LOS ECONOMISTAS SE MOJAN SOBRE SI SUBIR O NO LAS PENSIONES CONFORME AL IPC: “ES UN SOBRECOSTE DE 13.000 MILLONES”
- Si se cumplen las previsiones, en 2023 habrá la mayor subida de pensiones en 30 años
- Todos los catedráticos consultados creen que las pensiones deben subir en 2023 por debajo del IPC
- Se muestran preocupados por trasladar a los jóvenes una factura formidable
El IPC de abril cerró en el 8,3%. La media con que se calcula la subida de pensiones está ahora en el 7,3%. Según el Banco de España cerrará el año cerca del 7%. De cumplirse las previsiones, todas las pensiones deberán subir en 2023 un 7%, un sobrecoste de más de 13.000 millones, la mayor subida de pensiones en 30 años. ¿Podemos permitírnoslo? ¿Quién pagará la factura?
Un año excepcional
La guerra en Ucrania y la crisis energética global que ha producido, ha echado gasolina a la hoguera de la inflación que ya comenzaba a arder antes del conflicto. Pero los precios actuales son excepcionales, y más tarde o más temprano volverán a parámetros normales, de entorno al 2% anual. Un aumento de pensiones del 2% es el que aparece en todas las cuentas del Gobierno, pero los números han saltado por los aires y ahora, subir las pensiones conforme al IPC en 2023 va a suponer un gasto elevadísimo e inesperado, hasta el punto de que cada vez hay más voces alzadas en contra de la medida, (el Banco de España, la CEOE, Fedea, BBVA Research, Funcas…) al menos en estas circunstancias tan excepcionales.
También el mundo académico se posiciona. “En este contexto es fundamental congelar la norma que establece revisar las pensiones en función del IPC”, afirma Juan José Rubio Guerrero, catedrático de Hacienda Pública en la Universidad de Castilla-La Mancha. “Si revalorizan la pensiones con el IPC previsto a final del año del 7,5%, el Banco de España estima un coste adicional en pensiones de unos 13.500 millones de euros, que proyectado a lo largo de la vida de los actuales pensionistas supondría un coste adicional para la Seguridad Social de unos 162.000 millones de euros”, explica Juan José Rubio.
Los jubilados, también
Para Ignacio Conde-Ruiz, catedrático de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad Complutense de Madrid, “hay que esperar a ver cómo acaba el año, pero si la inflación está descontrolada y muy elevada a finales de año, todos seremos más pobres y deberemos incorporar al pacto de rentas no solo a empresarios y trabajadores, sino también a los pensionistas. No a las pensiones mínimas y a las más bajas, que deberían conservar su poder adquisitivo, pero sí a las pensiones altas.
Javier Perote, catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Salamanca coincide con Conde-Ruiz. “En el pacto de rentas no creo que los pensionistas sean una excepción. A lo mejor se pueden considerar como excepciones familias de rentas las bajas, independientemente de que sean pensionistas o no. Estas pueden recibir compensaciones de otro tipo que rebajen, por ejemplo, su factura de la luz o el gas o los gastos en combustible bajo determinadas circunstancias”.
Perote no es partidario de subir las pensiones conforme al IPC. “Aumentar las pensiones (o los salarios) en el IPC actual no solo contribuye a aumentar el déficit, sino que retroalimenta la inflación. En mi opinión, la actualización de pensiones y salarios debería tener en cuenta el IPC subyacente, descontando los aspectos coyunturales de los efectos del precio de la energía”.
Juan José Rubio es de la misma opinión. “Uno de los mayores expertos del país en materia de Seguridad Social, el socialista Octavio Granado, ya opinaba que las indexaciones a un único indicador (el IPC) siempre causan a largo plazo más efectos perversos que positivos. Yo creo que podría efectuarse una revalorización puntual y vincularla después al ciclo de la economía española, en la que se tengan en cuenta cuestiones como los ingresos del Estado, el PIB, o las cotizaciones”.
