Mientras construcción y transporte celebran la iniciativa, otros colectivos como las kellys no se fían del Ejecutivo
El primer paso está dado, pero el camino no se antoja corto. El Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros del martes 27 de mayo el marco general para que aquellos trabajadores pertenecientes a profesiones potencialmente perjudiciales para la salud puedan acceder a la jubilación anticipada sin sufrir ninguna penalización.
El proceso, no obstante, no está exento de complejidad, puesto que, después de que cada sector solicite al Ministerio de Seguridad Social que sus profesionales puedan acogerse a la medida, el Gobierno tendrá que analizar caso por caso para ratificar que cumplen una serie de criterios en los que ahonda en el nuevo texto: el de «penosidad», «toxicidad», «peligrosidad» e «insalubridad».
Asimismo, la norma también fija una serie de indicadores que el ministerio considera «objetivos» para que los sectores interesados justifiquen que tienen derecho a adelantar la jubilación. La fórmula tiene en cuenta la incidencia de las bajas médicas en el colectivo, la frecuencia de sucesos graves, como fallecimientos o incapacidades permanentes, y la duración de los procesos.
En algunos sectores, como la construcción, no parece que haya mucho que analizar porque los datos son un clamor. Según el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, desde octubre de 2023 a noviembre de 2024 se registraron un total de 81.896 accidentes laborales con baja y murieron 139 profesionales, 14 más respecto al periodo anterior.
Por esta razón, desde el colectivo ven con optimismo y buena perspectiva la iniciativa del Gobierno. «La semana pasada murieron 10 trabajadores. Que una persona de más de 60 años esté en una obra, en oficios peligrosos, es una verdadera barbaridad en una sociedad moderna. Es el sector que más siniestralidad tiene», declara a 20minutos el secretario general de CCOO Hábitat, Daniel Barragán.
El sindicalista tiene claro que, una vez transcurrido el plazo obligatorio para que puedan contactar con Seguridad Social (20 días desde la publicación de la norma en el BOE), enviarán toda la documentación necesaria y solicitarán los coeficientes reductores (la métrica que define cuántos años se puede adelantar la jubilación sin penalización) independientemente de si cuentan con el apoyo de la patronal, «que no parece estar por la labor».
La iniciativa aprobada por el Gobierno no es, ni mucho menos, un regalo: los trabajadores que en un futuro puedan adelantar su jubilación deberán pagar un recargo en la cotización (no especificado aún) que abonan a la Seguridad Social y no podrán retirarse en ningún caso antes de los 52 años. Además, tendrán prohibido compaginar su pensión con un empleo en el mismo oficio que motivó su jubilación anticipada y solo se permitirá que esta no penalice siempre y cuando no se puedan mejorar las condiciones de trabajo.
Sea como fuere, Barragán está convencido de que el proceso va a avanzar, aunque entiende que este «es complicado y engorroso» y podría demorarse. «Desgraciadamente, llevamos esperando años. No pasa nada por esperar unos meses. Eso sí, no vamos a aceptar bajo ningún concepto una respuesta negativa. Ya ha habido movilizaciones y tenemos un calendario para otras futuras», avisa.
«Yo ya no me creo nada»
Si se analiza de manera superficial, puede no resultar tan evidente como el de la construcción el caso de las camareras de piso, conocidas como kellys. El colectivo lleva elevando la voz desde hace al menos 11 años con diferentes reivindicaciones para revertir su situación profesional, sin duda una de las más precarias del sector laboral.
María del Mar Jiménez tiene 62 años y «45.000 camas hechas» a su espalda. Hace más de una década se erigió en una de las grandes denunciantes de la inestabilidad de las camareras de piso, el mismo tiempo que lleva viviendo y trabajando «con dolor». Hoy tiene la incapacidad permanente por enfermedad común, y es en este punto, el de las patologías, donde emerge uno de los grandes problemas del colectivo.
«Nuestras enfermedades, en su mayoría, no están reconocidas como enfermedades laborales. La mayoría estamos como yo, que soy una incapacitada por enfermedad común. Y te puedo decir que las hernias que tengo no me las he hecho en mi casa, ¿eh? Y las lesiones en dos metatarsianos que me tienen que operar, tampoco. ¿Sabes por qué me dijeron que no podía trabajar más? Porque también me salieron los quistes de Tarlov, que los tienen muchísimas camareras: unos quistes que te salen alrededor del coxis, te pinzan el nervio ciático y hacen que te falle la pierna y te vas al suelo», denuncia en este periódico.
En la norma aprobada por el Gobierno hace unos días se concreta que el estudio que llevará a cabo el Ministerio de Seguridad Social para determinar qué solicitantes podrán acceder a la jubilación anticipada comprenderá, entre otros asuntos, «un análisis específico de la incidencia y tipo de enfermedad profesional o causada por el trabajo, y calificable como accidente de trabajo y sus agentes causantes».
Con el documento en la mano, las kellys quedan en un limbo de ambigüedad, aunque cada caso se abordará de manera individual. Por ello, María del Mar recibe la iniciativa del Ejecutivo «con mucha cautela, como todo lo que viene del Gobierno«.
