Uno de los principales problemas de la economía española es que el tamaño medio de las empresas es más pequeño que en países de nuestro entorno. Una empresa más pequeña tiene más difícil financiarse, exportar, innovar y ofrecer a sus empleados perspectivas de una carrera profesional y de conciliar. Subiendo el SMI se dificulta, por ejemplo, que un autónomo contrate su primer empleado y encarecen los costes laborales de las Pymes, en un momento en que sus márgenes están comprimidos por los mayores costes (electricidad, combustibles, etc.). Recordar que el 97% de las empresas registradas en la Seguridad Social son consideradas pequeñas empresas (menos de 50 trabajadores).
El salario medio (salario ordinario bruto) en las empresas de 200 o más trabajadores es de 2.066 € mensuales, y en las empresas de menos de 50 trabajadores, la remuneración media es de 1.455 €.
Cuando Sánchez entró a La Moncloa el SMI (736 €) equivalía al 53% del salario medio de las pequeñas empresas y al 37% de la remuneración promedio de las grandes. Con un SMI de 1.000 € mensuales esas equivalencias serán de 69% y 48%, respectivamente. Es decir que, desde 2018 hasta aquí, el esfuerzo de las pequeñas empresas habría subido 16 puntos porcentuales (desde 53% hasta 69%), mientras que el de las grandes lo habría hecho solo 11 puntos porcentuales (de 37% a 48%). Según la Encuesta de Población Activa, desde que gobierna Pedro Sánchez, casi 1 de cada 5 personas que trabajaban en el servicio doméstico, perdieron su empleo (106.400, un 91% del total, son mujeres) y para dichos trabajadores que trabajan por horas como externas el SMI sube también un 3,6% y se sitúa en 7,82 € brutos la hora. También los eventuales y temporeros cuyos servicios en una misma empresa no excedan de 120 días, cuyo suelo salarial sube a los 47,36 € por jornada legal.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, defendió la subida del SMI con un discurso caluroso más populista que técnico, al asegurar que el aumento de los salarios es bueno para la economía y que eso “es ciencia y no teología”, pero la realidad es compleja y está lejos de poder dirimirse en un tubo de ensayo, aunque lo que precisa de pocas demostraciones es que si el precio de un servicio o factor productivo sube, su demanda se reduce.
Díaz defendió este incremento del salario mínimo asegurando que los anteriores aumentos (acumula una subida superior al 30% en los últimos cuatro años) no solo no ha sido perjudicial para el empleo sino que además ha sido bueno para mejorar la pobreza salarial y aminorar la brecha de género en casi cinco puntos desde 2018. Si bien, la ministra destacó especialmente que “una herramienta como el salario mínimo sirve para mejorar la vida de la gente, para alzar los salarios más bajos de los trabajadores sin convenio y de los que están en sectores más vulnerables, pero también para elevar todos los salarios en general”.
De esta forma, al indicar que las subidas del SMI elevan en general todos los sueldos, Díaz se refería al denominado efecto arrastre que se produce en algunos convenios cuando al subir el salario mínimo sube la base salarial de todas las categorías retributivas más bajas. Tras el aumento de los sueldos más bajos, quienes tienen los sueldos inmediatamente superiores deben elevar también sus salarios para mantener las diferencias retributivas entre categorías. Fuentes sindicales aseguraban ayer que “algo se notará” en la elevación del resto de los salarios
Lo cierto es que la subida no genera en todo el Gobierno el mismo entusiasmo que en la vicepresidenta Díaz, porque quienes dirigen la economía saben de la necesidad imperiosa de contener salarios e inflación pues el debate sobre el aumento del SMI, su cuantía y sus efectos en la actividad no puede aislarse de la coyuntura económica en un país recién salido de una crisis que ha golpeado muy duramente a las empresas, ha destruido empleo y afronta un horizonte de costes inflacionarios de difícil control.
El Gobierno no debe, ni puede, actuar sobre costes que están más allá de su control, como los generados por la crisis de suministros y de materias primas, el encarecimiento de la energía o el crecimiento exponencial de la factura del transporte marítimo; pero sí debe regular con sobriedad y responsabilidad tanto salarios como cotizaciones sociales, que encarecen los costes de producción, reducen los márgenes de las empresas y generan aumento de precios.
Dado que incluso desde el BCE se reconoce ya la posibilidad de que la inflación histórica que está atenazando Europa no sea temporal, España haría bien en preparar la economía para afrontar un escenario que puede frenar la actividad.
Lo cierto es que, además del sector agrario y el de empleados del hogar, la mayor incidencia de la subida del SMI es sobre los trabajadores jóvenes donde se estima que beneficiará a un tercio de estos trabajadores
Por su parte el Gobierno insiste en que la Carta Social Europea «exige» que el SMI sea equivalente al 60% del salario medio, pero en numerosos países ni siquiera tienen un salario mínimo (Dinamarca, Suecia, Finlandia, Italia, Austria y Chipre). El SMI en España (en 12 pagas) ha subido a 1.167 € y por delante de España están Irlanda (1.723,8 €), Países Bajos (1.701 €), Bélgica (1.625,7 €), Alemania (1.585 €) y Francia (1.554,6 €).
