El Banco de España, la AIReF, CEOE y organismos como la Comisión Europea avisan de que España debe implementar más medidas de reforma para que las pensiones sean sostenibles en las próximas dos décadas, mientras el sistema digiere la jubilación de baby boom, pero sin comprometer el futuro de jóvenes y trabajadores.
Hay que recordar que nuestro sistema de pensiones es de reparto, es decir, los jóvenes actuales financiarán las pensiones de los actuales jubilados. Si el sistema de pensiones no está en equilibrio y aumenta la deuda por los déficits existentes, estos jóvenes también se tendrán que hacer cargo de esa deuda.
El envejecimiento y la mayor tasa de vida en la jubilación plantean retos inéditos en Europa, particularmente en España, donde la esperanza de vida al nacer ha crecido en dos años por cada década desde 1975, al tiempo que la natalidad se ha desplomado. En ambas dimensiones, España destaca entre los países de la OCDE y en los próximos años, el país experimentará el aumento de la tasa de dependencia más acusado en la Unión Europea, según Eurostat.
¿Hay un peligro real de enfrentamiento directo que rompa el equilibrio intergeneracional, que se llegue a un choque frontal entre jóvenes y personas mayores, trabajadores y jubilados? ¿Existe el riesgo de poner en duda el pago de las pensiones futuras?. Esto piensas algunos expertos:
ENRIQUE DEVESA , profesor titular de Economía Financiera y Actuarial de la Universidad de Valencia e investigador del IVIE, espera que “no surja ni se aliente ningún tipo de enfrentamiento intergeneracional, porque no conduciría a nada bueno. Pero para que ni siquiera se pase por la mente de nadie, habría que hacer una reforma de las pensiones creíble y que ofrezca esperanza a los jóvenes. Eso sí que está en nuestras manos y, además, con bastante urgencia, antes de que se deteriore más la situación”. Una situación marcada por “el elevado déficit contributivo que tiene el sistema de pensiones, un 2% del PIB, y el aumento de déficit que supondrá la llegada de la generación del baby boom, que hacen que el futuro de las pensiones no sea nada halagüeño si no se hacen importantes reformas”.
JOSÉ ANTONIO HERCE, doctor en Economía y socio fundador de LoRIS Retirement, descarta enfrentamientos maniqueos y alerta: “No tiene sentido, en mi opinión, cebar esta bomba. La edad no puede ser una divisoria. Eso es miserable. Hay que ocuparse de todos aquellos que necesitan ayuda para llegar a fin de mes. Lo mejor para desactivar esta ridícula percepción y a quienes la atizan es reforzar el carácter contributivo de las pensiones, racionalizar y hacer sostenible su explosiva fórmula de cálculo de las pensiones y pasar a los Presupuestos Generales del Estado la solidaridad, tanto para pensionistas como para trabajadores que la necesiten”.
El economista JAVIER SANTACRUZ considera que, en términos teóricos, “habría riesgo de un conflicto intergeneracional jóvenes-jubilados, trabajadores-jubilados. Sin embargo, en términos prácticos me cuesta creerlo, sobre todo porque la merma de salarios de trabajadores se está compensando con ayudas familiares que dan los jubilados. De hecho, si en algún momento se diera cualquier conflicto, éste acabaría pronto, en cuanto se diesen cuenta de que un abuelo no va a exigir más pensión si esto significa quitarle dinero a su nieto o nieta, por ejemplo”.
JOSÉ IGNACIO CONDE-RUIZ, catedrático y subdirector de FEDEA advierte de que “tenemos que reflexionar como sociedad y tener en cuenta a los jóvenes, porque si no, se puede perder la justicia intergeneracional en que se basa el sistema. No se puede pensar en el corto plazo, sino hacia el futuro, con políticas que beneficien a los jóvenes”. Tal y como recuerda, “los políticos priorizan en sus programas a quienes les permitan ganar las elecciones, y como cada vez hay más personas mayores entre el electorado, legislan a favor de lo que más les favorece. Pero las pensiones se acabarán reformando, porque en el futuro la pirámide de población estará invertida por completo (muchos menos trabajadores por cada pensionista), y las pensiones serán pagables, aunque comiéndose el margen fiscal que podría dedicarse a otras políticas, por ejemplo, para los jóvenes”.
