El problema del sistema de pensiones español es sencillo, claro y conocido: acumulada durante la última década un déficit cercano a los 100 mil millones, del orden de 16 mil millones cada uno de los últimos tres años. Y además se enfrenta a cuatro consecuencias del mismo problema:
- la cercana la jubilación de las nutridas generaciones del babyboom, que serán sustituidas como cotizantes por generaciones menos numerosas de cotizantes
- las nuevas generaciones además tienen sueldos, y por lo tanto, cotizaciones más bajas que la de los babyboom para hacer frente con ellas a las pensiones de los babyboom
- las pensiones de los babyboom serán muy altas pues lo eran también sus cotizaciones
- por último, la esperanza de vida sigue creciendo, y en consecuencia también el periodo en que se cobraran esas altas y numerosas cotizaciones
La alternativa a ese desequilibrio es también sencilla: más ingresos y menos gastos. El problema para los políticos es que quien tome la decisión correcta es probable que pierda las siguientes elecciones. Se requiere mucho talento, mucha credibilidad y mucho liderazgo para salir bien parado electoralmente de semejante decisión. Hasta ahora los gobiernos han ido trampeando con el problema con medidas provisionales, en algunos casos correctas: alargar la edad de jubilación efectiva, introducir criterios e índices de sostenibilidad y actualización, ampliar los periodos de cálculo… pero últimamente faltó consenso entre los grupos parlamentarios. Todos prometen “sostener, garantizar y hacer suficientes” las pensiones quizá con la confianza en la divina providencia. El último acuerdo en las recomendaciones del “pacto de Toledo” zombi apunta a una panoplia de cataplasmas, que están bien, pero que sufren de tibieza y provisionalidad y que no van al fondo del problema ni incorporan las medidas necesarias.
Pablo Iglesias, ha asegurado que el acuerdo suscrito con el PSOE es “ley” y que “no van a recular” en ningún aspecto pactado, como el impulsar la revalorización de las pensiones. Ha reivindicado la actitud de Unidas Podemos para velar por el cumplimiento del acuerdo de coalición, que se comprobó en su negativa a la propuesta de ampliar a 35 años el cálculo de las pensiones, pues suponía “rebajarlas”. “Mientras Unidas Podemos esté en el gobierno, lo que pactamos es ley. No vamos a recular respecto a esto“, ha garantizado Iglesias en alusión a las pensiones, aunque les “vayan a golpear duro” por ello. Después de la polémica sobre la propuesta de ampliar el periodo de cálculo para las pensiones, Podemos ha defendido que “España necesita una reforma del sistema de pensiones” pero que “reformar y recortar no es lo mismo”. En estas palabras se ha expresado el Secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez. Las medidas que plantea Nacho Álvarez tienen su origen en una propuesta que realizó Podemos en el año 2018 en la que ya se planteaba la revalorización de las mismas y su vinculación al IPC.
Álvarez propone tres medidas para que la Seguridad Social pueda aumentar sus ingresos en hasta 30.600 millones de euros sin tener que limitar el gasto en pensiones:
- -Destopar las cotizaciones más altas (aportaría 0.5% del PIB)
- -Reformar las cotizaciones del régimen de autónomos (también el 0.5% del PIB)
- -Eliminar los gastos ‘impropios’ del sistema (el 1.5% del PIB)
La primera de ellas es subir las cotizaciones máximas. Actualmente la base máxima se sitúa en los 4.070,10 euros mensuales, por lo que destopar las cotizaciones a aquellos salarios que superan los 49.000 euros anuales. Se trata de una medida que también estudia el Ministerio de Seguridad Social y que Álvarez calcula que supondría unos ingresos de unos 6.000 millones de euros (un tercio del déficit anual). Es coherente con la ideología de Podemos, “que paguen los que más ganan”. Del orden de cuatro millones de salarios (25% del total de asalariados) tendrían que pagar más por cuotas a la Seguridad Social.
Álvarez propone también cambiar la forma de cotización de los trabajadores autónomos y adecuarlo a los ingresos reales. Esta medida estima que sumaría otros 6.000 millones de ingresos adicionales, otro tercio del déficit. De hecho, es algo que el propio Ministerio de Escrivá ya está negociando con los autónomos (3 millones de personas) para que coticen por salarios reales y no por mínimos de cotización elegidos por cada autónomo (el 80% opta por mínimo).
Desde Podemos estarían también de acuerdo en eliminar los gastos impropios que asume la SS lo que supondría, según Álvarez unos 17.000 millones de euros. Esta medida se contempla en las recomendaciones del Pacto de Toledo y es una de las que ha impulsado el ministro Escrivá con más vehemencia.
