LOS 12 PRÓXIMOS CAMBIOS EN LA LA SEGURIDAD SOCIAL EN 2024

 

La Seguridad Social prepara una batería de normas para este año. Algunas están todavía en proceso de negociaciones con los agentes sociales y otras son el cumplimiento de leyes aún no realizado.

Nueva agencia estatal de la Seguridad Social, con atraso

La única norma con rango de Ley será la creación de la Entidad Estatal de la Seguridad Social, homóloga a la Agencia Tributaria y una vieja promesa de José Luis Escrivá. La creación de la Agencia de la Seguridad Social es un mandato recogido en la recomendación octava del Pacto de Toledo, que luego se trasladó al segundo bloque de la reforma de pensiones, instando al Gobierno a presentar un proyecto de ley antes del 30 de junio de 2022. Sin embargo, su creación quedó pendiente otro ejercicio más y las elecciones paralizaron su desarrollo.

 

La Seguridad Social quiere “modernizar la organización y gestión de la Seguridad Social en su protectora contributiva y no contributiva, incluido el Régimen de Clases Pasivas del Estado, para garantizar un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos y la participación de los interesados (…) teniendo como fundamento los principios de universalidad, unidad, solidaridad e igualdad”.

 

La auditoría de la Seguridad Social

La ministra no ha concretado si realizará la auditoría de la Seguridad Social, como exige la Ley 21/2021, a pesar de las reiteradas preguntas de varios grupos de la Comisión. Se exige “una auditoría que lo analice todo: lo que se hizo con el dinero de las cotizaciones cuando no había Fondo de Reserva, a dónde iban a parar los súperávits del sistema, o cuánto es el patrimonio de la Seguridad Social. Con la auditoría se demostrará que ha habido superávit de la Seguridad Social incluso en los periodos de crisis, ¿y qué se hizo con esos superávit? La auditoría es la mejor garantía para dar confianza a nuestros jóvenes”, argumentan desde la oposición.

 

La ministra, sin embargo, se ha limitado a recordar el informe que el Ministerio hizo en 2022, “un informe completo sobre gastos impropios”, si bien ha abierto la mano a facilitar la información adicional que necesiten los miembros del Pacto de Toledo. Pero ningún compromiso sobre cuándo o si se realizará la auditoría como la exigen los grupos políticos.

 

Jubilación bonificada en la edad con coeficientes reductores

La cartera que lidera Saiz aprobará un real decreto con el que regulará el régimen jurídico y el procedimiento para establecer los coeficientes reductores que permitan acceder antes a la jubilación a los trabajadores de puestos penosos, forzosos o tóxicos. Su regulación está siendo negociada por la parte sindical, los empresarios y el propio Gobierno en la mesa de negociación de pensiones. La complejidad para acordar unos indicadores objetivos que permitan acceder a la jubilación desde los 52 años es uno de los escollos para sacar adelante la reforma.

 

Su regulación está siendo negociada por la parte sindical, los empresarios y el propio Gobierno en la mesa de negociación de pensiones. La complejidad para acordar unos indicadores objetivos que permitan acceder a la jubilación desde los 52 años es uno de los escollos para sacar adelante la reforma.

 

Cambios en las pensiones de viudedad

La ministra ha avanzado varias medidas de reforma integral y gradual de la pensión de viudedad, con una doble línea de acción: por un lado, garantizar la protección de las personas beneficiarias de 65 o más años cuya pensión suponga su principal fuente de ingresos, y por otro, estudiar la posible utilización de los años de cotización del causante para el cálculo de la pensión de viudedad. Con estas modificaciones previstas, de las que no ha proporcionado más detalles, el Gobierno prevé mejorar la cuantía y el acceso a las pensiones de viudedad, además de que tanto en 2023 como en 2024 se han mejorado las pensiones más bajas, con un sustancial incremento de las mínimas, que en 2023 llegaron incrementarse hasta un 14,1% en el caso de las pensiones de viudedad con cargas familiares.

 

La Jubilación parcial

Saiz anuncia un régimen de compatibilidad efectiva de trabajo y pensión que preserve la calidad del empleo equilibre el coste para el sistema que esta modalidad de pensión tiene de los relevistas pero mantiene la regulación de la jubilación parcial a partir de la edad ordinaria sin contrato a un relevista introduciendo la singularidad de que si se contrata a un relevista «se minorará la reducción de la cuantía de pensión» asociada al recorte de la jornada de trabajo.

 

En el caso de la jubilación parcial anticipada a la edad legal de retiro es obligatorio que el jubilado parcialmente sea sustituido por otro trabajador, el relevista, que deberá estar en desempleo, o por un trabajador de la misma empresa con un contrato temporal. El objetivo de la nueva reforma es también «reforzar la calidad del empleo» del trabajador que sustituye al jubilado, del relevista. Cuando un trabajador cumple la edad mínima establecida legalmente y acuerda con el empresario la reducción de su jornada firman un contrato a tiempo parcial y el trabajador pasa a percibir la pensión de jubilación que sustituye a sus ingresos percibidos por la minoración de la jornada laboral.

