar al SMI las cotizaciones sociales a cargo del empleador, donde se incluye el 23,6% por contingencias comunes, el 5,5% por desempleo o el 0,67% del Mecanismo de Equidad Intergeneracional para pagar las pensiones del baby boom, entre otros. Y de añadirle las cotizaciones por accidentes y enfermedades laborales en sectores en los que se llega a alcanzar el 7,25%, como la industria o la construcción. Para esos mismos 1.184 euros de salario mínimo, en actividades desarrolladas en oficinas o despachos en las que la cotización por incapacidad temporal por accidente o enfermedad cae al 0,9% el coste salarial total por trabajador y mes se quedaría en 1.816 euros.
Es decir, para determinados sectores, una nómina de 1.184 euros llega a suponer a las empresas un desembolso total de cerca de 1.904 euros, o lo que es lo mismo, 720 euros más. Mientras, en el mejor de los casos, la diferencia por los costes en cotizaciones sociales asciende a unos 632 euros. Al año, en la banda alta el coste salarial máximo alcanzaría los 22.845 euros y en la baja, los 21.792, frente a un importe anual del SMI en 14 pagas de 16.576 euros. Esto es, entre 6.269 y 5.216 euros de diferencia.
La patronal denuncia que este incremento del coste salarial, unido a la subida de las cotizaciones sociales y a la reducción de la jornada laboral que han pactado el Ministerio de Trabajo y los sindicatos va a suponer una onerosa carga para las empresas que afectará de manera más intensa a las de menor tamaño. Y con ese argumento van a rechazar una nueva subida del SMI. Así lo avanzan fuentes de la CEOE que insisten en que la escalada de los costes es «insostenible» para el tejido productivo y confían en que el ministro de Economía «ponga pie en pared» frente a las intenciones de Yolanda Díaz y, al igual que está haciendo con la jornada laboral, «imponga su criterio para evitar el fuerte impacto en las empresas».
Aunque Cuerpo se ha mostrado inicialmente cómodo con las cifras planteadas por el comité de expertos, a la CEOE está llegando que el titular de Economía «no está de acuerdo con la subida del 4,4%» y se inclina por un aumento más moderado, en la parte baja de la horquilla, en línea con el crecimiento de la economía, de la inflación y de la propia evolución de los sueldos pactados en convenio. Por eso aspiran a que sea el responsable del área económica el que equilibre la balanza a su favor ante un eventual acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y las organizaciones sindicales, si bien este asunto lo lidera la vicepresidenta Díaz y la última palabra, en todo caso, la tendrá Pedro Sánchez.
El otro frente está en el Ministerio de Hacienda, tanto para los empresarios como para los sindicatos. La patronal va a volver a poner sobre la mesa su demanda clásica de reformar la ley de indexación para que las subidas del SMI repercutan en los contratos de las empresas que operan con el sector público, una iniciativa que Díaz ve con buenos ojos, pero que María Jesús Montero ha rechazado en varias ocasiones por su impacto presupuestario. Por otro lado, tanto la vicepresidenta segunda como los sindicatos han manifestado su rechazo a la intención de Hacienda de no adaptar el IRPF a la nueva subida del SMI, lo que obligaría a pagar impuestos a más de medio millón de trabajadores con sueldos bajos. Una cuestión que aún está por resolver y que se presenta como la siguiente gran batalla entre los socios del Gobierno en materia económica.
La patronal rechaza subir un 4,4% el SMI
«No se puede aislar el SMI de la reducción de jornada porque son dos costes solapados, hay mucho por asumir este año», advierten fuentes consultadas por este periódico. Los cálculos que CEOE pone sobre la mesa son en términos agregados: entre 2.200 y 2.300 millones de euros por subir el SMI un 4,4% este año y otros 21.000 o 23.000 millones cuando se aplique la reducción de jornada a 37,5 horas. Con todo, el coste por hora en un año se elevará más de un 10% «de una tacada», denuncian.
En Cepyme ponen el foco en las cotizaciones sociales, que también han crecido este año para pagar las pensiones. Sus cálculos apuntan a que si sube un 4,4% el SMI, el coste de contratar a un trabajador con el salario mínimo rondará ya los 2.000 euros al mes. Para las pymes es más ‘real’ prorratear en once meses el precio que paga la empresa anualmente por un trabajador con SMI, teniendo en cuenta que el mes restante equivale a las vacaciones. Ese es el coste por mes trabajado y lo denominan «coste salarial efectivo».
Estiman que de aprobar el Gobierno una subida del 4,4%, el coste efectivo oscilaría entre los 1.981 y los 2.077 euros al mes, en función del tipo de cotización por accidentes de trabajo. Pese a haber subido el SMI un 54% desde 2018, hasta ahora ese coste no había superado los 2.000 euros, situándose en los 1.988 euros como máximo en 2024. En términos anuales, teniendo en cuenta las cotizaciones, un salario mínimo pasaría de los 21.866 euros de coste anual máximo en 2024 a 22.845 euros en 2025, casi 1.000 euros más.
Es decir, también se superaría por primera vez los 22.000 euros de coste anual. Con estas cifras, los empresarios rechazarán frontalmente una subida del 4,4%, pero será el Gobierno quien tenga la última palabra. El año pasado ya subió el SMI un 5%, hasta los 1.134 euros, en un acuerdo bilateral con los sindicatos. Las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme se descolgaron del acuerdo alegando que no se habían atendido sus demandas de indexar el SMI a los contratos públicos y de establecer bonificaciones para el sector del campo.
