LOS EXPERTOS RECLAMAN MAYOR TRANSPARENCIA SOBRE LA 'HUCHA' DE LAS PENSIONES

Critican la “visión distorsionada” del último informe del Fondo de Reserva de la Seguridad Social

Piden un “debate honesto” sobre las perspectivas a largo plazo

Hace pocos días, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha hecho entrega del Informe del FRSS, correspondiente a 2023, a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. En él se destaca con satisfacción que el valor del Fondo a 31 de diciembre de 2023 era de 5.578 millones de euros, tras sumar 3.438 millones ese año, gracias en gran medida al incremento de las cotizaciones establecido en el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que está operativo desde enero de 2023.

Lo que no se destaca en el informe es que la deuda total neta del sistema, descontando el fondo de reserva, ha seguido aumentando a pesar de la subida de cotizaciones del MEI y de la inyección a la Seguridad Social de cuantiosos recursos procedentes de impuestos generales. Así pues, aclara, «no es que estemos ahorrando una parte de las cotizaciones actuales para pagar parte de las pensiones futuras, sino que estamos utilizando dinero procedente de impuestos generales y emitiendo deuda no sólo para pagar las pensiones de hoy sino también para engordar un “fondo de reserva” que es sólo una ilusión óptica, dado que sus activos no son más que una pequeña parte de la deuda bruta del sistema».

Desde el Instituto Santalucía se aboga por la transparencia sobre la situación financiera del sistema de pensiones. En ese sentido, señala que «ha de reconocerse, en particular, que la consolidación de las cuentas del FRSS y de la propia Seguridad Social compensaría, en cada ejercicio, el crecimiento del saldo de aquel con el aumento de la deuda de esta, dejando en un mero espejismo el resultado, aparentemente satisfactorio, de segregar ambas cuentas».

“El tratamiento que se está dando al renacido Fondo de Reserva de la Seguridad Social no contribuye a la transparencia porque tiende a dar una visión distorsionada de la verdadera situación patrimonial del sistema”. Esta es la principal conclusión del último informe del Foro de Expertos del Instituto Santalucía sobre la sostenibilidad de las pensiones, presentado este miércoles, en el que se reclama la necesidad de “máxima transparencia” sobre la situación objetiva en la que se encuentra el sistema de pensiones.

En el informe del Gobierno se destaca “con satisfacción” que el valor del fondo a 31 de diciembre de 2023. Éste ha llegado hasta los 5.578 millones de euros, “tras sumar 3.438 millones ese año, gracias en gran medida al incremento de las cotizaciones establecido en el Mecanismo de Equidad (MEI)”, defendía el Ejecutivo.

Los expertos matizan que lo que no se destaca en el informe es que la deuda total neta del sistema, descontando el fondo de reserva, ha seguido aumentando a pesar de la subida de cotizaciones del MEI y de la inyección a la Seguridad Social de cuantiosos recursos procedentes de impuestos generales.

“No es que estemos ahorrando una parte de las cotizaciones actuales para pagar parte de las pensiones futuras, sino que estamos utilizando dinero procedente de impuestos generales y emitiendo deuda no sólo para pagar las pensiones de hoy sino también para engordar un ‘fondo de reserva’ que es sólo una ilusión óptica, dado que sus activos no son más que una pequeña parte de la deuda bruta del sistema”.

Por tanto, desde el Instituto Santalucía abogan por la transparencia sobre la situación financiera del sistema de pensiones y analizar con detalle cada una de las medidas de la reforma de las pensiones. “Ha de reconocerse, en particular, que la consolidación de las cuentas del FRSS y de la propia Seguridad Social compensaría, en cada ejercicio, el crecimiento del saldo de aquel con el aumento de la deuda de ésta, dejando en un mero espejismo el resultado, aparentemente satisfactorio, de segregar ambas cuentas”, sostienen en un comunicado. Según los expertos, todas estas variables hacen necesaria “la transparencia y claridad en la información para que los ciudadanos comprendan la situación real del sistema de pensiones”, advierte José Manuel Jiménez Rodríguez, director del Instituto Santalucía.

“En este sentido, y teniendo presentes las estimaciones que revela el último Ageing Report acerca del efecto que el envejecimiento tendrá en las cuentas públicas en el futuro, consideramos muy conveniente que pueda existir un debate sereno, honesto y con perspectiva a largo plazo para que los cambios estructurales que se precisan para garantizar la sostenibilidad de las pensiones públicas puedan consensuarse y materializarse”, ha señalado.