 

La jubilación flexible y la jubilación activa

La Seguridad Social plantea la derogación del modelo de jubilación flexible que permite la reactivación como trabajador desde la condición de pensionista al «quedar cubierta por la jubilación activa». Esta modalidad de retiro, que permite compatibilizar la pensión con cualquier trabajo, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena y bien sea a tiempo completo o a tiempo parcial, tiene los días contados en su actual configuración.

 

En lo que se refiere a la jubilación activa la ministra no ha explicado en qué consistirán los cambios legales, pero que el Ministerio que dirige ha informado que trabajan ya para “extender el régimen de compatibilidad de la pensión con el trabajo a partir de la edad ordinaria de jubilación”. Esto supondría un cambio en el acceso a la modalidad de jubilación activa, que ahora exige un año extra a la edad de retiro legal.

 

La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha trasladado una propuesta de reforma a empresarios y sindicatos que recorta la cuantía a percibir por el trabajador, ahora del 50% de su sueldo desde el momento en el que se acoge a esta opción de retiro laboral. La reforma fija un nuevo escenario de cinco años con una minoración de la cuantía los primeros dos años, que es cuando esta fórmula es más utilizada. El recorte se produce en los dos primeros años de compatibilización -se percibiría el 30% de la pensión de jubilación tras el primer año de demora y el 40% en el segundo-. Sin embargo, la propuesta de Saiz sí mejora los supuestos en el que el trabajador se mantiene en esta situación de combinación del trabajo y la jubilación. El porcentaje de prestación igualaría el punto de partida actual, el 50% de la cuantía a percibir, a partir del tercer año de compatibilización para escalar a un 75% en el cuarto año y hasta un 100% en el quinto año y en adelante.

 

El segundo aspecto que ha soliviantado a los agentes sociales -hasta el punto de que los sindicatos han tildado la propuesta como un recorte de derechos- sobre la propuesta del Ejecutivo es la eliminación de la excepción prevista para los trabajadores que quisieran acogerse a la jubilación activa teniendo algún empleado a cargo, que es el caso de miles de autónomos. Mientras que la regulación actual prevé una particularidad para este colectivo de modo que si la actividad se realiza por cuenta propia y se acredita tener contratado, al menos, a un trabajador por cuenta ajena, la cuantía de la pensión compatible con el trabajo alcanzará el 100%, la propuesta de Seguridad Social puntualiza que «se elimina la singularidad por contratación de un asalariado».

 

Mejora para la jubilación de los fijos discontinuos

El Gobierno volverá a contar cada día cotizado como 1,5 a los fijos discontinuos para facilitar su acceso a la jubilación. La reforma de las pensiones de Escrivá equiparó por completo las cotizaciones de los trabajadores a jornada parcial a las de tiempo completo para facilitar el acceso a la pensión de los primeros. Los empleados a tiempo parcial trabajan menos horas, pero eso se refleja también en sus jornadas cotizadas, que son más bajas, y eso les ocasionaba un perjuicio.

 

Para que esas personas no se vieran perjudicadas a la hora de jubilarse se introdujo un multiplicador de 1,5 para aumentar su cotización, que desapareció cuando echó a andar la reforma de las pensiones. De esta forma, cada día trabajado por el empleado del ejemplo anterior contaba como 1,5 a efectos para calcular el momento de su jubilación. Por ejemplo, un asalariado que hubiera trabajado con un contrato a jornada parcial de 20 horas semanales durante 10 años, en realidad habría cotizado efectivamente cinco años al tener una jornada reducida al 50%. Con el multiplicador del 1,5 conseguía que esos 10 años se convirtieran en 7,5, 2,5 más que sin él.

 

Al equiparar la cotización de las jornadas parciales a las de tiempo completo, el Ejecutivo optó por eliminar ese multiplicador de 1,5 al considerar que ya no era necesario. Sin embargo, la supresión de esta sobrecotización perjudicaba a los fijos discontinuos, que a menudo tienen picos de trabajo en ciertos meses del año, seguidos de meses de inactividad en los que no cotizan. Esa estacionalidad provoca que a menudo no sean capaces de cotizar tantas horas como el resto de trabajadores, lo que perjudica su acceso a la jubilación. Actualmente, hay casi 900.000 trabajadores con contrato fijos discontinuos dados de alta en los registros de la Seguridad Social.

 

Mayor papel de las mutuas de accidentes laborales

Uno de los aspectos avanzados por la ministra, y criticado desde varios grupos del Pacto de Toledo, es el mayor papel que el Ministerio va a dar a las mutuas en casos de incapacidad temporal (IT). Se trata de un asunto que el Gobierno ha discutido durante semanas y con el que sindicatos y patronal instan a aprovechar los recursos de estas mutuas para mejorar los tiempos de espera en la atención sanitaria y reducir las listas de espera en el sistema público.

