Los pensionistas tienen razones de sobra para estar preocupados. El envejecimiento demográfico y el descenso de la natalidad amenazan la sostenibilidad de los sistemas de pensiones en todo el mundo, y los Gobiernos parecen no haber comprendido aún la gravedad de la situación.
Las pensiones preocupan en todo el mundo. Los países desarrollados son los que cuentan con los sistemas más asentados, pero no son los únicos que deben lidiar con el envejecimiento poblacional y el descenso de la natalidad. En este sentido, el Melbourne Mercer Global Pension Index realiza una comparación de hasta 34 sistemas de pensiones distintos a través de un análisis de sus beneficios y su sostenibilidad. Así, los datos de 2019 muestran que los países europeos son los mejores posicionados en cuanto a la cuantía de sus retribuciones, pero la sostenibilidad de sus pensiones queda puesta en duda. Por un lado, Italia, Austria y España reciben calificaciones muy bajas por la fragilidad de sus sistemas, mientras que los países nórdicos, acompañados de Países Bajos y Australia, se erigen como los países que han logrado alcanzar un mayor equilibrio entre sostenibilidad y adecuación, definida como la capacidad de las pensiones para mantener los ingresos de los jubilados.
Países Bajos y Dinamarca tienen los sistemas de pensiones que otorgan más beneficios manteniéndose estables. En el extremo opuesto del gráfico, Turquía, Tailandia o Argentina tienen sistemas poco sostenibles que ofrecen beneficios reducidos.
La población mundial envejece a un ritmo vertiginoso. Solo entre 2015 y 2050, la cantidad de personas con más de 60 años pasará de 900 millones a 2000 millones, esto es, del 12% al 22% del total de la población. En Europa la situación es aún más extrema: si en la actualidad hay poco más de 100 millones de personas con 65 años o más en la Unión Europea, una quinta parte de la población, en tres décadas este grupo ya alcanzará los 150 millones, muy cerca del tercio de la población.
La caída de la tasa de fertilidad y el aumento de la esperanza de vida, así como el descenso de la mortalidad infantil, están detrás de este cambio demográfico. La creciente proporción de mayores, considerada un éxito del Estado del bienestar, acarreará una serie de desafíos económicos a los que los Gobiernos deberán dar respuesta más pronto que tarde: presión a la baja sobre el crecimiento económico, reducción de la oferta laboral o costes sociales más elevados. En ese contexto, la sostenibilidad de los sistemas de pensiones queda en entredicho. Cada vez habrá más pensionistas y menos trabajadores entre los que repartir el peso.
En todos los países de la Unión Europea, donde el sistema de reparto o solidaridad intergeneracional es el más común, los trabajadores afrontarán una carga cada vez más pesada.
El porcentaje del PIB que se destinará de media a sufragar las retribuciones a personas jubiladas, viudas o incapacitadas descenderá un 0,2% entre 2013 y 2060, del 11,3% al 11,1%. El resultado de la ecuación es claro. Si el número de pensionistas aumenta, el de trabajadores no sufre apenas variaciones y los países no incrementan la inversión pública, la pérdida de nivel adquisitivo de los pensionistas se antoja inevitable. Prueba de ello es que ningún país va a ser capaz de sostener sus tasas de sustitución actuales. En este sentido, España será el país que experimente un descenso más pronunciado, concretamente del 30,4%.
El caso español es especialmente delicado. Aunque la edad mínima de jubilación ordinaria se sitúa en los 65 años, la edad real con la que los españoles se retiran es de al menos 1 año de anticipación. Por otro lado, España goza de la tercera esperanza de vida más elevada del mundo, por detrás de Japón y Suiza. Ambos factores combinados provocan que los españoles reciban retribuciones públicas durante una media de unos 20 años (18 años los hombres y 25 años las mujeres). Todo este sistema público descansa completamente sobre las cotizaciones de los trabajadores a la Seguridad Social, una estructura que arrastra dificultades para insertar a los jóvenes en el mercado laboral y presenta claros síntomas de debilitamiento.
Según los pronósticos de la Comisión Europea, Italia y Austria acompañarán a España en los tres primeros puestos de países con mayor tasa de sustitución en la UE en 2060. Sin embargo, si bien estos países también presentarán un balance negativo, las caídas no serán tan graves como en España. Su fórmula pasa por aumentar la presión fiscal sobre las empresas para financiar de una forma más sostenible las pensiones: los austriacos alimentan su pensión con aportaciones de las empresas a las cuentas de ahorro de sus trabajadores, un sistema bautizado como la “mochila austriaca”. Por su parte, Italia ha fijado las cotizaciones sociales en el 33%, cinco puntos porcentuales más que en España.
La tasa de beneficio, a diferencia de la tasa de sustitución, expresa la adecuación económica de una pensión como el porcentaje que esta supone sobre el salario medio de un país. También aquí la tendencia es descendente.
Ante el panorama de incertidumbre que amenaza la sostenibilidad de las pensiones, dos son las posibles salidas que se han planteado a esta encrucijada: subir los impuestos, o recortar reduciendo las pensiones o extendiendo la edad de jubilación, ligándola a la esperanza de vida, por ejemplo. Hasta la fecha, la primera opción aún no ha sido implementada de forma firme, mientras que la segunda se ha topado con el rechazo frontal de la sociedad civil.
El camino a seguir en el futuro viene marcado por los éxitos de Países Bajos, Dinamarca, Australia o Finlandia, que apuestan por la vía intermedia entre impuestos y recortes: modelos mixtos en los que se combina una pensión pública mínima con planes de ahorro personal. Aquí la gran pregunta es quién debe asumir ese ahorro particular: los empleadores o los empleados. En Dinamarca, por ejemplo, existe una pensión universal no contributiva cuya cuantía no depende de las cotizaciones aportadas, sino de otros criterios como el lugar de residencia, y que se financia a través de la recaudación de impuestos; esta pensión se combina con planes de ahorro privados en los que los empleadores aportan dos tercios del total y los trabajadores el resto.
Hacer sostenible la financiación de los sistemas de retribuciones públicas va a ocupar un lugar preferencial en los debates de los años venideros. Al igual que el cambio climático, el cambio demográfico es irreversible, a menos a corto y medio plazo, pero sus consecuencias pueden ser controladas si se actúa de forma urgente.
Fuentes: EOM