LA DEUDA DE LA SEGURIDAD SOCIAL SE MANTIENE EN MÁXIMOS DE 116.169 MILLONES DE EUROS EN MAYO

El endeudamiento de la Seguridad Social continúa disparado situándose en los 116.169 millones de euros en mayo de 2024, según reflejan las estadísticas actualizadas este miércoles por el Banco de España. Estos datos confirman la tendencia a una deuda mantenida en los últimos meses 19 meses por encima de la barrera psicológica de los 100.000 euros.

El incremento interanual del endeudamiento se mantiene así en el 9,4%, un fuerte crecimiento que el supervisor financiero explica por “el incremento del endeudamiento de la Seguridad Social en el último año debido a los préstamos concedidos por el Estado a la Tesorería General del organismo para financiar su desequilibrio presupuestario”.

Los datos oficiales del Banco de España son una muestra de la velocidad a la que se ha disparado el endeudamiento de la Seguridad Social desde antes incluso de la pandemia, en una España que en estos momentos se asoma ya al masivo retiro de la generación del baby boom, que durante dos décadas tensionará la sostenibilidad del Estado del bienestar. La jubilación de los boomer, que arranca en 2025, causará un fuerte incremento del gasto en pensiones, tanto en la década de los años 30 como 40.

Otro gran factor que agranda el agujero de la Seguridad Social es la revalorización de las pensiones con el IPC, mediante la cual, los más de 10 millones de pensionistas de la Seguridad Social ven aumentadas cada año sus pagas en función de la inflación media anual. Este sistema de revalorización desencadena un mayor ritmo de incremento del gasto para sufragar las prestaciones contributivas, según alertan organismos como el propio Banco de España, la AIREF o FEDEA.

QUÉ ES LA HUCHA DE LAS PENSIONES

Cuando hablamos de la hucha de las pensiones, nos referimos al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que es un monto de dinero que está destinado a pagar las prestaciones contributivas si resultan insuficientes los ingresos de la Seguridad Social.

Su función es la de convertirse en una “hucha” en la que el sistema va ahorrando capital en aquellas épocas de bonanza económica, para recurrir a ella en las ocasiones en las que se pasa por dificultades y los ingresos de la Seguridad Social no son suficientes como para afrontar los pagos de las prestaciones.

Este Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que se planteó inicialmente en los Pactos de Toledo en 1995, surgió como medida para tratar de proteger el pago de las prestaciones contributivas, pero no fue hasta 1997 cuando se creó realmente. En el año 2000, aprovechando el superávit de la Seguridad Social, recibió su primera aportación.

Es el superávit de la Seguridad Social la que nutre al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, si bien existen otros mecanismos para el incremento del capital ahorrado, sobre todo como consecuencia de los activos en los que están invertidos, en su mayoría, activos de deuda pública. Su objetivo no es solo guardar el capital, sino hacer que sea rentable a través de unos criterios de inversión.

La hucha de las pensiones está controlada por la Tesorería General de la Seguridad Social a través de diferentes organismos de gestión compuestos por un grupo de expertos que proceden de los ministerios de Economía, Empleo o Hacienda. Asimismo, el Gobierno, mediante el Consejo de Ministros, decide cuándo y en qué cantidad usar el Fondo de Reserva. Como medida de control, el Ejecutivo rinde cuentas de forma anual ante el Congreso de los Diputados.

La aportación de cada trabajador a la hucha de las pensiones es diferente según su nivel de ingresos. Las contribuciones durante el presente año 2024, que alcanzan el 0,7% del salario bruto, hacen que varíen entre los 48 y los 428 euros anuales. Dado que el sueldo medio en el país alcanza los 2.087 euros brutos mensuales, la aportación de los trabajadores sería de 15 euros al mes, o lo que es lo mismo, 175 euros al año.

Por otro lado, el máximo previsto del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), se establece en 428 euros al año, que llegarán al Fondo de Reserva de la Seguridad Social de las nóminas más altas, ya que se trata de una cuota escalonada: cuántos más ingresos, se realiza una mayor aportación.

Asimismo, hay que tener en cuenta que los porcentajes de la contribución irán creciendo con el paso de los años, ya que el Gobierno plantea escalonar la aportación hasta que en el año 2029 llegue a alcanzar el 1,2% del salario bruto mensual.