Escrivá negocia la reforma del sistema de protección social, mientras Economía y Hacienda abren una mesa de negociación con las organizaciones de autónomos para tratar la fiscalidad y la digitalización del sector
EL TRABAJO AUTÓNOMO. ALGUNOS DATOS
El trabajo autónomo emplea en España a 4,17 millones de trabajadores, 3,32 de ellos por cuenta propia y 851.104 contratados por ellos, un volumen de empleo superior al de las microempresas (3,05 millones) y al del resto del tejido pyme (3,02 millones) y equivalente a dos tercios del que generan las grandes (5,93
En 2019, último año antes de la pandemia, arrojó rendimientos económicos por valor de 69.000 millones de euros, aunque un 5% de ellos perdió dinero con sus negocios, cerca del 40% no llegó a ganar mil euros mensuales y otro 19% se quedó entre es mileurismo en bruto y el mileurismo en neto, un cuadro con el que convive una clase alta de 383.049 que ingresan más de 40.000 euros al año.
El 85% de los autónomos, con independencia de su nivel de ingresos, cotiza por la base de cotización mínima de 970 euros mensuales, que supone una cuota de 294 y hasta el 40% de los autónomos optan por planes privados para mejorar una prestación de jubilación que hoy presenta una media de 794 euros mensuales, 543 por debajo de las del Régimen General.
Ese sistema, que genera en la Seguridad Social un déficit de más de 10.000 millones de euros al año al cubrir las cuotas poco más del 50% del gasto en prestaciones. que ha hecho que el sistema sea injusto, haya socavado la solidaridad contributiva y haya generado un déficit en la Seguridad Social, ya que un millón y medio de autónomos hacen un esfuerzo enorme para pagar los 294 euros todos los meses mientras otros 800.000 hacen un esfuerzo ridículo.
LA REFORMA DE LAS COTIZACIONES
La modificación de las bases de cotización (y por lo tanto de las cuotas a abonar a la SS), es uno de los asuntos pendientes que quiere modificar el actual Gobierno de coalición, que ha planteado un sistema de cotizaciones por tramos en función de los ingresos del autónomo que quiere poner en marcha el año que viene.
El nuevo planteamiento, que permite seis cambios de cuota al año y que se liquidaría en el siguiente ejercicio en función del IRPF, con recargo si los ingresos superan a la base y con la posibilidad de acumular las cuotas si son inferiores, incluye una progresión hasta cerrar en 2031 con trece tramos según los ingresos
La tarifa plana, que pasaría a ser de 70 euros mensuales durante dos años y daría lugar a prestaciones por valor de la base de 1.150, quedaría restringida a aquellos autónomos cuyos ingresos anuales se queden por debajo del SMI.
Parte del debate se ha desplazado a la revisión de cuales son los ingresos que determinan esos tramos pues los rendimientos netos no son más que una convención, el resultado de una definición legal. A grandes rasgos, el rendimiento neto es igual al total de los ingresos totales menos los “gastos vinculados a la actividad económica”. ¿Y qué gastos son esos para Hacienda/Seguridad Social? Hay ciertos gastos en los que no hay duda (por ejemplo, los materiales usados para el desempeño del trabajo), pero hay otros en los que este tema no está claro. Ni coincide siempre lo que se puede deducir uno por IVA o IRPF.
El periodo de cálculo de los rendimientos parece claro pues serán los rendimientos del año previo. pero esa cifra no se cierra hasta mediados del año siguiente, que es cuando el autónomo tiene que consolidar los datos ante Hacienda y las variaciones en la facturación pueden ser muy elevadas y sería algo extraño que, por ejemplo, la cuota en enero de 2023 fuese sobre los ingresos declarados a cierre de 2021
¿CÓMO AFECTARÁ LA REFORMA AL DEFICIT DEL RETA?