Para ELISA CHULIÁ, profesora de Sociología de la UNED y directora de Estudios Sociales de Funcas: “si por conflicto intergeneracional entendemos un malestar que eventualmente puede manifestarse en protestas de la población joven, no contra los pensionistas, pero sí contra el comparativamente escaso apoyo que reciben del Estado (por ejemplo, para financiar su vivienda o criar a sus hijos), sí me parece probable que se produzcan esos episodios de expresión pública de descontento“. En este sentido, Chuliá recalca que “un potente amortiguador de esas posibles tensiones entre generaciones es la familia. Ni los hijos ni los nietos se sienten cómodos elevando “la voz” por el alto precio que supone la financiación de las pensiones de sus padres y abuelos. Más probable que el enfrentamiento abierto entre las generaciones me parece posible que los jóvenes opten por “la salida”; es decir, que se planteen trabajar y vivir en países cuyos Estados no les exigen más de lo que les ofrecen”.
RAFAEL DOMÉNECH, responsable de Análisis Económico de BBVA Research, “el sistema de pensiones de reparto se basa en un pacto intergeneracional que debe estar equilibrado. El conflicto surge cuando se quiere mantener la generosidad del sistema actual a costa de un déficit creciente y abultado en términos del PIB, que tiene que ser soportado principalmente por las generaciones en activo, mediante mayores cargas tributarias en todo tipo de impuestos”. Y pone el acento en que la jubilación del baby boom “nos enfrenta como sociedad a elegir entre dedicar un porcentaje mayor de impuestos a pagar pensiones, reducir la tasa de reemplazo (es decir, pensiones más bajas respecto a los salarios cotizados, a edad de jubilación constante) o una combinación de ambas medidas. Una manera de evitar tasas de reemplazo más bajas es retrasando la edad de jubilación, lo que nos permite acceder a pensiones más elevadas, pero durante menos tiempo de jubilación”.
EVA BLÁZQUEZ, profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Carlos III y ex viceconsejera de Empleo de la Comunidad de Madrid, explica que “no debería haber ningún tipo de enfrentamiento intergeneracional jóvenes/pensionistas, ni entre trabajadores/jubilados, sobre todo cuando la población española está envejeciendo tan deprisa, sin repuesto de natalidad, que apenas habrá jóvenes que trabajen“. Su punto de vista es que es necesario incidir en la creación de políticas de empleo para las personas mayores, “pero también de los jóvenes, porque retrasando la edad de jubilación se ahorran costes a la Seguridad Social, pero la mejor vía de sostenibilidad de las pensiones es que se logren mayores ingresos por cotizaciones, y eso se consigue con mayor empleo”.
MARIANO JIMÉNEZ , presidente de OCOPEN y director general en Cpps Asesores, recuerda que los sistemas de reparto se basan precisamente en el mantenimiento de un pacto intergeneracional que sea equitativo para las diferentes generaciones. “Las reformas del sistema público han sido parciales e insuficientes, por cuanto no han sido capaces de introducir mecanismos de ajuste automático en la evolución de las variables que afectan al sistema para que se produzca dicha equidad. Además, en el momento actual, en el que estamos afectados por un fuerte proceso inflacionista, es difícil mantener que dicho pacto sea equitativo cuando las posibilidades de mantener el poder adquisitivo para los trabajadores y para los pensionistas son sustancialmente diferentes”, argumenta.
