El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha reconocido a través de un que la Intervención General de la Seguridad Social (IGSS) se encuentra en una situación de «insuficiencia de medios» para hacer frente a su obligación de «realizar anualmente la auditoría de las cuentas anuales de las mutuas colaboradoras». En consecuencia, el organismo tendrá que recurrir a empresas privadas durante el año 2024 para cumplir con el mandato.
La obligación del IGSS, reglada en el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, establece que «las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social serán objeto anualmente de una auditoría de cuentas que será realizada por la Intervención General de la Seguridad Social» el año que viene.
Insuficiencia de medios
Sin embargo, el Gobierno admite que no está en condiciones de realizar la tarea que ordena la Ley: «La IGSS carece de efectivos suficientes para hacer frente, en los plazos requeridos, a las auditorías a realizar sobre todas las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y sus centros mancomunados».
Y es que, el organismo no está pasando por su mejor momento. La Seguridad Social se podría encontrar cerca de un colapso financiero y acercarse a un déficit de 60.000 millones de euros. Además, el gasto que está teniendo la institución no para de batir récords. Por ejemplo, tan solo durante el pasado julio los pensionistas recibieron un total de 12.017,8 millones de euros por su nómina ordinaria mensual. Esta cifra ha supuesto superar los máximos históricos.
Bajo estas circunstancias, la cartera ministerial de Escrivá ha tenido que comenzar a reconocer las debilidades provocadas por su gestión. Para solventar las consecuencias -al menos temporalmente-, la IGSS tendrá que acudir al sector empresarial.
Acudirá al sector privado
Según el Ministerio, el organismo no va a tener más remedio que llamar a la puerta del sector privado «por razones de eficiencia técnica y organizativa encaminadas a cumplir con los objetivos». Se determina «la necesidad de establecer un proceso de colaboración con empresas privadas de auditoría mediante la contratación de determinadas actuaciones de control»
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Los contratos tendrán vigencia durante «un plazo de vigencia superior a un año, debido a que estos trabajos de control o auditoría tienen carácter periódico y recurrente». Es decir, el Ministerio prevé que la falta de medios persista en el tiempo y se prepara para continuar con este procedimiento en siguientes ejercicios.
La gestión acometida durante años de la Seguridad Social, el gasto excesivo y descontrolado y el déficit ignorado han provocado que el organismo tenga cada vez menor capacidad para prestar sus servicios de forma óptima. Ante esto, el Gobierno acude a la empresa privada para tratar de salvar la situación. Los que ahora acuden al sector empresarial por su incapacidad, son los mismos que reivindican las pensiones públicas frente a las privadas.
Fuente: OK diario