 

Este es un punto que genera discrepancias también en la Mesa de Diálogo Social, donde los sindicatos UGT y CCOO denunciaban que la patronal CEOE quería utilizar estos mecanismos para transferir prestaciones que son exclusiva del servicio público de Sanidad. Sin embargo, la ministra ha afirmado que el acuerdo está “muy cerca” y ha recordado que estas entidades forman parte del sector público estatal, son de carácter administrativo y se financian con las cotizaciones de empresas y trabajadores.

 

Para el caso del reservista, la propuesta es que este empleado deberá tener un contrato indefinido a tiempo completo y no amortizable y que su base de cotización deberá ser de, al menos, el 75% del promedio de las bases de cotización correspondientes a los últimos seis meses de las bases del jubilado parcial. Son dos cambios respecto a la legislación actual, teniendo en cuenta que este último requerimiento es actualmente del 65% y que existe la posibilidad de que el contrato también pueda realizarse a tiempo parcial.

También se refiere a que el trabajador relevado no podrá acumular el trabajo efectivo, es decir, no podrá producirse una concentración de la jornada parcial acordada en un periodo que no llegue hasta el cumpliendo de la edad legal de jubilación.

 

El Gobierno incrementará su fiscalización a la acción de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social. Entidades privadas que reciben fondos públicos y que gestionan la atención en accidentes laborales o prestaciones como las de incapacidad temporal, entre otros. La ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, ha anunciado este lunes en la comisión del Pacto de Toledo que encargará a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) un informe de evaluación sobre la gestión de estas entidades.

 

Los agentes sociales ya pactaron de manera bilateral el incrementar la implicación de estas entidades en el tratamiento de trabajadores de baja por accidentes traumatológicos que no se hayan producido durante su jornada laboral, para adelantar así su recuperación. La filosofía de ese pacto entre patronal y sindicatos era que la mutua pudiera entrar en el tratamiento y ofrecer hacerle una radiografía en sus instalaciones, para así agilizar su recuperación y que el empleado pudiera reincorporarse antes al trabajo.

 

Ahora Seguridad Social busca integrar esa filosofía en el día a día de la Seguridad Social y trazar un equilibrio entre aprovechar esos recursos privados (si bien con financiación pública), pero no conceder excesivas competencias a dichas mutuas para influir o directamente conceder altas y bajas médicas. Los sindicatos recelan de ello, en tanto que temen que estas entidades busquen acelerar la recuperación a costa de altas imprudentes.

 

Incapacidad Permanente compatible con el trabajo

Los cambios diseñados Elma Saiz abren la puerta a una revisión del régimen de incompatibilidades en todas las modalidades de incapacidad permanente teniendo en cuenta la edad del pensionista. La legislación actual permite trabajar con una incapacidad permanente, pero no será posible continuar desempeñando el mismo tipo de actividad (salvo en la excepción de la incapacidad parcial), ni siquiera en otra empresa. Ni tampoco otra clase de trabajo donde las funciones y los requerimientos del puesto sean los mismos o muy similares. Los nuevos planteamientos van por abrir el abanico.

 

Convenio especial para personas acogedoras en dedicación exclusiva

Real decreto para que las personas acogedoras especializadas de dedicación exclusiva puedan ser incluidas en el Régimen General, en una situación asimilada a la de alta, a través de un convenio especial. Este convenio especial se regula sin tener que acreditar un periodo previo de cotización. Dirigido a personas designadas para el acogimiento especializado de menores que requieren atención particular debido a sus circunstancias especiales.

 

Reglamento de los ciudadanos españoles en el exterior

Uno de los planes de la rama de Migraciones del Gobierno es incentivar la vuelta de españoles en el exterior. La rama Migraciones de quiere desarrollar junto a la cartera de Exteriores un reglamento para desarrollar el Estatuto de la ciudadanía española en el exterior –canalizando el trabajo a través de una secretaría general específica de nombre homónimo–, valorando esencialmente que la nueva norma reduzca la burocracia.

 

Hay aproximadamente 1,7 millones de personas en edad de trabajar (entre 16 y 64 años). El objetivo es “desarrollar y actualizar la regulación básica de la acción del Estado dirigida a la atención de las necesidades para españoles residentes en el exterior y personas retornadas, para adecuarse a la nueva realidad mundial y a la diversidad de situaciones derivadas de las características de cada país de residencia, con nuevos planteamientos de gestión”.

 

Reconocer los periodos cotizados de los ministros religiosos

La Seguridad Social prepara dos reales decretos que beneficiarán a los ministros de culto religioso. El primero, para reconocer a los ministros de culto de las iglesias pertenecientes a la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas los periodos de actividad trabajados previos a su integración en el Régimen General como días efectivamente cotizados.

 

De igual manera, la Seguridad Social también tendrá en cuenta los periodos de actividad de los ministros de culto de la iglesia ortodoxa rumana con anterioridad a su inclusión en el mismo régimen. Ambos reales decretos mejorarán el acceso a cualquier tipo de pensión.

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