“Pero ¿puede decirse que estos políticos, estos partidos,
estos votantes querían la guerra civil?
Creo que no, que casi nadie español la quiso. Entonces, ¿cómo fue posible?
Lo malo es que muchos españoles quisieron lo que resultó ser una guerra civil. Quisieron:
- a) Dividir el país en dos bandos.
- b) Identificar al otro con el mal.
- c) No tenerlo en cuenta, ni siquiera como peligro real, como adversario eficaz.
- d) Eliminarlo, quitarlo de en medio (políticamente, físicamente si era necesario)”.
(Julián Marías, “¿Cómo pudo ocurrir?”)
“Estamos ante un drama de consecuencias incalculables… uno de los dos partidos básicos para la estabilidad del sistema ha secuestrado la idea de España y, además, se considera liberado de los mandatos que le vienen del Estado de derecho…”.
ANTECEDENTES
De poco o nada sirve decir que la transición a la democracia estuvo presidida por un exceso de buena fe constituyente, o que los partidos nacionales fueron excesivamente generosos en su esfuerzo por integrar a PNV y CIU en la Transición, dejando a ETA sola en la ruptura.
No había otra forma, realmente, de avanzar hacia la democracia. Cuando todo ha pasado es fácil hacer pronósticos retroactivos. La realidad es que en aquellos años ETA parecía invencible y lo único que se podía hacer era acelerar y garantizar la transmisión del poder a un nacionalismo que entonces parecía mucho más moderado. Fue un error, es cierto, pero muy difícil de evitar en el marco de aquella enorme inestabilidad política, económica y social. España no tenía la fortaleza democrática suficiente para exigir que la compensación a tanta generosidad fuera la lealtad completa del nacionalismo a la España democrática que estaba surgiendo.
La dinámica política de aquel momento indicaba que sin dar poder al nacionalismo no habría ni transición política ni democracia, y que los nacionalistas solo apoyarían el proceso político a cambio de reconocer poder y sobrerrepresentación a sus formaciones políticas.
En cierto modo, a la extrema lealtad de los partidos nacionales se respondió, cuando llegó la hora, con la extrema deslealtad de los nacionalismos. La Constitución Española de 1978 incorporó, hay que reconocerlo, una mala combinación de un sistema abierto de poder autonómico (competencias no cerradas) y de un sistema electoral con sobrerrepresentación de los partidos nacionalistas.
Las consecuencias más inmediatas, pero casi constantes de esa combinación, fueron los diversos pactos autonómicos, las cesiones competenciales interminables, las transferencias sistémicas, que comenzaron a desdibujar el diseño constitucional y a mutar el orden constitucional.
Con el rodaje de la Constitución, CIU y el PNV confirmaron que el nacionalismo vasco y catalán es y funciona como un movimiento político de vasos comunicantes. En 1989 Jordi Pujol llevó al Parlamento catalán e hizo aprobar una Proposición No de Ley pidiendo el reconocimiento de la autodeterminación de Cataluña. Un años después, el PNV hizo lo propio en el Parlamento Vasco.
En consecuencia, los dos primeros hitos de esos antecedentes del Proceso fueron: primero, la toma del poder de los nacionalistas en 1978. Y segundo, la formulación de la autodeterminación en los respectivos parlamentos autonómicos.
El tercer hito sería el Pacto del PNV con ETA a finales de los 90 en Estella, la máxima deslealtad del nacionalismo a la democracia española, mediante el cual el nacionalismo vasco se abrazaba a la ruptura y al crimen.
Tras estos movimientos de los nacionalistas, la izquierda española se incorporaba al Proceso. Puede decirse que, si bien el socialismo aceptó la mayoría relativa del PP en 1996, no pudo tolerar la mayoría absoluta de 2000. Zapatero no pudo aceptar ese resultado electoral, que pensó que desplazaba para siempre a la izquierda, y decidió crear otro escenario político: entenderse con ETA y con ERC; en el pacto del Tinell y en Perpiñán. El mismo efecto tuvo la victoria del PP en las elecciones generales de 2000 que la victoria de las derechas en noviembre de 1933: la falta de aceptación del resultado por la izquierda española.
Hay, pues, dos fases: primero, la propia de los movimientos separatistas vasco y catalán, que es un movimiento único de vasos comunicantes, y no dos distintos; y segunda, aquella en la que la izquierda española se suma al Proceso, a la deslealtad, a la ruptura, que se produce tras la mayoría absoluta del PP en 2000.
Por eso la verdadera y profunda crisis existencial de España llega con Rodríguez Zapatero primero y con Pedro Sánchez después, quien lleva a cabo la formación de un Frente Popular en toda regla, cuya hoja de ruta es la deconstrucción de la democracia constitucional e implica el desguace del Estado y el desmantelamiento de la nación.