Según destaca el secretario de Estado, poner en marcha estas medidas “¿tan imaginativas y novedosas?” no solo reforzaría los ingresos públicos en materia de cotizaciones, sino que también mantendría por debajo del 13% del PIB el gasto en pensiones en 2050. Lo que no dice Álvarez es si sólo con esas medidas se aseguraría la suficiencia y sostenibilidad de las próximas cohortes de jubilados y que consecuencias tendrían esas medidas sobre el empleo y la economía en general. Lo que está claro es que Podemos apuesta por más ingresos, más impuestos. Los socialistas tartamudean, se apuntan al “sí, pero” o “no, pero” o depende o ya veremos.
En el debate circula una auténtica orgía de datos, porcentajes, estudios, fuentes autorizadas o seudoautorizadasy estadísticas. A pesar de la presunta calidad y complejidad de los estudios, llama la atención la simplicidad de algunas conclusiones. Por ejemplo, la que niega cualquier relación entre las dificultades de los jóvenes para acceder al mercado laboral y las de los mayores para abandonarlo. El desempleo juvenil, con una tasa de paro inaceptable en un país moderno –40% entre los menores de 25 años- resta ingresos al sistema público de pensiones y aumenta el déficit.
El debate se presenta como un conflicto entre generaciones con intereses antagónicos y se ignora la relación entre empleos dignos y pensiones dignas. El gasto en pensiones en España se sitúa en torno al 11% del PIB. La jubilación de la generación más numerosa elevaría, en el peor de los casos, en cuatro puntos, hasta el 15%, el gasto en pensiones, situándolo al nivel de países como Francia o Italia. No es una carga de deuda inasumible para las nuevas generaciones, cuyo mayor reto es entrar en un mercado laboral caracterizado por la precariedad y los bajos salarios. España ha apostado por un modelo productivo de servicios low cost que lo ha convertido en el único país cuya productividad crece en las crisis, cuando destruye empleo, pero nunca en las recuperaciones. Algún día habrá que abordar el problema en profundidad.
De momento, la realidad es que, poco a poco, la mezcla de argumentos y ardides han ido convirtiendo el relato de la falta de fondos para pagar las pensiones en una profecía autocumplida. Cada vez más, lo que se presentaba como un problema de largo plazo se va convirtiendo en un problema de corto plazo. Para asegurar las pensiones, la primera condición es tener voluntad de hacerlo. En contra de lo que periódicamente mantiene el portavoz de turno del Gobierno, las pensiones en España no están garantizadas.
Si lo estuvieran no habría debate, ni Pacto de Toledo, ni choques entre socios de Gobierno. Por el contrario habría consenso políticos y leyes para blindar los derechos del colectivo.
Los pensionistas ya suponen más de un tercio del censo electoral (y creciendo), “lo que les proporciona una especie de veto electoral contra cualquier tentativa de corregir el sistema de redistribución en perjuicio suyo
Esta situación puede crear una fuerte división generacional en la sociedad, donde los trabajadores se vean obligados a transferir gran parte de su renta para mantener una creciente masa de pensionistas. La fractura entre generaciones es algo que ya se puede observar en Reino Unido con el Brexit (lo jóvenes votaron para quedarse en la UE y los mayores para salir). El debate del futuro será sobre la red de protección social para los mayores y los ingresos que le quedan a la población en edad de trabajar tras pagar impuestos.
Vamos a una sociedad gerontocrática, dominada por los pensionistas y eso no es bueno. Lo bueno es que una sociedad esté equilibrada, en una sociedad dominada por los pensionistas será muy difícil que los impuestos no sean altísimos”. El envejecimiento de la población curiosamente también intensifica el protagonismo de la población jubilada cuyo peso está llamado a ser decisivo en todas las elecciones pues los 8,5 millones de españoles que tienen 65 o más años son el nicho más numeroso del electorado (22%) y los que acuden a las urnas más fielmente (del orden del 80% suele hacerlo): son más y votan más. Es interesante saber que el número de pensionistas se equipara a la suma de todos los autónomos más todos los que reciben su sueldo del Estado (funcionarios y personal laboral de todas las administraciones, representantes políticos de todos los niveles,…)
John Maynard Keynes ( Breve tratado sobre la reforma monetaria, 1923) dejó escrito que el largo plazo “es una guía confusa para la coyuntura. En el largo plazo estamos todos muertos“. El economista aplicaba la frase a la política monetaria, pero se puede aplicar a muchos otros temas. Las pensiones, por ejemplo.