PAU MONSERRAT , economista y profesor asociado de la UIB y CEO de Futurfinances.com, hace hincapié en que “la solidaridad entre generaciones se aplica en las dos direcciones y se puede plantear que vaya también desde los pensionistas hacia los jóvenes trabajadores“. Afirma que siempre hay un componente de conflicto cuando las cosas no van bien para las dos partes. “Si el mercado laboral fuera de pleno empleo y tuviéramos empresas de mayor valor añadido, que pagasen sueldos muy buenos, no habría conflicto. Pero España no es así. La realidad es que, sin tocar las pensiones, sin alargar la edad de jubilación, quienes pagan la factura son los trabajadores, vía menos ingresos o menos empleo. Hay que defender sin duda el sistema de pensiones público, pero es crucial adoptar medidas dolorosas, si es preciso“, sentencia.
CRISTINA ESTÉVEZ , secretaria de Política Institucional y Políticas Territoriales de UGT, indica que “los sistemas públicos de pensiones, basados en la solidaridad colectiva entre generaciones, constituyen uno de los mayores avances en la historia de la humanidad. Por eso es tan importante defender unas pensiones suficientes, y buscar el equilibrio entre las aportaciones de las generaciones que trabajan y las necesidades de las que ya no pueden hacerlo”. Para esta responsable sindical, si la generación que se jubila es más grande, el gasto en pensiones debe aumentar, “y si la generación que se jubila es más grande también ha aportado mucho más al progreso del país y al nivel de vida de las siguientes generaciones. Un ejemplo claro es que la generación que está llegando ahora al mercado laboral, en un 40%, tiene estudios universitarios, y eso es gracias a sus padres, la generación del baby boom, que de forma mayoritaria nunca pudieron disponer ni de lejos de una educación de ese nivel”.
CARLOS BRAVO secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, reconoce el desafío que para la Seguridad Social supondrá la llegada a la edad de la jubilación de los baby boom, pero asegura que las pensiones son sostenibles y critica a quienes infunden miedo sobre el futuro, y detalla que “las pensiones públicas tienen relación con las cotizaciones, no correspondencia actuarial. Responden a dos decisiones fundamentales, la primera, cómo se financian cada año, cuánto con cotizaciones de trabajadores y empresas (la mayor parte y así seguirá siendo), cuánto con recurso a los Presupuestos del Estado, por el lado de los ingresos); la segunda, qué nivel de cobertura han de tener y cómo se mantiene este entre las distintas generaciones”.
LA CEOE valoran que “no se puede hablar en términos de enfrentamiento entre trabajadores de más edad y jóvenes, o entre trabajadores y jubilados, pero hay que recordar que el sistema de pensiones español se basa en la equidad intergeneracional, lo que implica que las generaciones deben ser tratadas de manera equitativa”. El problema para esta patronal es que hacen falta reformas para la sostenibilidad futura, y algunas medidas adoptadas por el Gobierno les parecen lesivas. Por ejemplo, “el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que entra en vigor en 2023, no es un mecanismo de equidad que apuntale la sostenibilidad, sino que el MEI es una subida de cotizaciones temporal, de 10 años, que pagarán en su inmensa parte las empresas, y otra parte los trabajadores. Y eso no resolverá el gran problema de la jubilación del baby boom a lo largo de los próximos 25 años. Con el MEI se exige un esfuerzo extra a los jóvenes, se rompe el equilibrio”, resaltan.
Para CEPYME, “la indexación total y generalizada de las pensiones no puede garantizarse sin incluir ningún límite que proteja la viabilidad del sistema, especialmente en coyunturas como la actual de bajo crecimiento y alta inflación”. Desde la patronal de la pequeña y mediana empresa piden “poner fin a las incesantes subidas de cotizaciones que se han producido en los últimos años y que se suman a las aprobadas para 2023. En los últimos cinco años, el Gobierno ha elevado las bases mínimas de cotización en más del 40%, y las bases máximas cerca de un 20%”.
PILAR GONZÁLEZ DE FRUTOS, presidenta de UNESPA , la patronal aseguradora, que el sistema de pensiones “es un elemento fundamental de nuestro Estado de bienestar. Las pensiones constituyen una parte esencial del pacto social que en España nos hemos dado, pues permiten asegurar el bienestar de todos en la vejez”. Dicho esto, advierten de que “el envejecimiento gradual de la población española abre interrogantes, no tanto en torno a la sostenibilidad de las pensiones públicas, como sobre su suficiencia”.