El desfase entre ingresos anuales de cuotas y prestaciones que registra el RETA, es ahora de unos 10.000 millones de euros y con la reforma se espera elevar la recaudación en 2.000 millones de euros al año. Sin embargo, estos mayores ingresos solo servirían para cubrir un 20% del agujero anual que registra el régimen especial para los trabajadores por cuenta propia pues la Seguridad Social espera ingresar por cuotas de autónomos algo más de 11.000 millones de euros, mientras que el gasto que tendrá que afrontar en prestaciones a lo largo del año ascenderá a más de 22.000 millones de euros. Es decir, la cuantía de los pagos duplicará la de los ingresos. O dicho de otro modo, la recaudación de los doce meses del año apenas servirá para cubrir un 50% de los gastos en pagas por cese de actividad, invalidez o pensiones de jubilación, entre otras prestaciones.
Concretamente, en 2021, la Seguridad Social otorgó a los autónomo prestaciones por valor de 21.314 millones de euros mientras que los ingresos de las cuotas del colectivo se elevaron a los 10.328 miillones de euros. Es decir, las prestaciones supusieron más del doble que los ingresos.
Si nos atenemos a 2019, el último año previo a la pandemia que desvirtúa todas las cifras por las ayudas que ha recibido el colectivo, y que además coincide con el primero en el que se desplegaba el acuerdo con autónomos para aumentar la protección con cotizaciones que cubren a los autónomos por contingencias comunes y profesionales, por cese de actividad y por formación profesional, generalizando estas coberturas, algunas de las cuales antes sólo eran voluntarias, el avance del coste en prestaciones fue del 4,5% mientras que las contribuciones del colectivo retrocedieron ligeramente, en un 3,4%. Ya un año antes se observó esta tendencia con un incremento en 2018 de los ingresos del 1,9% y del 4,1% en el caso de las prestaciones.
LA FISCALIDAD Y LA MOROSIDAD
Paralelamente a la mesa de negociación de las cotizaciones, los ministerios de Economía y de Hacienda han abierto otra centrada en la reforma de la fiscalidad de los autónomos y en el llamado Kit digital, que consiste en la digitalización del manejo de facturas y de las relaciones con la Administración.
El primer bloque se centra en cuatro líneas que son la adaptación de buenas prácticas fiscales, la transposición de la directiva europea sobre el IVA, la regulación de las deducciones (capítulo en el que la desgravación del menú y el espacio de trabajo siguen siendo una entelequia en la práctica), y la modificación del sistema de módulos.
El sistema de módulos lleva tres décadas aplicándose, se ha revelado como perverso y desfasado con la digitalización de los pagos, que facilita la llevanza de la contabilidad a cualquier tipo de negocio, al tiempo que la caída de la actividad vinculada a la pandemia ha hecho que dejen de ser beneficiosos para muchos de los autónomos que tributan con ese formato.
En el régimen de estimación objetiva o módulos, Hacienda calcula lo que los autónomos tienen que pagar en el IRPF por unos criterios concretos y no por el resultado del negocio; por ejemplo, en un bar, los metros de la barra. No es necesario llevar una contabilidad y se paga siempre lo mismo. Este modelo ha sido considerado un nicho de fraude, sin controles y proliferación de facturas falsas, lo que llevó a Cristóbal Montoro a intentar reducirlo al máximo en su reforma fiscal, en la que quería rebajar el umbral de exclusión, es decir, el límite de ingresos a partir del cual no se pueda tributar por módulos, de 450.000 a 150.000 euros desde 2015 pero finalmente, el Gobierno de Mariano Rajoy suavizó la medida y estableció un régimen transitorio en el que el umbral bajaría a 75.000 euros. Ese momento no llegó nunca y el Ejecutivo de Pedro Sánchez mantuvo la prórroga sucesiva de la situación vigente, en la que se encuentran cerca de 400.000 autónomos. Creó, eso sí, una mesa de diálogo con los autónomos que pretendía impulsar el fin del sistema, que hasta ahora no conseguía que avanzara.
