Si tuviésemos que resumir la estrategia del Gobierno para enderezar las cuentas de las pensiones públicas podríamos hacerlo así: subir las pensiones actuales con el IPC para contentar a los pensionistas actuales; pasar todos los gastos posibles a los Presupuestos del Estado, para que se paguen vía impuestos y retrasar al máximo la edad de jubilación. Este es el objetivo por el lado de los gastos. En lo que tiene que ver con los ingresos, la solución es doble: más inmigración, para que no caiga mucho el peso de la población activa respecto al de jubilados, y más productividad, para impulsar sueldos y cotizaciones.
Lo primero es recordar una obviedad: si obligas a una persona a trabajar más años para tener derecho a su pensión, ganas por partida doble. Por los años de más en los que cotiza y por los años de menos en los que cobra. Es lo que hacía la reforma de 2011 que aprobó el PSOE y decimos “lesiva” pues es una cuenta actuarial pura: al endurecer los requisitos de acceso al sistema y retrasar la jubilación, la reforma de 2011 sí supuso un recorte real de gasto
Pero respecto del retraso en la edad de jubilación, sea en la modalidad que sea (jubilación demorada o alguna fórmula para compatibilizar pensión y salario), la idea es incentivarlo, para animar a aquellos que estén pensando en acogerse a alguna de estas opciones.
Lo que ocurre es que el propio diseño de este tipo de medidas ya nos alerta de que su efectividad presupuestaria es limitada. Porque, al final, si uno incentiva al trabajador para que siga en activo, tiene que hacerlo con algo: esa paga a tanto alzado, reducción en la cotización, incremento en la pensión mensual… Si la oferta no es atractiva, no conseguirás que las personas de 65-67 años quieran seguir trabajando. Si la oferta es demasiado atractiva, puede que el saldo neto para la Seguridad Social sea mínimo.
Según las cuentas del propio Ministerio, indexar las pensiones al IPC supondrá un coste equivalente al 2,7% del PIB en 2050. La compensación de este incremento (ratio pensiones/PIB) llega sobre todo por el crecimiento del PIB esperado, ¿o simplemente deseado?.
Lo que PSOE, sindicatos y partidos de extrema izquierda proponían hasta anteayer era que los trabajadores mayores se jubilasen para dejar sitio a los jóvenes. Pero, cuidado, como dicen los economistas en estos casos… “correlación no es causalidad”. En primer lugar, los países más ricos también suelen tener un porcentaje más alto de empleos en el sector servicios y de alto valor añadido. También hay menos trabajos y sectores físicos, una palabra poco técnica con la que queremos aludir a trabajos que exigen mucho esfuerzo a sus trabajadores. Tanto por arriba (mucho empleo intelectual) como por abajo (poco empleo manual), este tipo de mercado laboral favorece las jubilaciones más tardías.
Este esquema de penalizar las jubilaciones anticipadas y remunerar las demoradas hay un aroma a ese modelo de cuentas nocionales que ya está vigente en varios países europeos. La idea es que cada uno decida, con mucha flexibilidad, cuándo se jubila y que la prestación mensual varíe (mucho) en función de esa decisión. Si te jubilas a los 60 cobras muy poco, porque has cotizado pocos años y te quedan muchos años por cobrar; si te jubilas a los 70, cobras más, tanto porque aportaste más como porque cobrarás prestación menos tiempo. La idea es atractiva, pero incluye reforzar el componente de contributividad del sistema, justo lo contrario de lo que se está haciendo en España en las últimas décadas.
Mientras decidimos nuestro camino, un recordatorio de lo ya dicho: para que las cuentas salgan en esto, tenemos que mejorar nuestra productividad. Retrasar de forma voluntaria la edad de jubilación a cambio de mejores pensiones no ahorra demasiado al sistema si los incentivos están bien diseñados. Como mucho es un parche pequeñito y en algunos casos, ni siquiera eso. La clave está en la otra pata, la de conseguir un tejido empresarial más competitivo y mejores empleos, para que se dispare el denominador (el PIB).
¿Estamos haciendo algo al respecto?