Todos por igual
En lo de discriminar según la cuantía de la pensión no está de acuerdo Felipe Serrano, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad del País Vasco. “La Ley dice que hay que subir todas las pensiones de acuerdo con el IPC. Y no se puede discriminar. Todos pensionistas deben formar parte del pacto de rentas, y perder poder adquisitivo como el resto de trabajadores. La pensión media al ritmo que vamos va a ser superior al salario medio. Si tenemos pensiones caras y salarios baratos ¿cómo vamos a pagar eso? ¿Qué mensaje estamos transmitiendo? A los jubilados les vamos a mantener el poder adquisitivo, pero a los trabajadores, que tienen que hacer frente a las cargas de los hijos, de las hipotecas… no. ¿Por qué? Por qué a un jubilado que gana 2.500 euros se le sube la pensión y a un trabajador que gana 1.300, no. ¿Por qué?” se pregunta el catedrático.
Perote tiene una explicación. “En primer lugar, los efectos reales sobre las familias de la subida en los precios no afectan a todos por igual. Posiblemente una subida del IPC subyacente con ayudas a rentas bajas puede ser suficiente para compensar los efectos reales de la subida de los precios en la mayor parte de los hogares. Por otra parte, esto ayudaría a controlar los precios y evitar una mayor espiral inflacionista y, además, contribuiría a no aumentar el endeudamiento público que, tarde o temprano, deberemos pagar”, explica.
Qué hacemos
Para el catedrático de la Universidad del País Vasco, Felipe Serrano, hay que ser transparentes con el ciudadano. “El envejecimiento de la población tiene costes, y la pregunta que hay que hacer a la población es esta ¿queremos trasladar toda la carga a nuestros hijos, a los pensionistas o buscamos una fórmula intermedia? Las reformas de 2011 y 2013 fueron la expresión de una fórmula intermedia. Revertir la reforma de 2013 significa que el coste íntegro del crecimiento del gasto en pensiones la van a pagar nuestros hijos. ¿Podrán asumirlo? No. Pero hay que decírselo a la población. Y también hay que explicarle a los ciudadanos que si el déficit de la Seguridad Social se traspasa al sistema impositivo, de dónde se va a recortar, ¿de infraestructuras, de educación, de sanidad…?
Conde-Ruiz aporta otras sugerencias. “En años venideros, si la inflación vuelve a niveles bajos y bajan los precios de la energía se podría buscar una fórmula para recuperar este poder adquisitivo perdido este año. Soy partidario de que las pensiones no pierdan poder adquisitivo, pero la propia ley debería estar preparada para acontecimientos excepcionales como este shock de la energía”.
Carga para nuestros hijos
Jose Luis Rubio introduce otro elemento en el debate. “Deberían también explicarse las implicaciones sobre la equidad intergeneracional, ya que la financiación de pensiones a través de endeudamiento supone transferir a las generaciones futuras el coste de las pensiones actuales, dejando a nuestro hijos hipotecados. Pero eso, al político de turno que se mueve por intereses cortoplacistas, le suena a música celestial”.
Para la catedrática de Economía de la Universidad de Barcelona, Concepció Patxot, “el gasto social está focalizado ya en los mayores. Cuando se jubilen los boomers, los activos tendrán que mantener esas cotizaciones e impuestos más elevados para sostener un gasto creciente. No se les puede pedir más ajustes”, afirma Patxot. Y va más allá: “hay que ampliar la edad de jubilación más allá de los 67 años, aumentar el periodo de cálculo que se tiene en cuanta para calcular la pensión y rebajar las pensiones aunque sea muy duro. La alternativa es que tus hijos lo van a tener crudo. No se puede machacar más a la gente más joven. Si retrasas las decisiones, siembras desconfianza. Y si no lo haces ahora es peor, porque cuando nos jubilemos los boomers, nuestro peso en las urnas será mucho mayor y será más difícil tocar las pensiones”, concluye.
EL BANCO DE ESPAÑA RECLAMA
QUE LAS PENSIONES ENTREN EN EL PACTO DE RENTAS Y DESVINCULARLAS DEL IPC
Propone que sólo las pensiones mínimas se revaloricen con el IPC
El Banco de España reclama en su ‘Informe Anual de 2021’ que las pensiones también formen parte del pacto de rentas, esto es, que las prestaciones no se revaloricen con el IPC como ha prometido el Gobierno. El Banco de España considera que su vinculación con el IPC tendrá consecuencias sobre el gasto público en 2022. Más allá de decidir “a la mayor brevedad posible” sobre las fuentes de ingresos que permitirán financiar este mayor gasto, el organismo avisa de que el mantenimiento del poder de compra de las pensiones plantea algunas cuestiones de equidad.