CRONOLOGÍA DE UNA IMPUDICIA
El Gobierno de Pedro Sánchez (PS en lo que sigue) ha sustituido el régimen constitucional por el régimen político de la ruptura. La cronología de los hitos de ese proceso es la siguiente:
2018
- Junio: PS llega a la presidencia del Gobierno mediante una moción de censura y el apoyo de todos los grupos nacionalistas e indepndentistas.
2019
- Octubre: el Tribunal Supremo condena a penas de prisión e inhabilitación a 9 líderes catalanes de ERC, Junts, ANC y Òmnium por delitos de sedición y de malversación de caudales públicos.
2020
- Enero: Comienza el Gobierno de PS: aunque prometió que nunca lo haría, Pedro Sánchez forma Gobierno con Podemos, y llega a un pacto parlamentario con el PNV (vota a favor), la extrema izquierda (BNG, Compromís), y la extrema izquierda secesionista ERC y ETA-Bildu (que facilitan su investidura con la abstención).
- Enero: Comienza el Delcygate. La UCO sostuvo que el motivo del viaje fue la entrega de 104 lingotes de oro. Cuatro años después estallará el caso Aldama, Ábalos, Koldo, etc. Se produce el giro de 180º en la posición del Gobierno de PS en favor del régimen antidemocrático de Nicolás Maduro. Comienza la radicalización de la política exterior. Rodríguez Zapatero se convierte en el actor principal de la ruptura en la política exterior.
- Febrero: PS toma el control absoluto de la Fiscalía General del Estado para ponerla al servicio del Proceso. PS nombra a su ministra de Justicia, Dolores Delgado, fiscal general del Estado.
- Febrero: Llega a España el COVID. El Gobierno de PS cierra el Congreso de los Diputados y decreta el estado de alarma, luego declarado inconstitucional.
2021
- Junio: Aunque prometió que nunca lo haría, PS indulta a los golpistas catalanes. Los sediciosos declaran que lo volverán a hacer.
2022
- Junio: PS pacta con Bildu la redacción de la Ley de Memoria Democrática como parte del proceso de legitimación política de eta, previo a su incorporación formal al entorno de PS (v.gr. concede la violación de derechos humanos contra miembros de ETA hasta 1983).
- Octubre: Se aprueba la Ley de Memoria Democrática, el falso relato oficial del Gobierno de PS sobre nuestro pasado.
2023
- Enero: Como parte del proceso de legitimación del procés, el Gobierno de PS suprime del Código Penal el delito de sedición y modifica a la baja el de malversación de caudales públicos. Los sediciosos declaran que lo volverán a hacer.
- Enero: PS culmina el asalto al Tribunal Constitucional para blindar el proceso de legitimación del procés.
- Mayo: PS, en una decisión extrañamente personal, da un giro inesperado a la posición española sobre el Sáhara con desprecio del Parlamento y del propio Consejo de Ministros. La ruptura alcanza a los compromisos internacionales de España.
- Julio: Pese a perder las elecciones, PS pacta un nuevo gobierno con Sumar y el apoyo parlamentario expreso de Bildu, ERC, Junts, BNG y PNV. Antes de la investidura, que será en noviembre, PS da pasos decisivos con los otros miembros que le apoyan en su investidura. Consecuencia inmediata del apoyo parlamentario pactado de Junts, PS traslada la Soberanía Nacional a una secreta mesa bilateral de negociación en Suiza, con presencia de Puigdemont, el secretario de organización del PSOE y un mediador internacional, para pactar la amnistía, superar el Estado de derecho y desmantelar del Estado español.
- Julio: PS entrega a los condenados por el Tribunal Supremo la redacción de su propia ley de amnistía, cuyo primer borrador redacta el abogado de Puigdemont y exterrorista de ETA Gonzalo Boye.
- Septiembre: El Gobierno de PS aprueba junto con sus socios la modificación del Reglamento del Congreso de los Diputados para que esté permitido el uso de las lenguas cooficiales en las intervenciones parlamentarias. Es fundamental apuntalar la idea de la plurinacionalidad.
- Noviembre: PS pacta formalmente con Puigdemont y los demás miembros de formaciones que le apoyan la amnistía generalizada al procés y admite la existencia de lawfare.
- Noviembre: PS pacta con Bildu el fin de la dispersión de presos de ETA y generaliza la concesión de terceros grados penitenciarios a convictos etarras. Comienza una liberación masiva de presos de ETA sin previo arrepentimiento. Se generalizan los homenajes a etarras en los pueblos del País Vasco y la humillación a las víctimas del terrorismo.
- Noviembre: Nueva consecuencia de la incorporación de Bildu al entorno de PS y pacta con Otegui el reparto de poder en Navarra y la expulsión de UPN de las instituciones: moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona en favor de Bildu. La operación se repite en numerosos ayuntamientos de Navarra. El pacto es dar todo el poder en la Comunidad al binomio PSOE-Bildu. Investidura formal de PS y de su Gobierno.
