La crisis de la covid-19 ha puesto de manifiesto la importancia de permitir medidas de flexibilidad en el ámbito del trabajo. La figura de los Expedientes de Regulación Temporal del Empleo (ERTEs) es uno de los aspectos que más flexibilidad aporta a la legislación laboral de nuestro país.
La figura de los ERTE, que ayer jueves 25 de junio se acordó ampliar hasta el 30 de septiembre , se ha convertido en un elemento clave para salvaguardar millones de puestos de trabajo
¿Qué peso tienen los ERTE, o medidas similares, en otros países?
Esta figura no es un “invento” español y menos aún de este Gobierno actual, como a menudo se ha tratado de publicitar, y ha sido desplegada en otras economías de nuestro entorno.
El método elegido por los gobiernos europeos para mitigar el impacto laboral de la propagación del virus ha sido el llamado lay-off, más conocido en España por ERTEs, pero evidentemente los ERTE acarrean un inasumible gasto público si se prolongan en el tiempo. Uno de cada cuatro trabajadores europeos, 42 millones en total (el 25% de los trabajadores de la UE), ha estado o está aún afectado por un ERTE.
En Alemania, donde se conoce como kurzarbeit, proporciona al menos el 80% de la remuneración de los trabajadores afectados y han servido para el rescate de medio millón de empresas. Afecta al 27 % de los trabajadores (10 millones).
La factura del Reino Unido para cubrir a 7,5 millones de trabajadores, el 25% de la fuerza de trabajo, es de 9.000 millones de euros al mes. Aunque se ha ampliado ya varias veces también se ha advertido que esto no es sostenible
En Francia, afectados dos tercios de los empleados del sector privado, el costo es probable que supere con creces los 26.000 millones de euros presupuestados y se ha anunciado que el gobierno planea finalizar estos planes a partir de junio.
En Italia las empresas pueden usar este plan, la cassa integrazione, hasta por 4 meses y se estima que ha afectado a un 47 % de los trabajadores por cuenta ajena (8 millones).
En Estados Unidos, el 78% de los desempleados también apalabraron con sus empresas una salida temporal, a la manera de los ERTE, si bien el mecanismo norteamericano es mucho menos burocrático.
Los ministros de Economía y Finanzas de la UE aprobaron a finales de mayo un fondo temporal de 100.000 millones que financiará los sistemas de protección temporal de empleos afectados por la pandemia. En el caso de nuestro programa, el programa denominado SURE cubrirá alrededor de 25.000 millones de gasto asociado a los ERTE.
¿Cuántos asalariados se han beneficiado en España?
Según declaró el ministro Escrivá, casi 3,5 millones de trabajadores y 500.000 empresas se han acogido a esta herramienta laboral. Los ERTEs afectaban en abril al 24% de los asalariados del RGSS, mientras que en mayo este porcentaje se había reducido al 21%. Esto significa que, en términos efectivos, el paro ha llegado a ser de 8,5 millones de personas en el peor momento de la crisis.
Los niveles de afiliación habrían caído casi un 20% de no haber sido por la aplicación de los ERTEs. El mayor desplome se habría dado en la hostelería, con una corrección del 65% en la afiliación, seguida de las actividades artísticas y recreativas, donde el 55% de los trabajadores habría terminado en un escenario de paro. Otras ramas de actividad muy afectadas habrían sido la construcción y las actividades inmobiliarias o el transporte y almacenamiento.
¿Qué coste tendrán los ERTE en España?
Los ERTE son una medida muy costosa para las arcas públicas, hasta ahora, su impacto presupuestario ha sido de 21.000 millones (entre cotizaciones y prestaciones). Teniendo en cuenta que la deuda ha subido en 30.000 millones, eso significa que 2 de cada 3 euros del esfuerzo adicional asumido por el Tesoro se ha ido a los ERTE. Los datos que maneja la AIREF apuntan que la aplicación de los ERTE hasta el 30 de septiembre rondaría los 9.000 millones de euros más, mientras que su prórroga hasta el 31 de diciembre elevaría esta factura hasta los 18.000 millones.
Los problemas burocráticos en la tramitación de los ERTE por parte del Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE) han sido uno de los principales problemas del programa de protección temporal del empleo. En una futura crisis, su aprobación inmediata asociada a la firma de una declaración responsable parece más lógica que someter la aprobación de todos los expedientes a un proceso de revisión burocrática. Por otro lado, no hay que olvidar que la banca ha adelantado el pago de muchos de estos programas y que el pago se ha producido con uno o dos meses de retraso.