«No especifica qué colectivos se van a poder beneficiar. Luego está lo del periodo de cotización [el texto pone como condición haber permanecido en la actividad «penosa», «tóxica», «peligrosa» o «insalubre» durante el periodo mínimo de cotización para acceder a la pensión ordinaria, es decir, 15 años]. ¿Cuántas mujeres tú ves hoy camareras de piso que tengan 15 años cotizados? Si tienen contratos, muchos temporales, de 2, 3 y 4 horas. Luego el Gobierno lo cambia y te dice: ‘No, el trabajo a tiempo parcial contará como un día de cotización’. Vale, ¿pero a qué cantidad? Te va a quedar una pensión de mierda«, subraya.
Por este motivo, María del Mar afronta una posible mejora de la situación de las 250.000 kellys en España (400.000 en verano) con un notorio escepticismo. «Yo ya no me creo nada. Hasta que no vea que una camarera se ha jubilado sin que le penalicen un pastón, no me creo nada«, lamenta.
«Puede hacer que el sector sea más atractivo»
Otro colectivo que lleva años solicitando la aplicación de coeficientes reductores a su labor para acceder a la jubilación anticipada es el de conductores profesionales, tanto de mercancías como de pasajeros.
Diego Buenestado, responsable de la Secretaría de Carreteras, Urbanos y Logística de la Federación de Servicios para la Movilidad y el Consumo de UGT (UGT-FeSMC), ve con optimismo la medida gubernamental, especialmente «porque hay un plazo de resolución de seis meses», es decir, que el Gobierno tendrá ese tiempo para dar respuesta a los colectivos. No obstante, eso no quiere decir que los coeficientes vayan a aplicarse en ese periodo puesto que el proceso de negociación puede ser mucho más complejo.
Con todo, Buenestado dice que el sector se conformaría con el acceso a la jubilación anticipada a los 60 años «porque lo de los 52 no se lo cree nadie». «Eso lo recoge el reglamento porque tiene que haber un mínimo en el que se sitúan, comúnmente, los mineros, pero los compañeros ferroviarios y del mar suelen irse a los 60», relata.
Aunque depende de la persona, el sindicalista explica que los achaques físicos suelen manifestarse en conductores que llevan aproximadamente tres décadas de servicio. «Parece una tontería, pero una de las enfermedades más corrientes en el sector suelen estar relacionadas con la próstata por estar tanto tiempo sentado y sin poder ir al baño. Por eso los coeficientes reductores no tienen en cuenta solo la edad, sino también cuánto han estado ejerciendo la profesión», cuenta.
Buenestado considera además que el acceso a la jubilación anticipada ayudará a que la profesión, profundamente envejecida, sea más atractiva. Según datos de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España, en nuestro país hay aproximadamente medio millón de camioneros. De ellos, más de la mitad supera los 55 años y apenas un 10% tiene menos de 30, por lo que se teme una falta de conductores en los próximos años.
«Los coeficientes reductores pueden favorecer la entrada en el sector de personas jóvenes. Es verdad que las condiciones tienen que cambiar. Los salarios tienen que mejorar, como también las áreas de descanso si eres conductor de mercancías. Y, por supuesto, favorecer el acceso de la mujer a la profesión. En transporte de viajeros parece que sí hay más, pero en el de mercancías el porcentaje de mujeres es ridículo [apenas un 3,8%]», lamenta.
El caso excepcional de la Policía Nacional
Un día antes de que el Gobierno aprobase el marco general de acceso a la jubilación anticipada, este recibió un tirón de orejas del Tribunal Supremo. Tras varios requerimientos infructuosos al Ejecutivo, el sindicato policial Jupol decidió interponer una denuncia y el Alto Tribunal sentenció que el Ministerio del Interior tenía la obligación, real decreto mediante, de regular la jubilación anticipada de los policías nacionales.
El Supremo consideraba que el Gobierno estaba vulnerando el principio de igualdad con respecto a otros cuerpos, como Mossos, Ertzaintza y Policía Local, que sí podían acogerse a esta opción. No obstante, solo podrán acceder a la jubilación anticipada unos 30.000 agentes, es decir, aquellos que ingresaron en el Cuerpo después de 2011 y están sometidos al régimen de Seguridad Social.
Esto ha originado una situación de discriminación dentro de la propia Policía Nacional, puesto que aquellos agentes que ingresaron antes de 2011 están sometidos al régimen de Clases Pasivas y su pensión se calcula en función a este. Además, su jubilación voluntaria se sitúa a partir de los 60 años, siempre que hayan cumplido 30 de servicio.
«Con el Gobierno agotamos todas las vías y no nos escuchó. Nos obligaron a acudir a los tribunales y, tras esta sentencia del Supremo, nuestro objetivo es acabar con esta desigualdad dentro de los propios policías nacionales. De la misma manera, vamos a agotar todas las vías para conseguirlo, y en la misma línea lo van a hacer extensivo a través de Jucil, de la asociación de la Guardia Civil», explica a 20minutos Laura García, portavoz de Jupol.
La agente dice que la Policía Nacional la componen unas 73.000 personas, por lo que los 30.000 que desde ahora podrán acogerse a la jubilación anticipada representan algo más del 40% del personal total. «Ahora tenemos que luchar por esa mayoría que todavía pertenece a Clases Pasivas», concluye.