“Por un lado, esas mismas consideraciones de equidad justifican que se garantice el poder adquisitivo para los perceptores de pensiones mínimas. Pero, por otro lado, fuera de este colectivo concreto, el hecho de que haya un grupo de agentes, el conjunto de los pensionistas, a quienes se excluye del ajuste, conlleva necesariamente que otros agentes de la economía nacional (los perceptores de rentas del trabajo y del capital) tengan que asumir una parte mayor de esos costes”, argumenta.
Asimismo, para el Banco de España, los incrementos del gasto en pensiones que se derivarán del envejecimiento poblacional requerirán de nuevas actuaciones en el futuro por el lado de los ingresos, de los gastos o de ambos. Así, aboga por reforzar el vínculo entre las contribuciones realizadas y las prestaciones recibidas y por iniciar “un debate riguroso” que aborde el nivel de prestaciones y la estrategia de captación de los ingresos necesarios para financiarlas.
El gasto en pensiones amenaza las cuentas públicas
La alerta que lanza el supervisor es que la evolución del gasto del sistema de pensiones es una seria amenaza de futuro para las cuentas públicas y avisa de que hacen falta más reformas de envergadura, entre ellas, recuperar mecanismos de ajuste que vinculen las pensiones al contexto económico y demográfico, como los que introdujo la reforma del PP de 2013 y que ha eliminado el Gobierno de Pedro Sánchez.
El Banco de España dice en su informe que, en ausencia de medidas para contener los gastos y para generar nuevos ingresos, las cuentas públicas pueden sufrir un enorme nivel de deterioro.
El supervisor bancario recuerda que, según la AIReF y el Informe sobre envejecimiento de la Comisión Europea, el gasto en pensiones crecería, entre 2019 y 2050, entre 4,1-4,3 puntos del PIB con la vuelta a la revalorización pensiones con el IPC y de derogación del factor de sostenibilidad (sin tener en cuenta el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional). El incremento de las transferencias del Estado a la Seguridad Social, aprobado recientemente, implica una considerable mejora del saldo presupuestario de esta última, si bien tiene un efecto nulo en el agregado de las AAPP, advierte en Banco de España.
EL GOBIERNO IGNORA LOS AVISOS DE LA UE Y EL BDE Y
SUBIRÁ LAS PENSIONES CON EL IPC
Rechaza desindexar las prestaciones pese a que tanto Bruselas como el Banco de España advierten de que la inflación va a disparar la nómina en 11.000 millones en 2023 y ese gasto se va a consolidar en el futuro.
El Gobierno está haciendo oídos sordos a las sucesivas advertencias que están llegando desde distintos organismos nacionales e internacionales sobre el tremendo desbarajuste que va a causar en las cuentas públicas la fuerte desviación del gasto que va a suponer la indexación de las pensiones con la inflación disparada. Los últimos en sumarse a esta oleada de avisos esta misma semana han sido la Comisión Europea y el Banco de España, pero Moncloa y todos los ministerios del área económica mantienen inamovible su plan. “El poder adquisitivo de los pensionistas está garantizado por ley”, insisten tajantemente cada vez que se les interpela sobre este asunto.
Seguridad Social, Economía, Hacienda, Trabajo… y Moncloa. Todos a una con la subida de las pensiones con el IPC. Desde el departamento que dirige José Luis Escrivá insisten en que “la norma que regula la indexación de las pensiones a la inflación se acaba de aprobar en el Congreso, es decir, tiene el apoyo de la mayoría de los grupos, también el de los agentes sociales, y es además un mandato del Pacto de Toledo, que aprobó con un voto muy mayoritario a finales de 2020 sus recomendaciones, que incluyen ligar las pensiones a los precios”. Por su parte, María Jesús Montero recalcó este miércoles el “compromiso” adquirido por el Gobierno “con todos los pensionistas” y garantizó que el Ejecutivo “va a cumplir” esa promesa.
