- Los abogados dicen que estamos en una ‘calma chicha’ que precede la avalancha de Eres
- Se están pactando Eres con 45 días de indemnización y más para evitar la “judicialización”
Numerosas empresas que se han acogido a un Erte están echando cuentas a fin de saber cuándo tendrán las manos libres para abordar una reducción de plantilla. Incluso algunas que tienen derecho desde el 1 de octubre a exoneración a la Seguridad Social han optado por renunciar a ella, lo que las exime de la obligación de prorrogar por seis meses más su compromiso de no despedir, según explican varios bufetes de derecho laboral. Coinciden en que estamos en la “calma chicha” que precede a la tormenta que se desatará este otoño y continuará el primer trimestre de 2021.
Y también coinciden en que muchas compañías, conscientes de que la recuperación no será en “uve” y que vamos a una crisis estructural y no coyuntural, les están pidiendo estudios para saber cuáles son los condicionantes legales en los que incurren para decidir cómo y cuándo abordar recortes. De hecho, los despidos han comenzado ya con empresas que no se sometieron a Ertes y otras que han sopesado el coste de saltarse la prohibición.
Trabajadores en Erte
César Navarro, responsable de laboral del despacho CMS Albiñana declara que hay “una sensación generalizada entre los compañeros de laboral de que la mayoría de las empresas no podrán asumir todos sus trabajadores en Erte”. Son unos 735.000 que han sido prorrogados de forma automática, aunque sólo una minoría pertenece a empresas de las 42 CNAE con derecho a exoneración, como remarca Manuel de los Mozos, socio de Arinsa. Lo que apunta a que a partir del 31 de enero, muchas empresas hoy en expediente empezarán a despedir. O incluso antes, si no tienen derecho a exoneración o han renunciado a ella, apunta De los Mozos.
Sin embargo, no tiene por que ser una situación generalizada. Román Merino, socio director de la consultora de recursos humanos Reinforce señala que la recuperación no será en “uve” sino en “ka”, lo que significa que unos sectores saldrán perjudicados y otros beneficiados.
Todos reconocen que tienen clientes que les han pedido ya que les realicen un análisis de posibles procesos de reestructuración. Alfredo Aspra, socio de laboral en Andersen, señala que hay tres grupos de empresas. Uno, las de sectores más afectados (aeronaútico, hoteles, cruceros y agencias de viajes, entre otros), que no han podido esperar a cumplir los plazos legales para despedir y han iniciado sus reestructuraciones como Airbus o Pullmantur. El segundo bloque son sociedades que tienen claro que van a presentar un ERE y están determinando el volumen de la reestructuración y el cuándo.
Y el tercero son empresas que por tamaño o sector, como construcción, pueden mantener su negocio, aunque tomando posiciones conservadoras. Aspar concluye con la reflexión de que muchas decisiones drásticas se van a tomar en el primer trimestre del año próximo. De hecho, en Anderson ya están en varios proyectos, unos en preparación, otros en fase de implementación y algunos ya terminando el Ere.
Marc Carrera, responsable de laboral de PwC apunta que, además de un comportamiento muy heterogéneo por sectores, también hay diferencia en las medidas que se están planteando las empresas. Resalta que muchas empresas no se han planteado todavía un ERE, aunque es una solución que nunca han descartado. “Siempre ha estado en su mente y ahora están calibrando el momento, su situación financiera y los aspectos legales”.
Nuevo entramado jurídico
Y aquí inciden todos los consultados. Sus clientes quieren tener claro el nuevo entramado jurídico nacido durante estos meses, y que ha venido a complicarse aún más con el último Real Decreto-Ley que prorroga los Ertes de fuerza mayor hasta el 31 de enero del año próximo. Carrera remarca que las empresas están valorando el coste de presentar un Ere, aunque también el de no presentarlo, pues es generalizado el fuerte descenso de los ingresos.
Un coste que exige necesariamente negociar con las plantillas para sortear la inseguridad jurídica que se ha generado con las medidas impuestas por el Gobierno de prohibir despedir -bien los seis meses si han solicitado un Erte, bien la imposibilidad de despedir alegando el Covid-19 como causa mientras dure la pandemia-. En opinión de Carrera, estos argumentos legales van a judicializar los procesos, de aquí la necesidad de pactar las condiciones de las futuras reestructuraciones. “Se están cerrando ERE con indemnizaciones que superan los 45 días por año trabajado”, dice.
Lo que está llevando a que las empresas estén afinando mucho en los informes que están pidiendo a sus asesores legales para saber las consecuencias legales, y sobre todo los costes, de afrontar un ERE.
Fernando Moreno, consultor de Analistas de Relaciones Industriales (Arinsa) coincide en que muchas empresas están calculando los costes y se mantienen a la espera de ver como evoluciona la pandemia.
El ‘contador a cero’ para poder hacer ERE complica el proceso
El artículo 5 del Real Decreto-Ley que regula los nuevos Ertes hasta el próximo 31 de enero ha complicado un poco más el complejo entramado jurídico en que se mueven las empresas después de tantos Reales Decretos aprobados, según remarca Fernando Moreno, consultor del bufete laboral Arinsa, que señala que se han generado muchas dudas después de tantos Reales Decretos-Ley de los últimos meses. Y las principales se derivan de los preceptos de “mantenimiento del empleo” impuestos por el Gobierno. Moreno incide en que el último RDL ha impuesto que cualquier empresa que a partir del 1 de octubre esté en Erte y beneficiándose de las exoneraciones a la Seguridad Social tendrá que poner su contador a cero en el plazo de los seis meses de prohibición de despedir. Sin excepción de la modalidad de Erte a la que se acoja, ya sean los pertenecientes a las 42 CNAE o a los nuevos de “impedimento” y de “limitación” de actividad. Además, el plazo no empezará a contar hasta que se hayan finalizado los seis meses de sus anteriores Ertes.
Fuente: El Economista