LAS 10 RAZONES DEL GRAN ENGAÑO A LOS PENSIONISTAS

El Gobierno sube las cotizaciones, arriesgando la contributividad del sistema y afectando a la economía y al empleo.

 

Las pensiones constituyen un tema prioritario, al afectar a muchísimas personas, que a lo largo de su vida, con su esfuerzo y su trabajo diario, se han ganado el derecho a disfrutar de una pensión de jubilación. Estas personas fueron solidarias con sus contribuciones a la Seguridad Social, que permitían pagar las pensiones de sus mayores, y, ahora, cobran su pensión en función del derecho devengado durante aquellos años, gracias a la solidaridad que hoy ejercen con ellos las personas que actualmente se encuentran en activo, como las generaciones futuras lo harán con los trabajadores de hoy en día. Por tanto, no es que sea un tema sensible, sino que nadie quiere que las pensiones se acaben o se reduzcan, sino todo lo contrario: lo que toda la sociedad quiere es que las pensiones se fortalezcan, sean mayores y se encuentren garantizadas.

 

Hace un año, al convalidarse el decreto de la reforma del sistema público de pensiones, recibió la crítica a la insostenibilidad que incorpora por parte de todos los organismos, como Fedea, BBVA Research, la AIReF o el Observatorio Económico de la UFV. La reforma es una barbaridad, porque no sólo no avanza en la sostenibilidad del sistema, sino todo lo contrario: las medidas que en ella aparecen socavan su sostenibilidad; aceleran su desequilibrio estructural; impulsan, por la vía de los hechos, una transformación del sistema de pensiones en asistencial en lugar de contributivo; desincentivan el trabajo; aumentan los costes de las empresas; reducen su competitividad; merman la renta disponible de los trabajadores y perjudican al conjunto de la economía.

 

Esta reforma en lugar de ahuyentar los riesgos del sistema, los incrementa, con la consiguiente aceleración del potencial colapso y el camino hacia una pensión asistencial en lugar de contributiva. Es un ataque a las familias, a las empresas, a los pensionistas, a la economía, al empleo y a la propia recaudación; en definitiva, es un ataque a la prosperidad.

 

 

Podemos resumir el escenario que diseña esta reforma de la siguiente manera:

 

  1. La subida de la cotización adicional iniciada este año y que será mantenida hasta 2050, a través del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) pasa de un0,6% adicional(0,5 a cargo de la empresa y 0,1 a cargo del trabajador) hasta el 1,2% en 2029 (1% el empresario y 0,2% el trabajador), supondrá una barrera al empleo, encareciendo la contratación de los trabajadores y mermando su renta disponible, que puede desembocar en una caída de contrataciones y de recaudación, perjudicando a la sostenibilidad del sistema.

 

  1. La imposición de una cuota adicional a los trabajadores con base máxima, queen 2025 será un punto adicional, con subidas incrementales de 0,25 puntos, hasta llegar a6 puntos más en 2045, pero sin subir las pensiones máximas en esa proporción, constituye un paso hacia la transformación del sistema en asistencial en lugar de contributivo, socavando la confianza en el mismo. Puede suponer una fuga de los mayores talentos profesionales hacia otros países, perdiendo valor añadido y recaudación.

 

  1. La medida del Gobierno por la que aprobó el incremento de las cuotas a la Seguridad Socialpara las rentas que sean mayores de alrededor de 56.000 euros brutos al año,en lo que ha llamado como «cuota de solidaridad», es un error más del Ejecutivo. Es curioso que este gobierno sea muy solidarios, pero siempre con el dinero de los demás, no con el suyo, pues aunque Carmen Calvo afirmase que “el dinero público no es de nadie», lo es, completamente, de los contribuyentes.

 

  1. El aumento de las pensiones no contributivas hasta llegar al 75% de la renta medianade los hogares monoparentales y de las pensiones mínimas contributivas hasta el 60% de la renta mediana de los hogares, no sólo supone un gasto inasumible, sino que constituye un desincentivo al trabajo y a la cotización de las personas, incentivando la economía sumergida, de forma que pueden disminuir con ello los cotizantes y la recaudación, además de que da un paso más en transformar una economía productiva en una economía subsidiada.

 

  1. En cuanto al período de cálculo de las pensiones, el Gobierno da la opción de alargarlo de los 25 años actuales a 29 años si el trabajador estima que le conviene más eliminando los dos peores años de cálculo. Por lo tantono es un alargamiento efectivo,puesto que el trabajador puede elegir, con lo que en el peor de los casos se quedará tal y como opera ahora, con 25 años. Si opta por 29 años será porque el cálculo le resulte más beneficioso, con lo que no hay potencial ahorro con esta medida, sino, todo lo contrario: hay un potencial incremento de gasto.

 

  1. La previsión del Gobierno de recaudar 15.000 millones de euros anuales, aunque se cumpliesen, no serían suficientes para compensar el incremento de pensionistas, de la cuantía de las pensiones por la indexación con la inflación. Todavía se resiente más la sostenibilidad del sistema si dicha recaudación merma por caída de la actividad económica derivada de estas propuestas.

