Los despidos generan 720.000 nuevas prestaciones de paro al año, su máximo desde 2012
El fin de empleos temporales provocó otras 860.000, pero el 43% son fijos discontinuos inactivos
Durante el pasado año se registraron 723.779 altas iniciales de prestación por desempleo causadas por un despido individual, colectivo o fin del periodo de prueba, la cifra más alta desde 2012, cuando se alcanzaron las 777.328. Aunque el contexto económico no puede ser más diferente: 2024 cerró con 2,3 millones de parados registrados menos que entonces, cuando España aún no había tocado fondo en la profunda recesión iniciada en 2008. Lo más preocupante es que esta cifra está a punto de atrapar a otra que es la que tradicionalmente ha justificado que una persona empezase a cobrar el paro: el fin de un contrato temporal. En cifras absolutas estos suman 869.489. La brecha entre una y otra cifra se estrecha a marchas forzadas: los despidos se están convirtiendo en los nuevos protagonistas del desempleo.
La razón de más peso es el impacto de la última reforma laboral, que ha disparado la contratación indefinida, que en la etapa anterior estaba considerada como la más estable y blindada al despido. Aunque las altas por el fin de un contrato temporal han caído al 50% en cifras absolutas suman los citados 869.489, un 1,9% más que en 2023. Eso sí, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) incluye en esta categoría a los fijos discontinuos que han pasado a la inactividad, que acumulan 378.789. Otro efecto directo de la reforma laboral.
En 2024, 385.054 personas cobraron el paro cada mes de media por un cese: 337.153 por un despido individual, 18.430 por uno colectivo y 29.471 por no superar el periodo de prueba. La cifra total supera en un 9% el promedio de 353.248 registrados en 2023, en parte por los despidos individuales (que crecieron un 12%) y la finalización del periodo de prueba (que subieron un 5%), mientras las prestaciones por despidos colectivos retrocedieron un 24% tras el auge del pasado año (aunque las cifras de procedimientos notificados apuntan a un incremento en los próximos meses).
Aunque este dato no desprende solo de las altas iniciales, ya que se ve afectado tanto por las bajas de beneficiarios como por las reanudaciones: personas que no habían agotado la prestación reconocida inicialmente y vuelven a cobrarla tras perder de nuevo un empleo. En 2024 sumaron 2,9 millones, frente a 1,7 millones de altas iniciales, aunque solo 227.436 (un 4,1% más que en 2023) venían causadas por un cese, un 7,8% del total. En el caso de las prestaciones iniciales, el porcentaje asciende al 41%, el más alto de la serie histórica.
¿Por qué más gente cobra el paro tras un despido?
¿Por qué son relevantes estos datos? A priori, que el número de beneficiarios de prestación aumente mientras baja el paro, es positivo para el Gobierno, ya que le permite ofrecer unos datos ‘históricos’ de tasa de cobertura, que describe como el porcentaje de parados registrados que cobran una prestación, aunque, como hemos visto, en realidad incluyen a los fijos discontinuos, que cobran prestación sin ser considerados parados. En 2024 la media anual ascendió al 72,6%, dos décimas más que en 2023.
La cuestión es que la evolución de las altas tiene una lectura más profunda, y menos halagüeña. Despejado el efecto la pandemia en 2020, 2021 y, parcialmente 2022, años en los que los ERTEs elevaron las cifras a registros inéditos, pero excepcionales, los datos de 2024 muestran un volumen de altas de prestación por desempleo superior al de todos los años anteriores desde 2013. Y la clave son los despidos.
El mercado laboral español viene determinado por la temporalidad y esto afecta a las prestaciones por desempleo incluso si la economía va bien. Aunque con la crisis financiera crecieron con fuerza, entre 2012 y 2014 las altas de personas que vieron caducado su empleo se moderaron. Sin embargo, a partir de 2015 vuelven a subir con fuerza hasta alcanzar un récord en 2020. Algo que refleja una de las grandes paradojas del mercado laboral español de los últimos lustros: en etapas de crecimiento (en este caso recuperación) de la economía, la volatilidad de los empleos aumenta.
Aunque a partir de la reforma laboral de 2021 su cifra se reduce y estrecha la distancia respecto a la de las prestaciones causadas por despidos. Muchos analistas (y el propio Ministerio de Trabajo) dicen que es lógico que si la reforma laboral dispara el peso de la contratación indefinida, las prestaciones causadas por un despido crezcan, ya que los ceses también aumentan. Pero que algo sea lógico no significa que no sea preocupante, sobre todo si contamos con datos que nos dicen que no se había producido un incremento tan intenso desde la Gran Recesión. Esto apunta a que los nuevos contratos indefinidos son más volátiles que nunca.
El estallido de la crisis financiera y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria se llevó por delante a muchos empleos eventuales (los más fáciles de recortar en la plantilla) pero los fijos también se dispararon: sobre todo entre 2008 y 2009, cuando las nuevas altas de prestación alcanzaron las 950.000. A partir de ahí se produjo un descenso, interrumpido solo por un leve repunte en 2012. Algo que muchos atribuyen al abaratamiento del despido incluido en la reforma laboral de 2012.
Pero a partir de ahí, las cifras de despedidos volvieron a retroceder, si bien para 2019 ya daban señales de repunte que se vieron interrumpidas durante la pandemia. Pero el incremento de las altas tras la reforma laboral de 2021 no tiene precedentes desde la crisis, cuando las altas por cese se dispararon un 81% entre 2007 y 2009. En los tres años transcurridos desde la reforma han crecido un 56% pese al crecimiento económico.
Sobre todo despidos individuales
¿Pero se debe a un efecto estadístico del incremento de la contratación o hay algo más? Para analizar hay que profundizar en el tipo de cese que provocan estas altas. La inmensa mayoría, el 88% son despidos individuales, mientras los ceses por no superar el periodo de prueba llegan al 8,9% y los despidos colectivos al 4,2%, un porcentaje muy alejado del 18% que alcanzaron en 2013.
Es normal que el periodo de prueba tenga poco impacto en las prestaciones, ya que estos empleos no cotizan lo suficiente para generar derecho a ellas. En el caso de los despidos colectivos, aunque estos procedimientos tienen gran repercusión por su complejidad, son procesos que se alargan en el tiempo desde que se anuncian hasta que se ejecutan. Por ello su impacto en las cifras de altas de prestaciones es reducido en comparación con los despidos individuales, que tienen efecto inmediato.
Así las cosas, la mayoría de las altas por cese se deben a «despidos no recurridos en el momento de solicitar la prestación», quesuman 450.673 (un 62,35% del total), mientras que los despidos por causas objetivas aportan otros 186.471 (un 25,8% del total). Hay que tener en cuenta que las estadísticas del SEPE se basan en los expedientes de trámite de la prestación, no el tipo de despido. Por ejemplo, no distingue los disciplinarios, pese a que otros registros, como los de la Seguridad Social inciden en que son los más habituales.
Aun así, la tendencia es clara: los despidos estrechan su margen con la caducidad de los temporales y la inactividad de los fijos discontinuos y se convierten en un motor de destrucción de empleo incluso en momentos considerados ‘positivos’ del ciclo económico.
