Tras la embestida del Covid, las cuentas de la Seguridad Social no están para bromas ni frivolidades. Más de los 9 millones de pensionistas y 20 millones de cotizantes necesitan saber qué les espera, y encomiendan la renta de su retiro a la Seguridad Social, y a la discusión y el consenso previo de los partidos en la comisión del Pacto de Toledo, que arrancó de nuevo la semana pasada.
La Seguridad Social ha tenido siempre al frente gente cualificada de una institución que cobra y paga el 50% del gasto del Estado. Pero muchas veces estos profesionales hacían abstracción de la realidad para convertir el sistema de pensiones en un poderoso instrumento político y hasta electoral. La política, de unos y de otros, se imponía al rigor del criterio técnico con demasiada frecuencia.
La Seguridad Social precisa algo más que limpiar el pasivo acumulado y trasvasar gastos impropios al Estado: debe acoplar el gasto al ingreso
En los mensajes vertidos en sus apariciones públicas por el Actual Ministro de la Seguridad Social, y en los documentos elaborados en su momento por la Airef que Escrivá lideró hasta hace cuatro días, está lo esencial de sus intenciones sobre qué hacer con el sistema para garantizar su viabilidad.
LO FÁCIL
La propuesta que maneja consiste en primer lugar en absorber su déficit actual, generado por la insuficiencia de ingresos en los diez últimos años producida por la crisis económica del 2008 y del empleo como consecuencia de ella. Implica también la absorción por parte del Estado de los déficits acumulados en los últimos años, y que han generado una deuda de más de 60.000 millones hasta marzo y que ahora llegan a los 99.000 millones por las necesidades súbitas de este año. Eliminar la deuda y el déficit es básico para reducir, “la incertidumbre sobre la sostenibilidad del sistema, que de forma creciente genera distorsiones en la toma de decisiones de los agentes económicos, tanto activos como pasivos, y que afecta al ahorro y al consumo”, tal como argumentaba la Airef cuando Escrivá era su presidente.
Pero traspasar al Estado la deuda acumulada por la Seguridad Social reduce la incertidumbre sobre la sostenibilidad del sistema, pero no la elimina, puesto que solo supone poner el contador a cero.
La fórmula para el corto plazo de Escrivá supone traspasar al Estado una serie de gastos impropios que financian las cotizaciones, como la administración de las cuotas y las pensiones, los programas de fomento de empleo, las prestaciones por maternidad y paternidad, y otras subvenciones a regímenes especiales financiadas con cuotas. Se ha cuantificado en unos 18.000 millones la repercusión de estas partidas.
Además, se ha sugerido que la mitad de las cotizaciones por desempleo pasen a engordar las contingencias comunes, dado que existe (o al menos existía antes del coronavirus) superávit en la cuenta de desempleo. Esto, tras el brutal avance del paro con la crisis del Covid, tendrá que esperar. Habrá que buscar otra alternativa, quizás fiscal con un impuesto de solidaridad, o quizás con una nueva transferencia de recursos estatales.
Estas medidas aunque esconden en realidad una evidente trampa en el solitario, el déficit de la Seguridad Social quedaría absorbido y traspasado al Estado, siempre y cuando Hacienda dé el visto bueno, que lo dará, porque no es la primera vez que se plantea tal baile de partidas. Casi 18.000 millones borrados de la deficitaria cuenta de resultados de un plumazo administrativo-contable.
LO IMPORTANTE
Hasta aquí lo fácil, ahora lo importante
Falta por conocer qué decisiones tomará el Gobierno para hacer sostenibles las cuentas en el medio plazo y en el largo. Esta crisis sorpresiva precipitará la jubilación de forma anticipada de una buena parte del colectivo de nacidos en el baby boom, (y el resto llegará al retiro en los próximos seis, ocho o diez años), lo que supone un desembolso para la caja muy importante, dado que las cuantías de estas pensiones son bastante más generosas que las reconocidas hasta ahora, y la esperanza de vida no deja de crecer. De media cada pensión nueva es un 35% más elevada que la que causa baja por fallecimiento.
No valdrá ya el recurso a la deuda para costear agujeros adicionales en el saldo de ingresos y gastos, puesto que los pasivos del Estado estarán en la peligrosa posición del 125% del PIB, y subiendo durante no menos de dos o tres años al menos. No puede trasmitírseles a los financiadores del país de que se echa mano de emisiones de deuda para pagar el retiro de los trabajadores, contra cualquier lógica financiera.
Solo queda una opción sencilla de diseñar y aplicar, pero difícil de encajar por los pensionistas del inmediato futuro: subir los ingresos y rebajar los gastos.
Hay mil maneras de hacerlo, y solo despojándose de intencionalidad electoral puede aplicarse con efectividad. Además de replantearse la revalorización para las pensiones actuales, porque las cuentas no dan para más, la fórmula estaba ya diseñada: volver al factor de sostenibilidad que se retrasó hasta 2023 por imposición del nacionalismo vasco (que le hizo un auténtico regate en corto a Rajoy en solo dos semanas, por motivos electorales, para variar). Podría evitarse un endurecimiento adicional si se opta por incrementar los ingresos, algo nada arbitrario en el país donde menos aportan los autónomos.
Las posibles “pistas” del necesario reajuste del sistema actual de las pensiones, sin entrar en medidas más fuertes como la “mochila austriaca”, las “cuentas nocionales” del tipo sueco, o los planes de pensiones complementarios pero obligatorias (muy comunes en la Europa que nos debe financiar), son, telegráficamente:
1.- REPLANTEARSE LA REVALORIZACIÓN ANUAL DE LAS PENSIONES, vinculándola no al IPC, sino a otros indicadores como, por ejemplo, el incremento salarial medio, como muchos países hacen ya.
2.- RESURECCIÓN DEL FACTOR DE SOSTENIBILIDAD ajustando las prestaciones iniciales a la esperanza de vida, también como hacen muchos países.
3.- ELIMINAR LAS JUBILACIONES ANTICIPADAS VOLUNTARIAS, que constituyen un verdadero coladero para las pensiones altas.
4.- REFORMULAR LAS PENSIONES DE VIUDEDAD, vinculando su cuantía a los ingresos personales del pensionista que ya hacen en prácticamente todos los países.
5.- COTIZACIONES DE LOS AUTÓNOMOS, vinculándolas de una vez por todas a los ingresos reales, y haciendo que las cotizaciones sean trimestrales al igual que las declaraciones del IRPF e IVA para su mejor control y evitando fraudes “facilitos”.
6.- ELIMINAR EL COMPLEMENTO A MÍNIMOS: aunque van a cargo de los PGE, no tienen sentido una vez implantado el IMV.
7.- SI SE TRASPASAN PARTE DE LAS COTIZACIONES DE DESEMPLEO A LA SS, reformar los actuales subsidios/ayudas de desempleo gestionados por el SEPE, eliminado subsidios obsoletos una vez que ya se ha implementado el IMV.
