El Gobierno de España ha sufrido otra semana horrible. Mazazo del Banco de España, reducción en las estimaciones de crecimiento de la Comisión Europea, malas noticias desde S&P y otras casas de analistas, los datos de contratación son muy pobres…. España está al borde de pasar de una situación en la que podemos solucionar los problemas por nosotros mismos a otra en la que vamos a necesitar terapia de choque y más ayuda del exterior.
A todo ello se suma la inseguridad jurídica, que es un elemento fundamental en cualquier economía próspera. Lo que está sucediendo con el CNI, con el Congreso de los Diputados, con RTVE, con la Fiscalía, con la Abogacía del Estado y con nuestras relaciones internacionales, por poner algunos ejemplos, supone un claro freno a la inversión extranjera en España y un problema de credibilidad que se traduce en más problemas para la financiación, para las exportaciones, etc.
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ESTANFLACIÓN: INFLACIÓN CON DESEMPLEO Y BAJO CRECIMIENTO
Según el FMI, España es el único país del mundo, junto con Japón, que no va a recuperar en 2022 los niveles de riqueza previos al Covid19. Además, las estimaciones de crecimiento siguen bajando pues finalmente estaremos en torno al 3,5%/4% este año. Nuestra riqueza está un 3,4% por debajo de los niveles de 2019 y, sin embargo, los precios se han incrementado un 9,6% en términos acumulados. Puede que técnicamente no sea una estanflación, pues el horizonte temporal es mayor que 1 año, pero sus efectos a nivel económico y sobre las economías familiares y empresariales son exactamente los mismos.
España sufre la mayor subida de precios de todas las economías desarrolladas europeas. El incremento del IPC en nuestro país es del 8,3%, frente al 7,4% de media en la Unión Europea, el 5,4% de Francia, el 7,8% de Alemania, o el 6,3% de Italia. Muchos de los países anteriormente señalados también son altamente dependientes de la energía exterior como lo es España y, sin embargo, su inflación es más reducida que en España.
La inflación es el impuesto a los pobres. Los precios industriales en España están creciendo a un 46,6%, lo cual es inasumible para el sector y en los próximos meses se trasladará al consumidor final. Urge un plan creíble de lucha contra la inflación
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DESTRUCCIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL Y MERCADO LABORAL
España es un país de microempresas. Un 90% de las empresas de España son muy pequeñas, ni siquiera medianas. En España hay 60.000 empresas cotizando menos que antes de la pandemia y los niveles de beneficios empresariales están un 20% por debajo. Eso significa menos empleo potencial, menos inversión y menos riqueza. La caída de márgenes por la inflación y la elevada tributación ahoga a las empresas.
España tiene la mayor tasa de paro de Europa, y las soluciones del gobierno están más preocupadas por maquillar las cifras que por solucionar los problemas estructurales. El gobierno presume de récord de empleo pero hay más de 3,2 millones de parados, teniendo en cuenta a los demandantes de empleos no ocupados, y la tasa de actividad está en el 58,5%, por debajo del nivel previo a la pandemia. Sólo han disfrazado temporales con «Indefinidos discontinuos» que es formalizar la precariedad. El 60% de los contratos en el mes de abril fueron fijos discontinuos o a jornada parcial La economía española no crea empleo.
3.- EL DÉFICIT DE LA SEGURIDAD SOCIAL SE DISPARA
La Seguridad Social se aleja de la senda para cerrar su déficit. La razón es que el alza del gasto en pensiones en 2023 contrarrestará tanto el aumento previsto de las cotizaciones como las transferencias de los denominados gastos impropios. El ministro José Luis Escrivá planteaba que este factor permitiría incluso asumir el impacto de derogar el índice de revalorización creado por el PP y volver a vincular la subida de las nóminas a la evolución de los precios. De esta forma, el sistema podría hacer frente al momento de la jubilación de la generación del baby boom en una situación mucho más desahogada. Pero esta estrategia se ha visto truncada por la escalada de la inflación, que según la AIReF disparará el desembolso en pensiones un 8,8% el próximo año. Tampoco aliviará este impacto la entrada en vigor del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que eleva las cotizaciones un 0,5% para las empresas y un 0,1% para los trabajadores, con el objetivo de volver a nutrir el exhausto Fondo de Reserva. La cada vez mayor dificultad para reducir el déficit de la Seguridad Social tendrá como consecuencia directa el aumento de la deuda pública, que, como advierte también el Banco de España, puede alcanzar el 140% del PIB.
Las previsiones del Gobierno pierden así la credibilidad ante la evolución del contexto económico. Un desarrollo que, si bien puede considerarse inesperado en lo que se refiere al conflicto de Ucrania, pone de manifiesto el excesivo optimismo con el que se diseñó una hoja de ruta fallida a la hora de garantizar la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones.
- DÉFICIT ESTRUCTURAL Y DEUDA PÚBLICA DESBOCADOS.
A pesar de contar con cifras de recaudación récord como consecuencia de la inflación, España presentó en 2021 el sexto mayor déficit de la zona euro, tras registrar en 2020 el mayor desequilibrio. Además, el FMI ya ha advertido de que el déficit estructural (independiente del ciclo económico) permanecerá en el 4% en los próximos años, 1 punto por encima de las reglas de estabilidad del Tratado de Maastricht. La deuda pública, por su parte, está en el 120% del PIB, lo cual duplica lo establecido por la UE. El Gobierno de la Nación no se toma en serio este grave desequilibrio, y según la AIReF la deuda pública podría seguir escalando hasta el 140% del PIB.
Actualmente, y en un entorno de tipos de interés históricamente bajos, la partida destinada a pagar los intereses de la deuda pública ya es la cuarta más importante de los presupuestos. Con la subida de tipos y la retirada de estímulos por parte del BCE el coste de financiación para el Tesoro Público va a verse incrementado en los próximos años, poniendo en jaque la solvencia nacional. La prima de riesgo se ha duplicado desde febrero de este año y la rentabilidad exigida a los bonos nacionales se está duplicando en pocos meses.
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INFIERNO BUROCRÁTICO Y PÉRDIDA DE COMPETITIVIDAD
España arrastra un problema de productividad estructural, agravado en los últimos años como consecuencia de la pandemia. Según el INE, la productividad por puesto de trabajo a tiempo completo ha experimentado una tasa de crecimiento interanual negativa durante 8 de los últimos 9 trimestres. Los incrementos de costes, los impuestos y las trabas a empresas ya se hacen notar en el sector exterior. Si España había salido de la anterior crisis fortalecida en términos de exportaciones y con un superávit en la balanza por cuenta corriente, la posición de nuestras empresas en los mercados internacionales se está debilitando. De hecho, según Eurostat, España fue el país donde más cayeron las exportaciones de bienes de comercio minorista de las grandes economías europeas: -4% mensual en marzo, frente a -0,4% de media en Europa. Un debilitamiento de la posición por cuenta corriente significa incrementar nuestra deuda exterior y, por lo tanto, nuestra vulnerabilidad.
Según CEOE, desde 1977 hasta 2021 se han aprobado 37.500 normativas estatales. Además, las administraciones autonómicas y europeas emiten, respectivamente, casi 300 y 2.000 cada año. Esto, según la patronal, «origina distorsiones en el mercado y estrés en los empresarios, que se ven obligados a enfrentarse a un elevado nivel de cargas administrativas y procedimientos burocráticos que suponen una traba al desarrollo de la actividad empresarial y, por ende, a la generación de empleo, riqueza y bienestar social.»
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