La casilla que los recoge suma 431.000 personas desde 2022 mientras el paro registrado baja en 361.000
El Gobierno aprovechó los buenos datos de junio para presentar un balance optimista sobre la evolución del mercado laboral, en el que ocuparon un espacio destacado las críticas a quienes en los últimos dos años han señalado la sombra en las estadísticas que suponen los fijos discontinuos inactivos. Aunque quizá no eligió el mejor mes para hacerlo, porque mientras el paro registrado bajó en 46.783 personas, un 2%, el número de demandantes con relación laboral, categoría en la que figuran estos indefinidos cuando se apuntan al paro mientras su empleo se interrumpe, crecieron en 83.243, un 14% respecto a mayo. hasta los 665.294 afectados. Y esto es solo el principio de una tendencia que se mantendrá en lo que resta de año.
Aunque la reforma laboral flexibilizó el uso de estos contratos más allá de las actividades de temporada como las turísticas, a los que antes se restringían, los empleos que generan siguen teniendo un carácter estacional. Y esto se traslada al impacto que tienen en las cifras de demandantes con relación laboral que publica el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE): suben entre junio y enero, con solo un leve respiro en septiembre, y caen desde febrero a mayo.
Este comportamiento se explica por el engarce entre los entre los flujos de actividad (e inactividad) que se producen en la hostelería con los de otros sectores, como la educación. El patrón es claro desde abril de 2022. En ese mes en concreto se cumplió la ‘vacatio legis‘ de tres meses dada por el Gobierno a las empresas para adaptarse a la reforma laboral, lo que supuso el auténtico pistoletazo de salida para la contratación de fijos discontinuos.
Por otro lado, cayeron los afectados por ERTEs, que durante la pandemia se vieron también incluidos en buena parte en la categoría de demandantes con relación laboral, aunque la mayoría se integró en la de demandantes ocupados, que se reserva para los inscritos como demandantes con un contrato vigente pero que, a diferencia de los fijos discontinuos inactivos, siguen dados de alta en afiliación.
De esta forma, en mayo de ese año se registró un mínimo de 230.972 demandantes con relación laboral que a partir de junio subieron a 288.193 y desde entonces lo hicieron ininterrumpidamente hasta enero de 2023, cuando la polémica entre Gobierno, oposición y analistas económicos por las estadísticas estaba en su punto álgido.
Tendencia volátil, pero clara
Pero esta esta fluctuación de los datos no significa que el ‘stock’ no se haya disparado. Desde mayo de 2022 hasta junio de 2024, la cifra de estos demandantes ha aumentado en 434.322 personas, un 188%. En el mismo periodo, los parados registrados han descendido 361.924 personas, un 12,38%. Y esta comparativa es la que sustenta las acusaciones de que los fijos discontinuos ‘maquillan’ las cifras de paro que cada mes publica el Ministerio de Trabajo.
El incremento de los demandantes con relación laboral desde abril de 2022 solo puede explicarse por los fijos discontinuos: si fueran personas que trabajan con un contrato ordinario y están de alta en Seguridad Social contarían en la categoría de demandantes ocupados, que se ha reducido sustancialmente desde la pandemia.
Muchos analistas sostienen que estas personas no están en una situación estadísticamente diferente a la de un trabajador temporal cuyo contrato ha caducado y aunque no sean clasificables como parados registrados –así se determina en una orden ministerial que data de 1985– el volumen que han alcanzado tras la reforma justifica que el Gobierno, al menos, clarifique un impacto que no muestra indicios de moderarse. Todo lo contario.
Aunque el Gobierno guarda una baza a su favor: desde septiembre 2023 el incremento interanual de los demandantes con relación laboral se desacelera con mayor intensidad de lo que lo hace el descenso del paro, lo cual resta peso al argumento de que la reducción del desempleo se debe a que se ‘ocultan parados’. Esto apunta a una tendencia de estabilización de los demandantes con relación laboral, pero parece lejos de un retroceso neto que pondría punto y final al ‘efecto fijos discontinuos’.
Lo único cierto es que vuelven a subir y, pese a las fluctuaciones de los primeros meses del año, superan en un 15% a los registrados en junio de 2023. Si se mantienen esta tendencia y el patrón estacional se mantiene, es previsible que superen los 800.000 en enero de 2025. La pregunta es si el Gobierno podrá seguir negándose a publicar unos datos claros y objetivos que zanjen de una vez por todas la polémica.
‘Manual de resistencia’ de Díaz
Pero la polémica ha seguido una vía que tiene poco que ver con el análisis rigurosa del marcado laboral. La respuesta dada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ante unas críticas que ha reducido a un ataque del Partido Popular merece un capítulo en cualquier ‘manual de resistencia’ de comunicación política.
Pasó de la negación total cuando estalló la polémica, en otoño de 2022 a prometer publicar todos los datos en los primeros meses de 2023. Pero tras realizar a filtración parcial y supuestamente ‘accidental’ de datos (sorprendentemente a través de una respuesta parlamentaria al Grupo Popular en el Senado), pasó a olvidarse del tema le pasó la ‘patata caliente’ a las comunidades autónomas que, en su mayoría, están gobernadas por el PP.
Algo en lo que no le falta razón, ya que aunque el SEPE maneja y publica los datos, son las autonomías las que tienen la competencia de registrar y clasificar las demandas. Hay dos niveles de la administración (estatal y autonómico) que pueden dar esta información, pero ninguno lo hace. En este sentido, Díaz acusa directamente a los ejecutivos regionales ‘populares’ de guardar silencio de sus propios datos para atribuirse el mérito de la misma mejora del empleo que cuestionan a nivel nacional.
Pero por muy eficaz que haya sido esta estrategia en términos políticos, no ha resuelto ninguna de las dudas que arrojan estos datos entre los analistas. Los únicos datos concretos aportados personalmente por Díaz provienen de la Encuesta de Población Activa, que estima estos trabajadores inactivos de forma diferente al SEPE. Además, al ser trimestral no refleja la volatilidad de los datos que sí recoge algo mejor los datos de demandas de empleo. De hecho, las cifras del INE ni siquiera coinciden con el número de ‘no parados’ que cobran una prestación, que son muchos menos que los inscritos como demandantes. Algo que se explica porque muchos no han cotizado lo suficiente para percibirla.
El caso es que seguimos sin saber exactamente cuántos de esos demandantes con relación laboral son fijos discontinuos inactivos. aunque si nos remitimos a los datos de la mencionada respuesta parlamentaria, los únicos ‘oficiales’, aunque se limitaba a diciembre de 2022, los demandantes con este tipo de contrato que no están trabajando serían al menos un 71% del total de que tienen relación laboral. La oscuridad sobre la situación año y medio después es total.
Fuente: El Economista Fin de la tregua: los fijos discontinuos ‘en paro’ suben un 14% y la duda vuelve a los datos de Díaz (eleconomista.es)