2024
- Febrero: Una larga lista de escándalos de corrupción afecta a altos cargos del PSOE y del Gobierno y a familiares de PS.
- Junio: Se aprueba la ley de amnistía para los secesionistas del procés condenados previamente por el Tribunal Supremo. Los amnistiados declaran que lo volverían a hacer.
- Octubre: PS amenaza con una “ley de regeneración democrática” que consiste en censurar a los periodistas críticos y en llamar prevaricadores a los jueces incómodos para el Gobierno. El Tribunal Supremo imputa al fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos en su modalidad agravada para perjudicar a una rival política de PS.
- Diciembre: El Gobierno de PS negocia condonar 17.000 millones de euros, gran parte de la deuda catalana, que los secesionistas habían generado, entre otros dispendios, con sus gastos ilegales para implantar una República Catalana. PS otorga a Cataluña una “financiación privilegiada especial”, que les permitirá avanzar en su proyecto de secesión. Se acuerda el cupo fiscal que viola el marco constitucional y el principio de solidaridad interterritorial.
2025
- Enero: El entorno de PS toma el poder económico y asalta empresas del IBEX participadas por el Estado: Telefónica, Indra. Cambian las cúpulas de las compañías.
- Febrero: Puigdemont retira su propuesta de cuestión de confianza a cambio de la condonación de los 17.000 millones de deuda que deberán ser asumidos por el conjunto de los españoles. Recuerda que el referéndum de autodeterminación sigue pendiente.
- Febrero: El Gobierno de PS transfiere a Cataluña el control de los secretarios de los ayuntamientos y aumenta los efectivos de los Mossos hasta 25.000 efectivos.
- Febrero: El Tribunal Supremo acusa al fiscal general del Estado de haber borrado pruebas de su eventual implicación delictiva.
- Marzo: La Caixa vuelve a Cataluña y bendice la política en esa Comunidad, mal llamada “normalización”.
- Marzo: PS cede, con la oposición frontal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las competencias de vigilar las fronteras exteriores y la inmigración ilegal a Cataluña. Se acuerda delegar una competencia exclusiva del Estado que es indelegable por su propia naturaleza como el control de fronteras. Se acepta un acuerdo xenófobo que llega al disparate de obligar a hablar catalán para poder residir en Cataluña. Los tres elementos clásicos del estado: territorio, población y soberanía han sido cedidos al nacionalismo, que consolida “estructuras de Estado”: el territorio, mediante la cesión del control de las fronteras españolas (las CCAA no tienen fronteras); la población, mediante la cesión de la inmigración; y la soberanía, mediante la delegación de competencias exclusivas del Estado que por su propia naturaleza son indelegables.
- Marzo: Bildu entra en el Palacio de la Moncloa por vez primera. Nueva escenificación: Merche Aizpurúa, condenada por apología del terrorismo de ETA, es recibida por PS para abordar el rearme. Mientras, se excluye de esta ronda de contactos a VOX, la tercera fuerza parlamentaria.
- Marzo: PS margina al Parlamento español de la aprobación del incremento sin precedentes del gasto en Defensa para el rearme militar de España y Europa.
- Marzo: Cumbre de convictos del entorno de PS en Waterloo. Arnaldo Otegui, condenado por pertenencia a ETA y secuestro, acude como si fuera el delegado de PS a Waterloo para reunirse con Puigdemont, condenado por el procés, y abordar el futuro de País Vasco y Cataluña en “el nuevo contexto geopolítico” de Europa.
- Marzo: PS decide no presentar el proyecto de Ley de Presupuestos del Estado, desoyendo el mandato constitucional y hurtando al Parlamento su función de órgano de control del gobierno.
COLOFÓN
Si no se corrige toda esta deriva, es más que posible que España se tenga que enfrentar a un desastre mucho mayor que el del 98: la independencia de Cataluña y País Vasco, la pérdida de Ceuta Melilla y de las plazas de soberanía, el riesgo para Canarias y la sustitución de un régimen de monarquía parlamentaria por una república confederal llena de intrigas, desavenencias y luchas intestinas en la que el poder político se rasgará las vestiduras de nuestra vieja nación.
Volviendo a Julián Marías. ¿Cuál tenía que haber sido el papel de los españoles en los años 30? Evidentemente, evitar las actitudes, los sectarismos, las frivolidades, las ambiciones desordenadas de poder, pero, sobre todo, los proyectos de ruptura, la destrucción de la alternancia política, la falta de aceptación de los resultados electorales, la aniquilación del estado de derecho, todo aquello, en fin, que destruyó la democracia, la convivencia y nos llevó, inopinadamente, a la guerra civil.
