Nunca ha servido para mucho y con Sánchez sirve para menos pues no debate sobre el Estado de la Nación, sino sobre su propio estado: el de su Gobierno y el de su partido
Hace casi 40 años, en 1983, el Congreso de los Diputados acogió por primera vez un Debate de estado de la Nación que no se encuentra recogido en la Constitución. Desde entonces, este debate había tenido una periodicidad anual, excepto los años con cita electoral o cuando ésta estuviese muy reciente, porque la mayor parte de los temas habían sido tratados en el pleno de investidura del presidente en el cargo. Así, se ha celebrado en 25 ocasiones hasta 2017 inclusive. Los asuntos más importantes debatidos son economía, empleo, prestaciones sociales, financiación autonómica, la convergencia con la Unión Europea y la política exterior, entre otros.
Cabe recordar que Zapatero aprovechó el debate sobre el estado de la nación de 2005 para anunciar una nueva ley del Suelo, la primera ley de Igualdad y la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 600 € mensuales. En 2007, Zapatero prometió el pleno empleo entre 2008 y 2012 en esta misma sesión, con una reducción de la temporalidad por debajo del 25%, así como nuevas subidas del SMI y de las pensiones mínimas. En su último debate antes de dejar la Moncloa, admitió la comprometida situación de la economía española, «en realidad se trata de un debate sobre el estado de la lucha contra la crisis» y se comprometió a aprobar nuevas medidas de protección para las personas que no pudiesen atender al pago de su hipoteca, así como un paquete de iniciativas para impulsar la actividad de los emprendedores, autónomos y pymes, aunque no concretó ninguna de ellas.
Ahora, siete años después del último debate de la nación de Mariano Rajoy en 2015, Pedro Sánchez lidera su primer debate sobre el estado de la nación como presidente del Gobierno y la cartera económica para hacer frente a la crisis económica ha sido la protagonista del cara a cara con el resto de los grupos parlamentarios, dado que constituye una oportunidad clave del Gobierno para retomar la iniciativa política perdida por múltiples causas, tanto ajenas como propias del Gobierno y de los partidos que forman la coalición gubernamental (PSOE e IU) y en los que se apoya parlamentariamente (ERC, PNV y EH fundamentalmente).
Las medidas “anunciadas” (que no “tomadas”) temporales que se tendrán que plasmar en el correspondiente real decreto ley correspondiente, en esta ocasión se pueden resumir en:
- Impuesto sobre las grandes energéticas y entidades financieras durante 2 años: 2.000 millones al año para las energéticas y unos 1.500 millones anuales a la banca. La banca cae en la bolsa cerca del 10%.
- Prórroga de la bonificación del gas ya existente.
- Bonificación del 100% para los abonos de varios viajes de Cercanías y media distancia entre septiembre y diciembre, que ya tenían una bonificación del 50% según el último real decreto anticrisis
- Beca complementaria de 100 €/mes de septiembre a diciembre para un millón de estudiantes mayores de 16 años que ya reciban una beca.
- Implementación de estudios de programación, robótica y pensamiento computacional en etapa escolar
- Medidas para reducir el consumo energético: aumento del teletrabajo, fomentar el transporte público, bajar algún grado la calefacción o subirlo en el aire acondicionado. Habrá que esperar las medidas concretas para alcanzar esos objetivos
No parece que este tipo de medidas recaudatorias (que no se pueden legislar mediante decretos ley) y/o coyunturales pueda contener el gravísimo problema actual, como el propio Presidente ha reconocido en su intervención, de la inflación desbocada y su afección a las clases medias y bajas,
Cada vez Sánchez se parece al peor de los Zapateros