No obstante, la batería de reformas sigue esquivando el principal problema de los autónomos, que es la morosidad, el retraso con el que los clientes y contratistas liquidan las facturas, mayor cuanta mayor es su magnitud, y que tiene dos consecuencias negativas para quienes la sufren: el agujero en sus cuentas y la necesidad de recurrir a financiación bancaria para paliarlo pues los autónomos cobran cada mes (o cada trimestre) en función de una cifra anotada en un documento clave: la factura. Pero las facturas no siempre se cobran, ya conocemos la pelea de los autónomos con el IVA, que tienen que adelantar incluso aunque el dinero del cliente no les haya llegado al banco.
¿CÓMO HACEN OTROS PAÍSES DE EUROPA?
Los sistemas para los trabajadores por cuenta propia son muy diferentes entre países y existen enormes diferencias entre los porcentajes que se aplican y las prestaciones a las que se tiene derecho por esas cotizaciones sociales. Sin embargo, sí parece existir un elemento común: el nivel de cuotas (altas o bajas) no se puede elegir y varía en función de los ingresos del autónomo. Y no en todas partes supone tener acceso a las mismas prestaciones: pensiones, bajas por enfermedad, desempleo, sanidad…
Lo cierto es que España, junto a Luxemburgo, se encuentra en el selecto grupo de los países europeos que mejor protegido tiene a este colectivo, por dotarles de una cobertura social plena y obligatoria. Otros países, como Austria, Dinamarca, Finlandia, y Suecia, tienen una cobertura amplia, si bien no llegan al mismo nivel ya que una parte de dichas contingencias se cotizan de forma voluntaria,
En Francia, en 2018 se unificaron las cotizaciones de los autónomos y un autónomo con ingresos de 600 euros brutos al mes, pagaría 197 euros de cotización social, si la facturación es de 1.800 euros brutos al mes su cotización es de 560 euros, y si la facturación es de 4.000 euros mensuales, pagaría 1.277 euros en cotizaciones sociales. El primer año no se paga nada para facilitar el emprendimiento y después se regulariza a partir del segundo. Varía en función del sector: un 12% de la facturación anual en actividades comerciales, un 21,3% en servicios y un 18,3% para las profesiones liberales.
En Portugal hay dos escalones: un 25,4% de los ingresos anuales o el 32%, en función de los ingresos anuales. Es decir, no existe una cuota fija mensual como tal. Esto hace que un empresario o autónomo en que sufra pérdidas no tenga que pagar.
En Alemania, la cuota es de 140 euros en concepto de seguridad social en caso de superar los ingresos de 1.700 euros al mes, a lo que hay que sumar 150 y 240 euros de seguro médico que es obligatorio para todos. Las cotizaciones dan derecho al acceso a la sanidad y a la jubilación y se lleva del orden del 40% en el caso de ingresos 10.000 euros brutos al mes y no cubre tampoco el seguro por desempleo.
En el Reino Unido las cotizaciones y la fiscalidad son graduales en función de los ingresos netos. Si las ganancias no superan los 7.800 euros al año no se paga cuota a la Seguridad Social. A partir de ahí hay varias categorías, entre ellas la ‘Class 2′, hasta 11.500 euros anuales, que pagan 14 euros al mes, la ‘Class 4’ para los que ganen más de 63.000 euros al año la cuota es del 9%: unos 475 euros mensuales. La cotización da derecho a la pensión básica, subsidio por maternidad o prestación por incapacidad, pero no a la de desempleo.
En Italia sucede como en Portugal, ya que no hay un pago mensual: se paga, en función de la actividad. En Italia los autónomos obligatoriamente tienen que abrir lo que en este país se llama “partita IVA”, siempre que la ganancia sea superior a 5.000 euros en un año. Las cotizaciones sociales para pagar las pensiones oscilan entre el 24% y el 34% de los ingresos.
En Irlanda, se paga el 5% de la diferencia entre ingresos y gastos, por lo que en caso de pérdidas, el autónomo irlandés no paga un euro. En Grecia si hay pago mensual: apenas 50 euros.
