El Tribunal Constitucional contempla la cesión de la gestión económica a las comunidades, pero fija un límite: no puede engendrar desigualdades
El Gobierno dio este martes el primer paso para avanzar en la transferencia de la gestión económica de la Seguridad Social al País Vasco, con una primera cesión: la gestión de las prestaciones familiares y del subsidio especial por nacimiento en sus modalidades no contributivas. «Después de 46 años, por fin se ha abierto la puerta de la transferencia de la gestión económica de la Seguridad Social», celebró el lehendakari, Imanol Pradales.
Para su partido supone una pequeña victoria, ya que por ahora no se asume la competencia en otras prestaciones o en estas en su modalidad contributiva, ni tampoco en las prestaciones y subsidios por desempleo. Pero aunque esto pueda parecer sólo un gesto, es una primera piedra para construir su gran ambición: la transferencia de la gestión económica de toda la Seguridad Social, empezando con este tipo de prestaciones menores y acabando con el pago y gestión de todas las pensiones, previa recaudación de las cotizaciones sociales en su territorio.
Aunque el artículo 18.2.b. del Estatuto de Gernika, de 1979, contempla que «en materia de Seguridad Social corresponderá al País Vasco la gestión del régimen económico de la Seguridad Social», la pregunta en el aire desde hace años es si esto pasará por una ruptura de la caja única, es decir, del funcionamiento del sistema. Hasta la fecha, la Seguridad Social recauda cotizaciones sociales de empresas y trabajadores de todo el territorio nacional y las deposita en una caja única, de la que luego saca el dinero para pagar las prestaciones. En ese funcionamiento, da igual cuánto dinero se haya ingresado en cada comunidad y cuánto se gaste luego, ya que impera la solidaridad.
Con lo que la Seguridad Social ingresa no le da para asumir sus gastos, de ahí que el sistema sea deficitario. Miguel Ángel García, investigador de Fedea, calcula un agujero de 33.000 millones de euros -con datos consolidados de 2022- en el componente contributivo, de los que 4.200 millones procederían del País Vasco. Esta autonomía sería la cuarta con mayor desfase presupuestario, por detrás de Andalucía, Cataluña y Galicia, debido a que es la que paga las pensiones públicas más altas (1.615 euros de pensión media, frente a una media nacional de 1.311), a que abona muchas (ya que tiene una población muy envejecida) y a que su potencial recaudación por cotizaciones sociales está limitada por la menor proporción de población joven y en edad de trabajar -si bien cuenta con salarios más altos que la media-.
Para cubrir el déficit, el Estado hace anualmente transferencias a la Seguridad Social que ya superan los 38.000 millones de euros anuales. Entre 2018 y 2023, estas transferencias rozan los 82.000 millones de euros, que han servido para aliviar el patrimonio neto negativo de 98.500 millones por los préstamos recibidos. El problema está en que estas transferencias se pagan con los impuestos que recauda el Estado en todo el territorio a excepción de las forales, de ahí que con los impuestos que pagan los extremeños, por ejemplo, se abonan las pensiones de los vascos; pero no al contrario. Además, dado que el cupo no ha variado sustancialmente en los últimos años, todo apunta a que el País Vasco no compensa al Estado por esta aportación. De hecho, Fedea calcula que el cupo debería duplicarse -pasar de unos 1.600 a 3.100 millones de euros- para que Euskadi no se aprovechase del resto.
Que este sistema cambie para que el País Vasco pueda gestionar sus pensiones implicaría «la posible quiebra del principio de solidaridad, base del sistema de la Seguridad Social, puesto que las cotizaciones y las prestaciones deben distribuirse de manera equitativa, independientemente de la comunidad autónoma en la que se resida o trabaje», explica José Antonio Martínez Lucas, letrado de la Administración de la Seguridad Social, quien advierte de que «podría romper este principio, generando desigualdades entre las comunidades».
«Supondrá una fragmentación del sistema y una ruptura del principio de ‘unidad de caja’, que complica la gestión global y genera problemas administrativos, con dificultades de coordinación y una mayor burocracia que supondrá un mayor gasto de personal y menos recursos», agrega.
Recuerda que aunque la doctrina del Tribunal Constitucional admite la posibilidad de transferir la gestión del régimen económico, «esta transferencia tiene un límite: no puede engendrar directa o indirectamente desigualdades entre los ciudadanos en lo que atañe a la satisfacción de sus derechos y al cumplimiento de sus obligaciones en lo que atañe a la satisfacción de sus derechos y al cumplimiento de sus obligaciones de seguridad social». Sin embargo, en su opinión, «la solución dada por el Tribunal Constitucional carece de un adecuado control judicial», ya que hace depender las transferencias «de que el Estado y las comunidades autónomas desarrollen fórmulas racionales de cooperación, acuerdo o concertación, y no de la necesaria igualdad entre los ciudadanos españoles, con independencia de donde vivan».