Los empresarios propusieron subir el SMI un 3% en 2024, en línea con los incrementos acordados con los sindicatos en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), y otro 3% este año. Tanto el Ministerio como los sindicatos (CCOO y UGT) estaban dispuestos a firmar una subida del 4% si la patronal se sumaba a un pacto tripartito, pero advirtieron de que sería más ambiciosa si no lo hacía. Finalmente el Gobierno aprobó la subida del 5% en febrero con carácter retroactivo a 1 de enero, como ocurrirá este año.
REDUCCIÓN DE LA JORNADA
Además, la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, uno de los compromisos estrella del acuerdo de Gobierno, también se ha convertido en un campo de batalla entre los distintos actores implicados. El acuerdo alcanzado entre Yolanda Díaz y los sindicatos CCOO y UGT no cuenta con el apoyo de la patronal, que lo considera una intromisión en la autonomía de la negociación colectiva. El choque entre la vicepresidenta segunda y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, por este asunto pone de manifiesto las dificultades que tendrá el Gobierno para sacar adelante esta medida.
VER: A VUELTAS CON EL TRAMPANTOJO CANSINO DE LA REDUCCIÓN DE JORNADA – Laboral Pensiones
LA “REFORMITA” DE LAS PENSIONES DE 2024
El RDL 11/2024 que afecta fundamentalmente a la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo se debatirá en la Cámara Baja el próximo miércoles 22 de enero y el PP ha confirmado que apoyará esta “reformita” aunque no está conforme con el procedimiento de su elaboración
VER: RDLEY 11/2024: REFORMA DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN. – Laboral Pensiones
LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE PENSIONES
El verdadero y profundo problema de la crisis del sistema de las pensiones se agrava
En los últimos años, el gasto en pensiones se ha disparado en España, alcanzando cifras récord en 2024. La entrada en vigor de la revalorización anual de las pensiones con el IPC, coincidiendo con el mayor repunte de la inflación en décadas, ha provocado una fuerte subida del gasto, que ya supera los 200.000 millones de euros.
Aunque la reforma de las pensiones aprobada en 2024 incluía medidas para fortalecer los ingresos, como el aumento de las cotizaciones y el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), los expertos anticipan que serán necesarios nuevos ajustes para garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo.
De hecho, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) está trabajando en la primera evaluación del impacto de la reforma de las pensiones, que publicará este año y que podría obligar al Gobierno a aplicar nuevos recortes. La AIReF deberá verificar que se cumplen los objetivos de sostenibilidad, utilizando las proyecciones de gasto derivadas del último Informe de Envejecimiento de la Comisión Europea.
En caso de que se detecte un desequilibrio entre ingresos y gastos, el Gobierno deberá negociar con los agentes sociales medidas para corregirlo, que podrían incluir nuevos aumentos de las cotizaciones o recortes en las prestaciones. La Comisión Europea ya ha alertado en su último informe de que las medidas actuales no serán suficientes para cubrir el creciente gasto en pensiones y que el déficit del sistema podría alcanzar el 3,1% en 2053.
En definitiva, el Gobierno afronta un 2025 cargado de retos en el ámbito económico y social. La crisis del sistema de pensiones, la insostenibilidad de Muface y la reducción de la jornada laboral son solo algunos de los ‘incendios’ que el Ejecutivo deberá apagar para garantizar la estabilidad del país.
De interés: Trabajo espera una respuesta de Economía “en las próximas horas” sobre la tramitación urgente de la reducción de jornada
https://elpais.com/economia/2025-01-15/trabajo-espera-una-respuesta-de-economia-en-las-proximas-horas-sobre-la-tramitacion-urgente-de-la-reduccion-de-jornada.html
De interés: Trabajo espera “en cuestión de horas” una respuesta de Economía sobre la reducción de la jornada laboral https://www.eldiario.es/economia/trabajo-espera-cuestion-horas-respuesta-economia-reduccion-jornada-laboral_1_11965880.html
Hacienda se inclina por no adaptar el IRPF a la subida del SMI. Los años anteriores, el ministerio modificaba el mínimo exento del impuesto para evitar que los perceptores del SMI tuvieran que tributar. Pero este año, si Hacienda no cambia de opinión, los trabajadores afectados por el SMI tendrán que pagar al fisco el 42% del incremento del SMI, algo que limita el impacto perseguido. Hacienda argumenta que, tras varios años de mejoras salariales sin impacto fiscal para los trabajadores, estos tienen empezar a tributar. Aunque tiene razón en su justificación –la mayoría de los expertos defienden que todos los ocupados deberían contribuir fiscalmente, aunque fuera un mínimo, el diseño del IRPF contiene una anomalía técnica que dispara el tipo marginal en determinadas circunstancias para los contribuyentes con rentas más bajas. El ministerio debería solucionar esta irregularidad para evitar un castigo excesivo a los que tienen los salarios más reducidos.
Interesará: Claves del “peliagudo” debate sobre si el salario mínimo debe pagar IRPF
https://www.eldiario.es/economia/claves-peliagudo-debate-si-salario-minimo-debe-pagar-irpf_1_11961298.html