 

  1. No hay ninguna contención del gasto, sino más bien un incremento del mismo, acompañado de una subida abrupta de cotizaciones que pueden dañar seriamente el mercado de trabajo. Esa subida será todavía mayor con el mecanismo de revisión del MEI cada tres años que propone el sistema, donde si se produce desviación de los gastos al alza se corregirá con incrementos de cotizaciones, haciendo el sistema más asfixiante para trabajadores y empresas.

 

  1. El Gobierno no aborda el verdadero problema del sistema de pensiones, que es urgente, sino que ahonda en sus desequilibrios, ataca la competitividad de las empresas, merma la renta disponible de las familias e incentiva el fraude. Es, por ello, negativopara las familias, para las empresas, para los pensionistas, para la economía, para el empleo, para la propia recaudación y, en suma, para la prosperidad

 

9 Aunque Bruselas diese su conformidad a la propuesta en su momento, el Gobierno se la presentó bajo la hipótesis de que con los incrementos de las cotizaciones cubrirá el desfase del sistema, pero realmente incrementa el gasto paralelamente y, además, no parece lo más probable que vaya a mantenerse la recaudación pretendida si dichas medidas provocan un freno en la actividad y el empleo. Es más, la Comisión Europea, en su informe de seguimiento a la economía española por considerar que tiene desequilibrios en su estructura, vuelve a preocuparse por el déficit y deuda del sistema de pensiones.

 

  1. En lugar de estas medidas, hay que abordar con determinación, fuera del juego político,una reforma de las pensiones que garantice su sostenibilidad y que revierta el desequilibrio actual y futuroque, en las actuales circunstancias y con la actual normativa, se da entre crecimiento de población activa, crecimiento de pensionistas, esperanza de vida y la tasa de reemplazo o sustitución de las pensiones. Sólo así se podrá garantizar la viabilidad del sistema.

 

Fedea estimó hace unas semanas el verdadero déficit de la Seguridad Social en su parte contributiva, se eleva hasta los 55.919 millones de euros, alrededor del 3,8% del PIB. Ese quebranto se financia del siguiente modo: por un lado, 44.148,12 millones de euros en transferencias de la AGE a la Seguridad Social. Esto computa como ingresos de la Seguridad Social, de manera que reducen ese déficit, pero no son ingresos procedentes de las cotizaciones a la Seguridad Social, sino que después de recaudar las cotizaciones queda un desfase de esos casi 56.000 millones, de los cuales poco más de 44.000 se compensan con esa transferencia.

Es decir, la AGE asume esos 3,1 puntos de déficit sobre el PIB, pasando a ser mayor déficit de la AGE y menor déficit de la Seguridad Social. Desde el punto de vista del déficit del Reino de España es neutro, porque se cambia de administración el déficit, pero sigue siendo el mismo. Ahora, eso maquilla el déficit de la Seguridad Social. Sin ello, su déficit sería de esa cuantía. Por otra parte, los otros 0,7 puntos de PIB de desfase los recibe como préstamo del Estado, con objeto de poder financiar casi toda esa diferencia restante.

 

 

Por una parte, las cotizaciones no cubren el gasto en pensiones contributivas. Su desfase es minimizado por las transferencias de la AGE, pero no por generación de cotizaciones que lo cubran. Esto desvirtúa el régimen contributivo y puede que nos aproxime, si el déficit sigue creciendo, a uno asistencial. Si no se reforma, la presión del incremento de pensionistas, desbordará el gasto, como ya comienza a suceder. Así, respecto a mayo de 2023, hay 111.570 pensionistas más, hasta llegar a 9.185.886 pensionistas.

 

Por otra parte, como el gasto no deja de crecer por la propia presión de las cohortes que se jubilan y por el aumento de las tasas de reemplazo, que son mayores por unas carreras más exitosas, el gasto presiona al alza. En los últimos siete años, el importe medio de la pensión ha crecido un 17%.

La indexación de las pensiones al IPC deteriora más el saldo, y la reforma propuesta fía todo a que la recaudación va a poder solventar el problema, y por mucho que digan que dotan el fondo de reserva, esa dotación es irreal, porque dotan pero no de un excedente, sino como un gasto más que no se logra cubrir con cotizaciones.

 

La ausencia de rigor técnico y la prevalencia de los postulados políticos por parte del Gobierno en lugar de ahuyentar los riesgos del sistema, los incrementa, con la consiguiente aceleración del potencial colapso, abonando el campo para que la Seguridad Social camine hacia una suerte de deuda perpetua, creciente, que en los actuales niveles de deuda pública será insostenible, además de resultar nada ortodoxo el nutrir a la Seguridad Social en su parte contributiva, de ingresos que no procedan de las cotizaciones. Avanzando por ese camino, se pondrá en riesgo la viabilidad del sistema; dentro de un tiempo, los pensionistas tendrán todos una pensión muy baja, que se parecerá más a una pensión asistencial que a una contributiva, por haber tenido que sufrir recortes futuros por no hacer reformas presentes, y eso sí que será un gran engaño para todos los pensionistas.

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