No hay, por tanto, división en la coalición sobre este asunto. Incluso Nadia Calviño, garante de la ortodoxia económica, que en 2018 se oponía a vincular la subida de las pensiones únicamente al IPC y apostaba por tener en cuenta otros factores, como las variables demográficas, el empleo, el crecimiento de los salarios, el número de años cotizados o las características de la tasa de reposición para garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo, se ha alineado con el resto de ministerios del flanco económico en este tema. El mandato es directo de Pedro Sánchez: El Gobierno acaba de aprobar la reforma que garantiza el poder adquisitivo de 9 millones de pensionistas vinculando sus nóminas a la inflación y no va a incumplir ese compromiso.
El problema es que la reforma no podía haber llegado en peor momento. Aunque la inflación empieza a remitir, todavía se sitúa en niveles no vistos en los últimos 30 años y el Gobierno calcula que de media cerrará 2022 con una tasa superior al 6%. Así figura en la actualización del cuadro macroeconómico que acompaña al Programa de Estabilidad que supone el pistoletazo de salida para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2023 y que a finales del pasado mes de abril se puso en conocimiento de Bruselas. Ahí el Ejecutivo proyecta un incremento del deflactor del consumo privado (el Gobierno no hace previsiones de inflación y ese es el indicador que elabora el Ministerio de Asuntos Económicos y que más se asemeja al Índice de Precios de Consumo) del 6,1% en 2022.
Aunque, según establece la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones -el texto legislativo por el que se aprobó la primera parte de la reforma del sistema- las retribuciones se revalorizarán a partir de ahora en base al IPC de los 12 meses previos a diciembre, ese dato aún no se conoce, por lo que ese 6,1% es la referencia aproximada que el Ejecutivo ha comunicado a Bruselas para incorporar en el Programa de Estabilidad el incremento del gasto que va a suponer la medida de cara al próximo ejercicio, como informaron fuentes gubernamentales y se explicó en estas páginas.
El Banco de España calcula que cada punto porcentual de subida de las pensiones supondrá un desembolso de 1.800 millones de euros, de modo que el coste total en 2023 podría alcanzar los 11.000 millones, en base a esa previsión de inflación del Gobierno. Pero en sus últimas previsiones el supervisor disparó la inflación de 2022 hasta el 7,5%, de modo que, según sus propios cálculos, la medida tendrá un coste de 13.500 millones de euros en 2023. Por su parte, la Comisión Europea calcula que la inflación se situará en 2022 en el 6,3%, lo que significa que el gasto extra en pensiones será de algo más de 11.000 millones el próximo año. En sus ultimas previsiones, las autoridades comunitarias advierten de que la indexación de las pensiones puede suponer un gasto mayor del previsto inicialmente si se mantienen las tensiones inflacionistas, complicando la reducción del déficit público.
De su lado, el Banco de España, insiste en su último informe anual en criticar la indexación de las prestaciones al IPC, como ha hecho anteriormente, pero lo hace con mayor dureza en el actual contexto inflacionista, al afirmar que el compromiso de revalorización “tendrá consecuencias sobre el gasto público en 2022, como resultado de la compensación por la inflación de este año, y en 2023 y años sucesivos, por la consolidación en el importe de las pensiones de la mayor inflación actual”. Ante este escenario, reitera que la garantía del poder adquisitivo debe ofrecerse a los perceptores de pensiones mínimas, pero no a todos los pensionistas, ya que excluir a este colectivo del ajuste generalizado de rentas que es necesario para salir de esta crisis discrimina a los perceptores de rentas del trabajo y del capital, que tendrán que asumir una parte mayor de los costes.
