Además de los continuos encontronazos en las negociaciones del segundo bloque de la “reforma Escriva” de las pensiones, los agentes sociales se enfrentan al Gobierno en diversos temas laborales.
LA JUBILACIÓN ANTICIPADA PARCIAL EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA
La automoción muestra su preocupación por la pérdida de esta modalidad contractual, que se extinguirá el próximo 31 de diciembre, mientras el ministro Escrivá aplaza la reforma de la jubilación parcial al año 2023. La jubilación anticipada parcial con contrato de relevo en el sector manufacturero se ha erigido como imprescindible para sectores tan relevantes como la automoción o el manufacturero en general. Su eliminación definitiva está prevista para el próximo 31 de diciembre y peligra el mantenimiento de los puestos de trabajo vinculados a esta figura, así como la creación de empleo a futuro.
Tanto desde los sindicatos como desde la CEOE llevan meses demandando al Ejecutivo que arroje claridad sobre el devenir de esta modalidad de jubilación anticipada vigente desde 2019 y que combina el mantenimiento del trabajador que alcanza cierta edad, mediante una reducción parcial de su jornada laboral, que es suplida con la contratación de un trabajador que, finalmente, y una vez el relevado alcanza la jubilación total, puede ser contratado de manera indefinida por la empresa.
Desde la Federación de Industria de UGT indican que esta modalidad permite renovar una plantilla, que está por lo general envejecida, y dar la oportunidad de incorporarse al mercado laboral a jóvenes que se encuentran en una franja de edad especialmente afectada por el paro.
Pero lo único que en estos momentos tienen sobre la mesa las centrales sindicales y las organizaciones empresariales es un compromiso del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de presentar ante el Pacto de Toledo una reforma. Los agentes sociales no están conformes con este compromiso de Escrivá y exigen al Ministerio que la prórroga del contrato de relevo en el sector industrial se lleve a cabo sin más dilación.
CONTROL DE LOS EREs
A la espera de una rectificación, los empresarios españoles rechazan la interlocución con el Ministerio de Trabajo por entenderla tramposa y contraria a la buena fe. Con esas palabras, las patronales CEOE y Cepyme anunciaban su ruptura con Yolanda Díaz por haber pactado con EH Bildu una enmienda a la Ley de Empleo para elevar el control de la Inspección de Trabajo sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE)
Hay que recordar que, tras la reforma laboral de 2012, la regulación de los despidos colectivos varió sustancialmente y modificó el alcance de la intervención de la Inspección en la tramitación de los ERE y le atribuyó, fundamentalmente, una labor de comprobación de la aportación de la documentación exigida y del desarrollo del periodo de consultas.
A finales de 2021, Yolanda Díaz dio el visto bueno al Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2021-2023, en el que se elevaban las funciones de control sobre determinados aspectos de los despidos colectivos. Díaz ahora lo que hace es especificar los términos en esa enmienda transaccionada con Bildu, PSOE y Unidas Podemos. La cuestión ha estado en si la intervención de la Inspección en estos procedimientos debía limitarse a una mera comprobación documental o podía ir más allá, valorando las causas alegadas por la empresa.
En su momento, los empresarios ya denunciaron que el Plan de la Inspección no había sido consultado con los agentes sociales y que Yolanda Díaz había modificado las funciones de la Inspección de Trabajo “por la puerta de atrás”. Este movimiento de la vicepresidenta molestó sobremanera a las organizaciones empresariales porque en esos momentos estaban negociando la reforma laboral y las cuestiones relativas al incremento de los controles sobre los ERE que reclamaban desde el flanco sindical se sacaron de la mesa.
Ahora el Ministerio, a través de esa enmienda, modifica el artículo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores para establecer que la autoridad laboral recabará “con carácter preceptivo” el informe de Inspección de Trabajo, y que dicho informe “además de comprobar los extremos de la comunicación y el desarrollo del periodo de consultas, se pronunciará sobre la concurrencia de las causas especificadas por la empresa en la comunicación inicial, y constatará que la documentación presentada por esta se ajusta a la exigida en función de la causa concreta alegada para despedir“. De este modo, ni se recupera la autorización administrativa en los ERE, ni el informe de la Inspección será vinculante
Fuentes del entorno de Díaz interpretan que la patronal está escenificando el desacuerdo para preparar el terreno de cara a la negociación de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), que previsiblemente arrancará la semana que viene, después de que los expertos del comité de Díaz presenten sus conclusiones. Lo cierto es que los empresarios no tienen intención de apoyar una nueva subida del SMI, y al reelegido presidente Antonio Garamendi le interesa marcar el perfil duro que le han venido reclamando sus socios en la patronal.
El texto actual del ET en el artículo 51.2 regula los expedientes de regulación de empleo (ERE) ya estipula que la autoridad laboral recabará, con carácter preceptivo, informe de la ITSS sobre los extremos de la comunicación del contenido del ERE y sobre el desarrollo del periodo de consultas. Si bien, esta redacción no especifica que la ITSS deba evaluar si las causas alegadas para despidos concurren y están bien acreditadas. Con la enmienda que quiere aprobar el Gobierno el ET recogería ya concretamente que “el informe de la Inspección se pronunciará sobre la concurrencia de las causas especificadas en la comunicación inicial y constatará si la documentación presentada por esta se ajusta a la exigida en función de la causa concreta para despedir”.
Aunque la ITSS no tenga la potestad de vetar el ERE en el caso de que el dictamen sea contrario, y si el ERE es recurrido a los tribunales por los trabajadores será muy difícil que un juez avale los despidos.