Para Unespa, “mientras exista ese consenso, las pensiones pervivirán. Otra cosa es la cuantía que podrán representar y su relevancia respecto del último salario. Ante el riesgo de que las pensiones públicas no alcancen una cuantía suficiente, hay que recordar que existen herramientas que permiten complementarlas y, por tanto, asegurar el poder adquisitivo en la edad de retiro”
JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ, director del Instituto Santalucía, considera prioritario “no traspasar a las siguientes generaciones el problema de desequilibrio y de deuda de la Seguridad Social, para lo cual es preciso equilibrar las cuentas de forma estructural y a largo plazo“. Argumenta que, dado que los jóvenes actuales son quienes deberán financiar las pensiones de los futuros jubilados, no se debería hipotecar su futuro. Para Jiménez, “debería incentivarse el ahorro previsional a largo plazo, entendiendo este concepto de manera genérica. Con este fin, se podría plantear el crear una especie de perímetro de ahorro previsional a largo plazo. Se trataría de una cuenta paraguas que permitiría realizar inversiones en distintos tipos de activos financieros disfrutando del mismo tratamiento fiscal que los productos previsionales actuales, como los planes de pensiones”.
ÁNGEL GAVILÁN, director general de Economía y Estadística del Banco de España argumenta que “el mayor gasto futuro en pensiones asociado a la derogación del Índice de Revalorización de las Pensiones y el Factor de Sostenibilidad no ha sido compensado aún en su totalidad por las nuevas medidas introducidas recientemente“, y reclama analizar las consecuencias redistributivas y en términos de equidad intergeneracional de las reformas planteadas futuras.
CRISTINA HERRERO , presidenta de la AIReF, apunta en sus previsiones demográficas y de gasto en pensiones para 2050 que el gasto aumentará al 14,2% del PIB (frente al 11% actual). Y calcula que elevar dos años la edad efectiva de jubilación y aumentar de 25 a 35 años el periodo de cómputo para la jubilación aportaría una contención del gasto adicional de 1,4 puntos del PIB.
Son evidentes los enormes desafíos del inminente y masivo retiro de la generación del baby boom, que exigirá nuevas medidas de reforma de las pensiones.
Conforme se vayan jubilando los aproximadamente 13 millones de baby boomers que hoy cuentan entre 45 y 64 años, crecerá la necesidad de ajustes. De esos aproximadamente 13 millones de baby boomers que hoy cuentan entre 45 y 64 años, los de más edad cumplirán 65 años en 2023, mientras que los más jóvenes cumplirán 67 años (la edad ordinaria de jubilación a partir de 2027) hacia 2045. La generación del baby boom se distingue también por ser la que registra una mayor proporción de personas con derecho a pensión contributiva de jubilación desde que existe la Seguridad Social, y ello porque muchas mujeres que nacieron durante ese periodo han trabajado remuneradamente y acreditan carreras de cotización suficientemente largas para cobrar una pensión de jubilación. También hay que tener en cuenta que con la incorporación de la mujer al trabajo ambos (varones y mujeres) han generado derechos a la percepción de pensiones de viudedad por parte de sus cónyuges o parejas supervivientes, por lo que ,si no cambia la legislación, cabe esperar un aumento de las personas que percibirán dos pensiones (la de jubilación y la de viudedad, que son compatibles hasta alcanzar el importe de la pensión máxima fijado anualmente).
Las circunstancias demográficas han cambiado radicalmente y, aunque la capacidad de la economía ha crecido mucho, los aumentos de productividad no parecen suficientes para sostener la financiación de pensiones (tal como hoy están reguladas) sin menoscabar el buen funcionamiento de la economía y el razonable equilibrio intergeneracional en la asignación de recursos públicos. Mientras no se entienda bien esto, resultará muy difícil que los ciudadanos acepten la necesidad de reformar las pensiones.
Fuente: 65 y más