Pero el Gobierno ignora estas advertencias. Todas las fuentes consultadas en los ministerios del área económica y en Moncloa mantienen que las pensiones subirán con el IPC, sea cual sea la media final del año. Y mientras tanto, la preocupación va in crescendo en Bruselas. El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, explicó este lunes que España se ha comprometido a implementar un paquete de medidas que garantizarán que el sistema de pensiones es fiscalmente sostenible y que eso es precisamente lo que evaluará la Comisión en el segundo tramo de los fondos del Plan de Recuperación, que depende de las reformas laboral y de pensiones. España realizó la petición del pago de 12.000 millones de euros a finales de abril y Bruselas tiene dos meses para analizarlo y concederlo, pudiendo también exigir medidas adicionales al Gobierno español para garantizar la sostenibilidad del sistema, según avanzan fuentes comunitarias.
EL GOBIERNO TRANQUILIZA A LOS PENSIONISTAS,
PESE A LA PRESIÓN DE BRUSELAS
La ministra de Hacienda ratifica el compromiso de subir las pensiones conforme al IPC
“En las situaciones de crisis, los que más tienen son los que más se tienen que sacrificar”, aseguran
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha subrayado este miércoles en el Congreso el “compromiso con todos los pensionistas” adquirido por el Gobierno de coalición para subir las pensiones conforme al IPC, pese a la espiral alcista y las últimas declaraciones al respecto de la Comisión Europea.
Y es que el comisario de Economía, Pablo Gentiloni, advirtió del riesgo para las cuentas públicas la vinculación de nuevo de la subida de las pensiones a la inflación, si esta continúa en una espiral alcista, tal y como hace la última reforma de pensiones.
Gentiloni aseguró que el Gobierno se ha comprometido a garantizar que el sistema de pensiones sea “fiscalmente sostenible” y que esta cuestión se abordará en las próximas etapas del Plan de Recuperación.
En declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso, la titular de Hacienda ha destacado que “esa reforma forma parte del compromiso del Gobierno con todos los pensionistas” y que, por tanto, el Ejecutivo va a “cumplir” con la subida conforme a la inflación. En este sentido, ha expresado su confianza en que en la segunda parte del año la subida de precios se module, pero ha dicho que, “en cualquier caso”, las pensiones subirán conforme a la subida del IPC, cumpliendo con esta reforma, y sin depender del proyecto de Presupuestos Generales del Estado
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado este miércoles que desde la primera reunión que hubo con patronal y sindicatos para abordar el impacto de la guerra en Ucrania y la subida de precios “no se ha vuelto a hablar del pacto de rentas”.”En ningún momento se ha hablado de pacto de rentas desde la primera reunión que tuvimos con agentes sociales”, ha reconocido la vicepresidenta segunda en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en un debate con más de 50 expertos para abordar los retos del empleo ante la transición energética. Díaz ha explicado que en la historia de España “no hay buenas experiencias” con los pactos de rentas y ha defendido que tanto ella como los agentes sociales han sido “escrupulosos” diciendo que “España no estaba planteando un pacto de rentas”.
“Desde luego, no se está planteando un pacto de rentas”, ha remarcado la responsable de Trabajo, pese a que fue el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien propuso este pacto para evitar una espiral inflacionista. La ministra ha recordado que “desde el primer momento” se ha hablado sobre el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) entre sindicatos y patronal, que finalmente ha fracasado y que “nada tiene ver con este pacto de rentas”.
Ante la sugerencia del Banco de España de no subir las pensiones este año conforme a la inflación, la vicepresidenta segunda ha garantizado a pensionistas que sus pensiones se van a revalorizar conforme al IPC real. “Piensen lo que pasaría si gobernara el PP y mantuvieran la ley que decía que solamente se revalorizaban las pensiones al 0,25%. Este Gobierno no lo va a hacer y va a cumplir con los pensionistas”, ha remarcado.
Preguntada sobre si la Unión Europea podría plantear algún tipo de reforma ligada a las pensiones, Díaz ha ha remarcado que la preocupación debe estar en los márgenes que hay en los beneficios empresariales. En este sentido, ha apuntado que las empresas cotizadas en Bolsa han tenido unos beneficios históricos de 64.000 millones de euros y las tres grandes eléctricas han visto incrementar sus beneficios antes de impuestos en un 46%.
“En las situaciones de crisis, como en la que estamos viviendo ahora, los que más tienen son los que más se tienen que sacrificar. Los que menos tienen no pueden sacrificarse más”, ha recalcado la titular de Trabajo.
