En la actualidad, la barrera está en los 70 años, aunque algunos cuerpos de élite como jueces, fiscales o notarios ya disfrutan de esa posibilidad
La mayoría de las medidas que se han aprobado en el Congreso de los Diputados en relación con la jubilación en los últimos años han tenido casi siempre el mismo argumento en las exposiciones de motivos: adelantar la fecha a la que se accede a ese derecho por una u otra razón.
La jubilación forzosa en el régimen de Clases Pasivas, para la mayoría de los funcionarios, se declara al cumplir los 65 años de edad. Sin embargo, existen excepciones notables, como los funcionarios de cuerpos docentes universitarios y magistrados, jueces y fiscales, quienes pueden continuar en activo hasta los 70 años. Además, es posible solicitar la prolongación de la permanencia en el servicio activo hasta los 70 años, incluso para aquellos con jubilación forzosa a los 65.
La más reciente modificación que atañe a las pensiones ha sido un Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de mayo, por el que se establecen los criterios “para que las personas que desarrollen su actividad profesional en ocupaciones de naturaleza especialmente penosa, peligrosa o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad y mortalidad que no puedan beneficiarse de una mejora de sus condiciones de trabajo podrán disfrutar de un anticipo de su edad de jubilación”.
En España no hay una edad de jubilación obligatoria para los trabajadores privados, salvo en el caso de que el convenio colectivo de una empresa incluya en alguna de sus cláusulas la potestad de sus directivos para despedir a un empleado si ha cumplido los 68 años. Esta edad sería la de jubilación forzosa en España. La legislación española permite posponer la jubilación desde los 65 años, edad reglamentaria, a través de la jubilación demorada, la jubilación parcial o la jubilación activa.
En el caso de los funcionarios públicos, la jubilación se declara de oficio al cumplir los 65 años, aunque la permanencia en el servicio activo se puede prolongar, como máximo, hasta que se cumplan los 70 años si el interesado lo solicita, según se indica en la ley del Estatuto Básico del Empleado Público. La administración pública correspondiente es la que tiene la facultad de aceptar o denegar esa ampliación. Y ahí es donde comienza el conflicto de intereses.
A comienzos de este año, el Gobierno llevó al Congreso de los Diputados el proyecto de Ley de la Función Pública de la Administración del Estado que, entre otras cosas, pretende recuperar la jubilación parcial de los funcionarios. El texto mantiene en 70 años la edad máxima de jubilación forzosa para aquellos que lo soliciten, aunque algunos grupos parlamentarios han presentado enmiendas en el sentido de ampliar la fecha del retiro, aunque al texto legal le queda aún un amplio recorrido parlamentario.
Profesionales discriminados
Una parte de los funcionarios quiere que la edad de jubilación forzosa se extienda, al menos, hasta los 72 años. Esgrimen varios argumentos, algunos basados en la discriminación que supone quedarse en 70 años cuando hay algunos colectivos de funcionarios que pueden extender su vida laboral dos años más. Ademas, en su opinión, supone una diferenciación respecto a los trabajadores de las empresas privadas quienes, salvo que el convenio que rige sus relaciones laborales diga lo contrario, tienen derecho a seguir trabajando sin límite de edad.
Expertos en derecho piensan que la jubilación forzosa de los funcionarios podría ser hasta inconstitucional, además de contraria a la jurisprudencia que se ha acumulado en contra del edadismo y la discriminación en materia de relaciones laborales. Dentro de la función pública existen algunos colectivos de funcionarios como jueces, fiscales, notarios registradores y letrados de las Cortes que tienen ya la opción de jubilarse a los 72 años, estableciendo así una situación laboral difícil de entender.
Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores no parecen estar muy de acuerdo con la posibilidad de ampliar la jubilación forzosa de los 70 a los 72 años, como se clama desde algunos sectores de la Función Pública. Tanto CCOO como UGT aseguran que esa posibilidad no estaba contemplada en los acuerdos firmados en el mes de diciembre del pasado año. Creen, además, que la medida es contraria con el objetivo de rejuvenecer las plantillas que, en su opinión, están muy envejecidas.
Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) la opinión es bien diferente. No ven la prolongación de la vida laboral dos años más como algo negativo, toda vez que consideran que tiene carácter voluntario para el trabajador y que dependerá, en última instancia, de las diferentes comunidades autónomas.
Los funcionarios más interesados en la prórroga
Los funcionarios más interesados en prolongar su vida laboral pertenecen, fundamentalmente, a los cuerpos superiores de la Administración, con las competencias más altas .y que han alcanzado niveles directivos. Por cuerpos, son tanto administradores civiles del Estado (TACs en la jerga), abogados del Estado, inspectores de Hacienda o de Trabajo, interventores, técnicos comerciales e incluso diplomáticos.
Al igual que ha sucedido en otras ocasiones con la incentivación de la jubilación demorada en el régimen general, los funcionarios consideran que con una esperanza de vida cada vez mayor, las condiciones físicas y mentales con las que se llega a la madurez son mejores que las de hace décadas, por lo cual la contribución y rendimiento económico de las personas pueden mantenerse durante más años. Lo consideran una forma de retener el talento, que redunda en una mejor calidad del servicio público
Otro de los argumentos que esgrimen los funcionarios es que la ampliación en dos años de la jubilación forzosa contribuirá a aliviar algo la presión que el sistema público de pensiones soporta con la llegada de más de 100.000 nuevos jubilados todos los ejercicios. Hay ya algunas estimaciones del ahorro que podría producirse con la medida: a partir del segundo año, se podrían ahorrar entre 30 y 48 millones de euros anuales.
