El Congreso traslada a Bolaños y a Gabilondo la posible inclusión de un “complemento de ingresos” o “ayuda a la jubilación” para los agentes, como ya tienen los ujieres
En diciembre del año pasado, el Ejecutivo de Pedro Sánchez volvía a “humillar” a los policías nacionales y guardias civiles. En concreto, el PSOE solicitaba en el Congreso de los Diputados la tramitación de urgencia de la denominada “ley Otegi” mientras retrasaba a febrero la de la jubilación anticipada de los agentes. Un varapalo que llegaba tras darse a conocer un informe oficial, en el que el Gobierno asegura que “no existe la profesión de riesgo”.
Era el enésimo bloqueo de la proposición de ley que permitiría la jubilación anticipada para policías nacionales y guardias civiles, así como su reconocimiento como profesión de riesgo… y van 18. Por este motivo, ante el bloqueo sistemático del Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, y del propio Gobierno, auspiciado por EH Bildu, el sindicato policial EYA decidió probar con una vía alternativa.
En concreto, registró una nueva propuesta en la Comisión de Peticiones de la Cámara Baja para igualar las pensiones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con el resto de Policías autonómicas y locales, que sí han sido reconocidas como profesión de riesgo. En su escrito, argumentaba que las Clases Pasivas pueden jubilarse con más pensión de su cotización por su grupo funcionarial, como ocurre con los Cuerpos Administrativos y de Ujieres de las Cortes Generales. Por tanto, se trataría de una “ayuda a la jubilación”.
Pues bien, ante la solicitud de este sindicato para “la complementación de ingresos y reconocimiento del haber regulador del Grupo A1 para la jubilación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, el Congreso ha decidido dar traslado de esta petición al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que dirige Félix Bolaños, así como al Defensor del Pueblo. Hay que recordar que, en marzo de este año, Ángel Gabilondo admitió que los trabajos de las distintas mesas para establecer los parámetros de la jubilación anticipada de policías nacionales y guardias civiles ya había comenzado, pero “con retraso”. No obstante, dejaba claro que el ámbito de negociación se escapaba de su control. De este modo, la pelota vuelve a su tejado, aunque esta vez sí inmiscuye al Ejecutivo de modo directo.
Discriminación con otras Policías
En su momento, el secretario general de EYA, Natan Espinosa, manifestó irónicamente que esta vía es tan rápida que “tardarían lo mismo que tardaron en hacer el Real Decreto de ampliación de edad de jubilación del DAO de Policía Nacional”. Pero más allá de dejar patente la inacción del Gobierno en este asunto, el escrito presentado en la Cámara Baja refleja la “discriminación” que sufren los policías que cotizan al Régimen de Clases Pasivas, ya que cotizan hasta 700 euros mensuales menos que un policía autonómico o local. Y el problema reside, según explican, en que la pensión se calcula en función del “Haber Regulador” del grupo al que pertenezcan (C1 si es Escala Básica y A2 si es Ejecutiva), y éste no contempla los complementos que forman parte del salario global. De este modo, existe una gran diferencia salarial entre los ingresos en activo y la pensión correspondiente en el momento de jubilarse.
